Artículo original escrito por Rachel Flynn
El Congreso de la Argentina aprobó una enmienda controvertida que facilita la explotación minera en regiones glaciares, una medida que los ecologistas consideran que debilita la protección de fuentes esenciales de agua.
La ley pionera de glaciares, adoptada en 2010, prohibía toda actividad minera y de exploración en zonas glaciares, protegiéndolas como reservas de agua.
La reforma transfiere la responsabilidad de definir las zonas glaciares protegidas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a los gobiernos provinciales.
El presidente Javier Milei, quien apoyó la reforma, afirmó que este cambio “da a las provincias las herramientas para explotar sus recursos” y permite actividades mineras “donde no había nada que proteger”.
El Senado argentino ya había aprobado el proyecto de ley en febrero de 2026, por lo que su aprobación en la cámara baja constituía el último gran obstáculo.
Los opositores a la reforma argumentaron que pondría en peligro un recurso fundamental: el agua. “Sin agua, ni siquiera podemos pensar en un proyecto de crecimiento y desarrollo”, dijo la diputada Natalia de la Sota.
Sin embargo, una defensora del proyecto de ley, la diputada Nancy Picón Martínez, afirmó que la industria minera ha sido presentada “como si fuera un monstruo”.
“Esta ley protege los glaciares, sin importar cuánto algunos quieran hacernos creer lo contrario”, declaró.
Tras la reforma, los glaciares y los ambientes periglaciares —que no necesariamente están cubiertos de hielo pero permanecen congelados parte del año— serán protegidos por el inventario nacional del IANIGLA hasta que las autoridades provinciales demuestren que no constituyen reservas de agua “estratégicas”.
Argentina cuenta con 16.968 glaciares, que abastecen de agua a 36 cuencas fluviales distribuidas en 12 provincias, donde viven siete millones de personas.
El agua proveniente del deshielo de los glaciares ayuda a mitigar el impacto de las sequías —especialmente en provincias semiáridas como Mendoza—, que se vuelven cada vez más frecuentes debido al cambio climático.
Los gobernadores de provincias ricas en recursos mineros como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan habían expresado su apoyo al proyecto, afirmando que la ley de glaciares de 2010 obstaculizaba el objetivo de “promover un desarrollo económico sostenible sin comprometer a las generaciones futuras”.
Sin embargo, Greenpeace criticó el proyecto, cuestionando la idea de que todos los glaciares y ambientes periglaciares no funcionan como reservas estratégicas de agua.
“La función principal de todos los glaciares y del entorno periglaciar es actuar como un reservorio de agua dulce”, afirmó Agostina Rossi Serra, bióloga que trabaja con Greenpeace.
“El entorno periglaciar, además de constituir reservas de agua al contener agua en forma de hielo, sufre un deshielo progresivo que alimenta los ríos y cursos de agua de nuestro país”, explicó.
“Y gran parte de nuestro país, especialmente las regiones que impulsaron esta reforma, son zonas áridas y semiáridas donde el agua es un recurso escaso”, añadió.
Traducido por Yohan Leclerc
