Artículo original redactado por el Colectivo Nacional de Mujeres del MAB
El 14 de agosto, los tribunales reconocieron la existencia de una discriminación basada en el sexo contra las mujeres afectadas por la catástrofe en la cuenca del río Doce. La Fundación Renova había adoptado un método de registro que impedía el reconocimiento de las mujeres como personas afectadas, lo que llevó a una situación en la que solo un tercio de las personas registradas señalaban a mujeres como principales beneficiarias. En la práctica, solo los hombres eran reconocidos como pescadores profesionales, lo que pone de relieve otra forma de desigualdad a la que se enfrentan las mujeres y que fue señalada en esta acción judicial. Era la primera vez que instituciones judiciales reconocían un agravamiento de las desigualdades de género derivadas de este crimen socioambiental. Sin embargo, la lucha por la igualdad de género no termina allí. Aún deben realizarse esfuerzos para garantizar que las mujeres no sean marginadas y que reciban reparaciones adecuadas por los daños sufridos.
«En el caso de las personas afectadas por represas hidroeléctricas, estudios confirman una importante violación de los derechos de las mujeres. La primera confirmación aparece en el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos, entonces llamado Consejo de Defensa de los Derechos Humanos (CDDPH), publicado en diciembre de 2010».
«Las mujeres son particularmente afectadas y enfrentan mayores obstáculos para reconstruir sus medios de subsistencia y sus formas de vida; […] generalmente no han sido consideradas en sus especificidades ni en sus dificultades particulares», señala el documento.
Incluso con la adopción de la política nacional de seguridad de represas y de la ley «Nunca más lodo», que establece normas estrictas para los proyectos mineros, las empresas continúan explotando sus represas e infraestructuras sin suficiente control, sobreexplotando los recursos naturales y descuidando a las comunidades locales y al medio ambiente. En el valle de Jequitinhonha (Minas Gerais), observamos que algunas compañías mineras, con la aprobación del gobierno, destruyen las fuentes de agua de esta región semiárida. De estas acciones se derivan graves consecuencias, como el aumento de enfermedades respiratorias y mentales, así como el calentamiento climático. En 2023, por ejemplo, la ciudad de Araçuaí registró una de las temperaturas más altas del mundo.
La vida de las mujeres se ve particularmente afectada más allá de las represas. Esta sobreexplotación añade una carga adicional: el agravamiento del cambio climático y la intensificación de fenómenos extremos, como ocurrió recientemente en Rio Grande do Sul. Una vez más, son las mujeres más pobres quienes ven deteriorarse sus condiciones de vida, mientras que las empresas capitalistas reorganizan sus actividades para preservar sus ganancias, su imagen y sacar provecho de estas tragedias.
Las mujeres víctimas en Brumadinho necesitan reparación
Las poblaciones afectadas viven una situación de inseguridad alimentaria e hídrica en su territorio. La empresa Vale no respeta los plazos previstos para la descontaminación del río y no garantiza el acceso a agua de calidad y en cantidad suficiente. Además, las comunidades carecen de información precisa sobre los riesgos sanitarios asociados a los metales pesados. Tampoco participan en el Plan de reparación socioambiental, previsto en el anexo II del acuerdo firmado entre la empresa y las agencias estatales. Sin embargo, este acuerdo obliga a Vale a reparar los daños ambientales, con un presupuesto inicial de 5 mil millones de reales, sin límite máximo de gastos.
Cinco años después de la catástrofe, los estudios de evaluación de riesgos para la salud humana y el medio ambiente (ERSHRE), realizados por el grupo EPA, aún no han completado su primera fase. Encargados por las agencias de salud pública y ambientales de Minas Gerais, en colaboración con instituciones judiciales, estos estudios deben ser realizados por consultoras especializadas y financiados por Vale S.A. Su objetivo es identificar los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente asociados a la presencia de residuos mineros en la región, especialmente en los suelos, el aire y las aguas del río Paraopeba, así como determinar las medidas necesarias para enfrentarlos.
Sin embargo, las comunidades afectadas denuncian la negligencia de la empresa y cuestionan la metodología utilizada, que consideran frágil y con bases científicas insuficientes. Hasta ahora, no se ha previsto ningún estudio adicional para verificar estas preocupaciones. En mayo pasado, las instituciones judiciales anunciaron que, a partir de 2025, una nueva organización será responsable de continuar estas investigaciones. Las personas afectadas afirman que es inaceptable que esta entidad tenga cualquier vínculo con la empresa responsable de la ruptura de la represa y que estos estudios se realicen sin la participación de las poblaciones afectadas.
Además, las personas contaminadas no reciben ningún apoyo cuando presentan síntomas de infección. Ante la falta de asistencia adecuada, continúan utilizando el agua disponible. Los recursos previstos en el marco del Acuerdo de Salud se destinan principalmente a infraestructuras materiales, a menudo alejadas de las comunidades afectadas. Hasta ahora, no se ha reforzado el personal médico ni se ha invertido en atención especializada para responder a las necesidades de la población.
«Vale debe proporcionar explicaciones claras a las personas afectadas por la contaminación del agua, del aire y de los suelos, y asumir la responsabilidad de tomar medidas eficaces para reparar los daños ambientales, garantizando la participación de las personas afectadas en este proceso. Para una reparación completa, la empresa responsable de los daños, Vale, tiene la obligación de restaurar y revitalizar el río Paraopeba. Vale debe restablecer el acceso al agua potable, al aire limpio, a suelos descontaminados, a la vegetación y al patrimonio cultural para las poblaciones afectadas».
Numerosos proyectos buscan apoyar a las mujeres
Antes de la ruptura de la represa, las mujeres afectadas realizaban diversas actividades informales, como la agricultura y la pesca, que les permitían generar ingresos y sostener a sus familias. Esta independencia financiera es esencial, no solo para garantizar la subsistencia de los hogares, sino también para permitir que las mujeres escapen de situaciones de violencia. En los programas de reestructuración productiva, ya sea para aprender nuevas actividades económicas o para mantener las ya practicadas localmente, es fundamental garantizar condiciones que permitan a las mujeres seguir participando activamente en la lucha por reparaciones completas y tener acceso a proyectos específicamente destinados a ellas. Las mujeres deben ser una prioridad en los programas de reparación y de reactivación económica.
En este sentido, exigen la creación de un fondo específico para financiar proyectos que produzcan resultados concretos, conforme al anexo 1.1. También solicitan que se reserve un monto garantizado para las actividades productivas realizadas por mujeres, reconocidas como esenciales para la subsistencia de las familias. Los proyectos comunitarios previstos en este anexo deben asegurar la participación efectiva de las poblaciones afectadas y garantizar un trato equitativo para las mujeres dentro del plan de desarrollo de la cuenca del río Paraopeba.
También es necesario prever inversiones compensatorias a favor de las mujeres: fortalecer la Red de apoyo a las mujeres en el estado de Minas Gerais, enfocándose en los municipios afectados; priorizar los servicios destinados a las mujeres en los programas de transferencia de ingresos; e integrar las cuestiones relacionadas con las mujeres en las políticas públicas municipales, especialmente en la lucha contra la violencia, el acceso a la educación y la garantía de los derechos de la infancia, por ejemplo mediante el desarrollo de guarderías y programas de formación profesional. Las mujeres también solicitan financiamiento para capacitaciones en derechos humanos y para proyectos de producción de arpilleras, una técnica artesanal utilizada para expresar sus experiencias, dificultades y luchas.
El Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB) trabaja para fortalecer la participación de las mujeres en la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas. Busca apoyar su comprensión de estos derechos y su presencia en los espacios de decisión. Las mujeres afectadas son al mismo tiempo víctimas y actoras centrales de esta lucha, tanto en la vida cotidiana de las comunidades como en la movilización colectiva.
AGENDAS Y REIVINDICACIONES DE LAS MUJERES AFECTADAS POR EL CRIMEN DE VALE EN BRUMADINHO
• Aplicación de la Política Nacional de Derechos de las Personas Afectadas por Represas (PNAB). Esta ley prevé la creación de programas específicos destinados a las mujeres.
• Reconocimiento y visibilidad, por parte de las instituciones judiciales, de los daños y de las formas de agravamiento sufridas por las mujeres, garantizando una reparación diferenciada y el derecho a una indemnización individual justa, diferenciada y proporcional para las mujeres.
• Anexo 1.1: aprobación de la propuesta final por parte de la entidad gestora, incluyendo todas las resoluciones aprobadas durante el proceso participativo con las personas afectadas, y difusión de la propuesta final en un lenguaje accesible y con total transparencia.
• Plan de desarrollo y reparación para la población afectada de la cuenca del Paraopeba y del lago Três Marias, que incluya también un «Plan para las mujeres afectadas», con la aprobación de un Fondo para las Mujeres en el anexo 1.1 y cuotas para proyectos específicos dirigidos a mujeres.
• Exigimos reparaciones socioambientales que incluyan información, transparencia y participación de las personas afectadas en todas las etapas de los estudios socioambientales y del proceso de reparación.
• Aprobación de una política estatal de servicios de salud para las poblaciones afectadas en Minas Gerais, con reconocimiento específico de la salud de las mujeres y fortalecimiento de la atención en salud mental.
• Aprobación y aplicación inmediata de un protocolo de atención sanitaria para la población afectada, garantizando atención gratuita y de calidad, incluidos exámenes especializados y tratamientos financiados por Vale.
• Que Vale S.A. sea responsabilizada de garantizar el acceso al agua, conforme a las demandas de las comunidades, y que se emprendan acciones judiciales para que cumpla con su obligación de proveer agua.
Traducido por Yohan Leclerc
