Comunicado firmado por comunidades y organizaciones del Istmo de Tehuantepec, publicado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) el 2 de junio de 2026.
El proyecto Helax-CIP que amenaza nuestro territorio
En el contexto de la implementación de las actividades industriales relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en 2023 la empresa Helax Istmo, filial del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), firmó un Memorando de Entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) para un proyecto de producción de hidrógeno y amoniaco “verde”, con una inversión prevista de 10 mil millones de dólares.
Este proyecto ha sido promovido desde su inicio por la empresa y las autoridades mexicanas como clave para el desarrollo de la región istmeña, en razón de su gran inversión, y para la lucha contra el cambio climático por su supuesta producción de combustible “verde”. Esta narrativa de “lavado verde” busca ocultar por completo los impactos ambientales, territoriales y sociales del megaproyecto, mientras presenta como sustentable un modelo profundamente extractivo.
Un proyecto industrial complejo y con evidentes consecuencias
Se trata de un proyecto gigantesco que no se limita al parque industrial de Cd. Ixtepec (PODEBI), donde se pretendía construir la planta de hidrógeno, sino que abarca un territorio mucho más amplio con afectaciones para toda la región istmeña. La producción de hidrógeno verde a gran escala requiere de grandes cantidades de electricidad y agua para realizar la electrólisis, el proceso con el que se separan el oxígeno y el hidrógeno de las moléculas de agua.
Para cubrirlas, el proyecto prevé la construcción de un parque fotovoltaico con casi 3 millones de paneles (1,674 MW) sobre 5,000 ha de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia del ejido de Asunción Ixtaltepec. También incluye nuevos parques eólicos con la instalación de 190 aerogeneradores (855 MW) sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales de Cd. Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec, lo que representa una grave amenaza para esta zona de cerros, tierras de uso común y de recarga de agua subterránea.
Además, el proyecto prevé la construcción de una planta desalinizadora en Salina Cruz y de un pozo subterráneo para alimentar la electrólisis, lo que podría generar problemas de contaminación en el mar y de afectaciones a los ojos de agua y pozos tradicionales. También implica la construcción de otra planta para la transformación del hidrógeno en amoniaco, prevista cerca de Rincón Moreno y de ductos entre las dos plantas y el puerto de Salina Cruz, con todos los riesgos industriales relacionados con la producción y el transportes de gases tan peligrosos como el hidrógeno y el amoniaco.
Información pública insuficiente, opacidad e incertidumbre
A pesar de esta larga lista de posibles impactos relacionados, y de la incertidumbre existente sobre esas tecnologías, este proyecto ha buscado avanzar en un contexto de completa opacidad y falta de información para las comunidades de la región. Hasta ahora el proyecto ha sido presentado de manera general y fragmentada. La poca información pública que ha sido presentada por operadores de la empresa y por autoridades gubernamentales se ha limitado a destacar los supuestos beneficios económicos y energéticos del proyecto, ocultando sistemáticamente los impactos relacionados.
No existe documentación oficial pública que permita conocer a detalle las características reales del proyecto y que posibilite a la población analizar y evaluar los posibles impactos y, menos aún, los impactos acumulativos a nivel regional derivados del conjunto de sus distintos componentes. La empresa no ha presentado ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat para los diferentes componentes del proyecto.
La empresa presentó dos Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) ante la Sener para el proyecto fotovoltaico y eólico. La información de dichos documentos fue clasificada como reservada por un periodo de dos años. Posteriormente, tras nuevas solicitudes de acceso a la información, se liberaron versiones públicas de las EVIS, sin embargo, la información técnica o de ubicación del proyecto fue tachada con el argumento de ser confidencial y de secreto industrial y comercial. En consecuencia los documentos liberados carecen de utilidad real para conocer más a detalle las características de los proyectos fotovoltaicos y eólicos y sus impactos sociales.
Tampoco existen documentos públicos que precisen el volumen de agua total que requeriría la planta de hidrógeno para operar, ni qué proporción provendría de la planta desalinizadora y qué volumen provendrá del pozo de agua subterránea. No hay información disponible sobre la posible ubicación de este pozo subterráneo, ni de sus características técnicas (profundidad), y tampoco tiene un permiso de aprovechamiento de agua subterránea aprobado por la CONAGUA (según la revisión del Registro Público de Derechos de Agua REPDA).
Repiten las mismas formas de despojo
A pesar de la ausencia de información y permisos que permitan a la población analizar y evaluar los impactos del proyecto, los promoventes empresariales y gubernamentales han buscado avanzar en la firma de acuerdos con las comunidades para la renta de tierras destinadas a los distintos componentes del proyecto.
Este proceso de negociación ha reproducido las mismas irregularidades y mecanismos de presión, manipulación y fragmentación comunitaria que los que se usaron hace más de una década con la expansión de los parques eólicos: acercamientos directos con algunos representantes agrarios y no con el conjunto de la asamblea; uso de operadores locales para coaccionar y presionar; difusión exclusiva de supuestos beneficios económicos, como los empleos o pagos por renta de tierra, y ocultamiento sistemático de los impactos que conllevan estos proyectos.
La opacidad viola el derecho de los pueblos a decidir sobre el territorio
De igual manera, el proyecto ha iniciado una supuesta consulta indígena en siete comunidades de la región (Cd. Ixtepec, Chivela, El Mezquite, El Morrito, Mena Nizanda, Santa Rosa, Santiago Ixtaltepec) sin que exista mayor información pública sobre su desarrollo. El CIIT y la Secretaría de Marina se han negado a difundir información sobre las minutas de las reuniones argumentando que se trata de información restringida que compromete la paz social.
La ausencia de información pública es una muestra clara de que este proceso no está garantizando el derecho de los pueblos y comunidades a una participación real, informada y transparente frente a un proyecto que podría generar graves afectaciones al medio ambiente, al territorio y a las formas de vida de la región. La falta de información suficiente, accesible y oportuna impide que las comunidades podamos comprender integralmente los alcances del proyecto, evaluar sus posibles impactos e incidir de manera efectiva en las discusiones o decisiones relacionadas con su implementación.
Por ello, nos queda claro que esta consulta funciona principalmente como un trámite burocrático orientado a dar certidumbre a la inversión empresarial y no un verdadero mecanismo para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No es una consulta previa porque el proyecto y las negociaciones territoriales ya avanzan; no es libre porque existen presiones, desinformación y asimetrías en el acceso a la información; y no es informada porque la información pública es insuficiente, fragmentada y restringida.
Se trata entonces de un ejercicio de manipulación y de instrumentalización que no respeta nuestra libre determinación como pueblos indígenas ni nuestros usos y costumbres sobre las formas de deliberación y autoconsulta en nuestras comunidades.
Alcances e impactos de un proyecto reconfigurado sin información pública
Mediante una nueva solicitud de información, se conoció que en diciembre de 2025, Helax Istmo informó al CIIT que “Derivado de un proceso de reconfiguración estratégica del Proyecto Helax, originalmente concebido como una iniciativa de hidrógeno verde, este ha sido transformado en un proyecto de generación eléctrica”, en razón de un “contexto global marcado por cambios geopolíticos relevantes, los cuales han derivado en la cancelación o postergación de diversos fondos internacionales destinados a la transición hacia economías de hidrógeno verde, así como en retrasos tecnológicos asociados a la maduración de estas soluciones”. La empresa también notificó su desistimiento de continuar con la adjudicación directa del PODEBI de Ciudad Ixtepec, donde se pretendía producir el hidrógeno.
Hasta ahora, ni Copenhagen Infrastructure Partners ni el gobierno mexicano han informado públicamente sobre este cambio, lo que profundiza la opacidad del proyecto y deja abiertas nuevas preguntas sobre sus verdaderos alcances, su carácter especulativo y los impactos que podría seguir generando en el Istmo.
Si bien el hecho de que, por ahora, no se avance con la propuesta de producción de hidrógeno y amoniaco verde puede limitar ciertos impactos (relacionados con el consumo de agua y los riesgos industriales que conllevan esos gases), nos parece importante denunciar lo siguiente respecto a esta decisión y al estado actual del proyecto:
Los proyectos de generación eléctrica previstos conllevan impactos graves como la modificación de la cobertura vegetal, de los usos del suelo y del territorio, de los flujos de agua superficial y subterránea, afectan a la fauna y flora local, restringen -nuestras formas de tránsitos en el territorio y afectan nuestras actividades tradicionales. La instalación previa de 30 parques eólicos en la región ha sido la muestra clara de que estos proyectos no generan bienestar o desarrollo para los pueblos de la región, han enriquecido a unos cuantos, reforzando procesos de desigualdad social y económica, provocando procesos de ruptura del tejido social, de privatización de las tierras, de erosión de nuestras prácticas comunitarias y de aumento de la situación de violencia. Por esta razón nos seguimos oponiendo al proyecto de Helax (CIP), sin importar que por ahora se limite a generar electricidad y no hidrógeno o amoniaco. Nos queda claro que la generación eléctrica industrial en el Istmo no nos beneficia: buscan garantizar energía para la industria y el capital privado mientras que los pueblos de la región sufrimos un acceso cada vez más deficiente e injusto al servicio básico de electricidad (con apagones frecuentes y cobros excesivos en las tarifas de luz).
Nos oponemos a que las empresas privadas, con la complicidad de las autoridades mexicanas, especulen y jueguen con nuestros territorios y nuestras vidas en función de sus intereses económicos y políticos. La estratégia empresarial de reconfigurar el proyecto por la incertidumbre actual respecto del mercado mundial del hidrógeno y amoniaco muestra que esos actores pretenden tomar decisiones sobre nuestros territorios a partir de elementos ajenos que no controlamos, por el estado actual de mercados de consumo en el norte global o por las consecuencias de guerras energéticas decididas por unos cuantos. Les reiteramos que somos soberanas/os en nuestra forma de decidir sobre nuestros territorios y que nuestras vidas, cuerpos, bienes comunes y comunales no son juguetes para sus prácticas neocoloniales y su especulación empresarial.
Exigimos a las autoridades mexicanas y a la empresa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) que informen públicamente sobre los cambios previstos en el proyecto. Por ejemplo, si oficialmente el proyecto deja de formar parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya que hasta la fecha ha sido promovido como tal por el CIIT y los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Sobre los proyectos eléctricos previstos, exigimos que la Sener informe sobre cuál sería el mecanismo previsto para la generación eléctrica (como proyecto privado o de inversión mixta con la CFE) y cuál sería el uso y destino previsto de la electricidad.
Denunciamos que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es una propuesta de desarrollo para la región, es un proceso amplio de despojo de nuestros territorios y bienes comunes. El lamentable descarrilamiento del tren a finales de 2025, los múltiples impactos que ha generado su construcción, los procesos de criminalización y la actual situación de violencia generalizada a lo largo de la región son muestras claras de los procesos de corrupción, negligencia, imposición y despojo que conlleva este proyecto. Lo que compromete la paz social en la región no es informar a las comunidades, es seguir promoviendo proyectos ajenos a nuestras necesidades que hacen del territorio istmeño una cancha de batalla entre los distintos actores de sus redes de macrocriminalidad.
Nuestra visión: El Istmo que queremos
En este sentido y por lo expuesto anteriormente, reafirmamos que no queremos más proyectos energéticos, más infraestructura de transporte ni más proyectos industriales destinados a cubrir las necesidades del gran capital y a los actores que lo sostienen. Queremos mantener nuestra vida comunitaria, nuestras fiestas, nuestras comidas, nuestros cerros, nuestros bosques y nuestras lagunas y ríos. Queremos seguir cuidando nuestras prácticas comunitarias, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra tranquilidad y las formas de vida que hemos construido históricamente en el Istmo. Frente a un proyecto que avanza en medio de la opacidad, la falta de información pública y el desconocimiento de sus posibles afectaciones sociales, ambientales, territoriales y culturales, consideramos importante informar, alertar y abrir un proceso de articulación regional que permita construir alianzas y solidaridad entre comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el futuro de nuestro territorio.
Llamamos a la solidaridad regional, nacional e internacional y el apoyo para dar a conocer y denunciar este proyecto, particularmente frente a los actores financieros que lo hacen posible, incluido el fondo CIP en Europa. Hacemos un llamado especial a los organismos de derechos humanos del sistema de la ONU y del sistema interamericano, y a las organizaciones de la sociedad civil en Dinamarca y otros países donde CIP tiene operaciones, para que exijan el respeto a los estándares de derechos humanos y ambientales en sus inversiones. Esta denuncia busca visibilizar que las decisiones de inversión tomadas fuera del territorio tienen impactos concretos negativos sobre las comunidades, los bienes comunes y las formas de vida del Istmo.
