Artículo original redactado por Miriam Sanz Jiménez
Los acuerdos firmados por Equinox Gold y el ejido no se renovaron en marzo de 2025. La comunidad exige una mejor remuneración, la descontaminación del sitio y la protección de su salud. La empresa afirma que su oferta es superior al promedio del sector.
Los llantos insistentes de Lola despiertan a sus abuelos, Juan y Martina*, y corren a su lado al amanecer. A pesar de la persistente oscuridad en la casa, reforzada por puertas y ventanas blindadas, la niña ya pide comida. Como cada mes, una vez preparado el desayuno y calmada Lola, sus abuelos hacen sus maletas y se dirigen a Ciudad de México, donde pasarán unos días. Allí, la sangre de Lola es tratada en el hospital infantil, ya que nació con una concentración anormalmente alta de metales pesados. Sin este tratamiento mensual, tan costoso como indispensable, no podría sobrevivir. Su estado de salud refleja los efectos del entorno minero en el que vive, aunque tuvo la suerte de nacer sin daños en sus órganos. En Carrizalillo, de hecho, muchos niños nacen con graves malformaciones, como ausencia de pulmones, riñones defectuosos o problemas cognitivos.
Hace unas dos décadas, el gigante de extracción aurífera Goldcorp, hoy desaparecido, se instaló en Carrizalillo, en el estado de Guerrero, México, con el apoyo de las autoridades locales. Su llegada provocó un fuerte deterioro de las condiciones de vida, marcado por la contaminación y la propagación de enfermedades: según un estudio publicado en 2012 por el profesor Jesús Castillo Aguirre, de la Universidad Autónoma de Guerrero, más del 80 % de las familias sufría problemas cutáneos, en ocasiones graves. Frente a esta inseguridad, surgió una resistencia decidida. En Carrizalillo, esta lucha no está motivada por la búsqueda de lucro, sino por la voluntad de mejorar, aunque sea un poco, las condiciones de vida. Una parte importante de los ingresos familiares se destina a la compra de agua potable, ya que los pozos están contaminados con arsénico, así como a la atención sanitaria.
Hoy, Equinox Gold, que retomó el proyecto minero, mantiene este clima de inestabilidad. Los habitantes de Carrizalillo, organizados en ejido (forma de propiedad colectiva de la tierra), habían firmado con la empresa dos acuerdos relacionados: uno sobre la ocupación y arrendamiento de tierras para la explotación minera, y otro de carácter social, que incluía asistencia médica y becas escolares. Sin embargo, en marzo pasado, al momento de renovar estos acuerdos, la compañía intentó reducir más de la mitad los beneficios. Ante el estancamiento, Equinox Gold anunció unilateralmente la suspensión indefinida de sus actividades, medida que carece de fundamento jurídico en México, sumiendo así a la población en la incertidumbre, privada tanto de los alquileres como del acceso a sus tierras.
Según el procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, la comunidad apeló al gobierno federal, acusando a la empresa de ejercer tal influencia que habría “tomado el control” de la administración del municipio de Eduardo Neri, del que depende Carrizalillo, dirigido por Sara Salinas Bravo. Durante las negociaciones, tanto la alcaldesa como el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, habrían ejercido presión sobre los miembros del ejido. Este último incluso declaró públicamente en la prensa local que, si la comunidad se negaba a ceder, podría estallar una ola de violencia. A pesar de las solicitudes del diario El País, no respondieron a los requerimientos de comentario.
Según Suárez Carrera, la investigación abierta tras el fracaso de las negociaciones, realizada con la participación de representantes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reveló dos décadas de daños a la salud pública y al medio ambiente. Equinox Gold deberá responder por ello, decida o no continuar con sus actividades mineras.
Los habitantes se preguntan: pese a la acumulación de pruebas y al cierre de la mina ordenado por la Profepa, ¿por qué la empresa aún no ha sido responsabilizada? Miguel Ángel Mijangos ofrece una respuesta directa. Consejero de la comunidad en la ONG Procesos Integrales para la Autodeterminación de los Pueblos (PIAP) e involucrado en el caso de Carrizalillo desde sus inicios, denuncia un sistema fallido: “En México tenemos más leyes para proteger a las ardillas que a los humanos. No existe ningún mecanismo para atribuir a las empresas la responsabilidad de los daños a la salud”. Según él, el problema radica en la fragmentación institucional, incapaz de adoptar un enfoque coherente para evaluar los impactos, y en la falta de un marco legal sólido que proteja a las poblaciones afectadas por actividades industriales.
“Nos enfrentamos a una empresa que contamina, viola la ley agraria, atropella los derechos humanos y no respeta las leyes mexicanas. Nuestro objetivo es dialogar y negociar con ella, no obligarla a devolver las tierras que ocupa ilegalmente”, declara. Suárez, por su parte, confirma que la empresa suspendió sus actividades el 1 de abril de 2025 y mantiene desde entonces una situación “irregular e ilegal”, negándose a aceptar las condiciones de reanudación o a realizar los trámites de cierre previstos por la ley.
Además, el procurador agrario confirma las denuncias presentadas durante meses por la comunidad en los boletines de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en la prensa local de Guerrero. Señala actos de violencia y coerción atribuidos a Armando Fausto Ortega Gómez, vicepresidente senior de Equinox Gold, y a Hugo Vergara, antiguo responsable de responsabilidad social.
El ejido, forma de propiedad colectiva de la tierra, ha documentado una serie de agresiones, intentos de criminalización y amenazas. Suárez Carrera respalda estas acusaciones, afirmando que la empresa recurrió a presiones extralegales, llegando incluso a asociar públicamente a algunos miembros de la comunidad con el crimen organizado. Según él, la compañía nunca buscó negociar realmente, y el papel de Fausto y Vergara contribuyó a aumentar la inestabilidad en la región.
En varias ocasiones, el ejido ha solicitado un cambio de representante y la destitución de Hugo Vergara, quien finalmente dejó su cargo hace dos semanas, sin que la empresa explicara las razones.
El diario El País solicitó una entrevista con Equinox Gold, pero solo recibió una respuesta escrita de Georgina Blanco, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible. En su correo, afirma que la empresa mantiene confianza en el resultado del proceso de diálogo iniciado con diversas partes desde diciembre de 2025. También sostiene que la propuesta de la compañía sería “la más alta en la historia del sector minero en México”, precisando que superaría quince veces el precio promedio por hectárea en la industria.
Sin embargo, el ejido y el procurador agrario presentan una versión muy diferente. Según ellos, la empresa minera no pagó los montos debidos el año anterior y propuso, en el nuevo acuerdo, una reducción del 63 %, medida considerada regresiva. El expediente n.º 408/2025 del Tribunal Agrario Unitario del 12º distrito menciona un “alquiler mensual por hectárea” de 191 965 pesos mexicanos, a repartir entre 121 miembros del ejido, es decir, menos de dos pesos por persona al mes. El documento califica esta cifra de “ridícula, incluso absurda” y considera que contraviene derechos fundamentales. Esta situación contrasta fuertemente con los resultados de la empresa, que en su informe trimestral de noviembre de 2025 anunció una producción récord de 236 382 onzas.
Desde hace más de un año, la comunidad de Carrizalillo realiza su cuarto plantón para denunciar la violencia vinculada a la explotación minera. Su demanda es clara: hacer cumplir la ley. Si la empresa se retira, debe asumir sus obligaciones, incluida la descontaminación del sitio, el pago de indemnizaciones y la implementación de un programa de cierre. Sin embargo, pese a contar con elementos a su favor, el desenlace de esta movilización sigue siendo incierto.
Cristina*, miembro del ejido de Carrizalillo, espera que este caso se convierta en un precedente a nivel nacional, revelando las fallas del marco legal y contribuyendo a proteger mejor los derechos de las comunidades frente a las empresas. Esta perspectiva es especialmente crucial, dado que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció en noviembre pasado, durante la Convención Minera Internacional, la reactivación de la exploración minera a gran escala, acompañada de medidas para acelerar la concesión de permisos y facilitar la inversión en el sector en México.
Traducido por Yohan Leclerc
Fuente: https://elpais.com/mexico/2026-03-18/carrizalillo-el-pueblo-mexicano-que-se-canso-de-la-mineria.html
