Artículo original redactado por Viviana Herrera
La sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería exhortan a sus legisladores a priorizar la protección del agua por encima de los intereses mineros.
Desde que el gobierno de Javier Milei introdujo, en diciembre, una ley destinada a debilitar la ley de glaciares del país, ha surgido gran preocupación en los medios de comunicación y en las redes sociales argentinas. Varias inquietudes han surgido respecto al debilitamiento de las protecciones del agua, especialmente debido al papel del lobby de la industria minera canadiense en la promoción de estas reformas.
Sin embargo, los medios canadienses cubren muy poco la situación y la influencia política de la minería canadiense en Argentina. Empresas canadienses como Barrick Mining Corporation y Lundin Gold se encuentran entre los principales actores que apoyan la iniciativa de reforma de la ley de glaciares. Los críticos señalan que «estas reformas crearían un precedente perjudicial, poniendo en riesgo las reservas de agua dulce, eliminando protecciones ambientales y abriendo la puerta a la minería a gran escala de cobre y oro en algunos de los ecosistemas más frágiles del país».
Una reforma: a favor de la minería y en detrimento del medio ambiente
Un análisis artículo por artículo de las reformas propuestas, realizado por 30 organizaciones sociales y ambientales argentinas, demuestra que la iniciativa favorece especialmente a la industria minera. Por ejemplo, la reforma introduce criterios arbitrarios que permitirían excluir ciertos glaciares de la protección jurídica si una autoridad provincial considera que no cumplen una «función hídrica pertinente». Esta medida abriría la puerta a provincias favorables a la minería, como San Juan y Mendoza, para retirar ciertos glaciares de la protección legal. Tal decisión no se basaría en criterios científicos, sino en intereses económicos y beneficios potenciales de la industria minera.
Para Enrique Viale, abogado ambiental y director de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el tema concierne «al futuro de los recursos hídricos de Argentina, ya que los glaciares son verdaderas fábricas de agua». A principios de este mes, más de 85 especialistas en derecho constitucional y ambiental enviaron una carta al Congreso argentino, advirtiendo que «el proyecto de ley que se examinará en sesión extraordinaria es inconstitucional, regresivo y pone en peligro el sistema de protección del agua, comprometiendo el derecho constitucional a un ambiente sano».
En un comunicado de prensa conjunto de cinco organizaciones ambientales argentinas, Greenpeace Argentina señaló que «modificar la ley de glaciares en plena crisis climática e hídrica equivale a reducir la protección de las reservas estratégicas de agua dulce para los argentinos y a poner en riesgo la seguridad hídrica de más de 7 millones de personas. Los glaciares y el ambiente periglacial no son “hielo sin valor”: regulan el caudal de los ríos, preservan las cuencas en épocas de sequía y cumplen un papel esencial frente al aumento de temperaturas».
Las comunidades afectadas por la minería, científicos, organizaciones jurídicas, ambientales y sociales, la Iglesia Católica, artistas, académicos y muchos otros actores se han unido a este movimiento nacional para denunciar estas reformas y proteger las fuentes de agua del país.
La ley de glaciares vuelve a estar amenazada
Desde que la ley de glaciares fue promulgada en 2010 en Argentina, ha enfrentado presiones nacionales y provinciales para revertirla o modificarla en beneficio de las compañías mineras.
Barrick Mining Corporation es una de las principales empresas que impulsa la reforma. En los últimos años, la empresa ha intentado declarar inconstitucional la ley de glaciares, afirmando que podría afectar negativamente proyectos mineros ubicados en zonas con glaciares, incluida la minería Veladero, conocida por causar «la peor catástrofe ambiental causada por la minería en la historia de Argentina». En 2019, la Corte Suprema de Argentina rechazó la reclamación de la empresa, que sostenía que la ley era inconstitucional.
La empresa canadiense ha sido condenada por instituciones como la Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI) por haber partido en dos el glaciar Almirante Brown para construir una ruta que conecta la mina Veladero con el proyecto Pascua Lama, lo que provocó la desaparición de la parte inferior del glaciar.
Hace dos años, informamos que Mark Bristow, entonces CEO de Barrick, declaró que «los glaciares van y vienen», en referencia a los intentos del gobierno argentino de modificar la ley de glaciares. Saul Zeballos, portavoz de la asociación ciudadana Asamblea Jáchal No Se Toca, afectada por la mina Veladero, respondió: «Los glaciares no van y vienen. Han desaparecido para siempre debido a la actividad minera destructiva».
En diciembre, cuando se anunció la iniciativa de reforma de la ley de glaciares, Enrique Viale testificó ante una sesión plenaria de las comisiones de medio ambiente y desarrollo sostenible y de minería del Senado argentino. Declaró que «la reforma tiene nombres y apellidos… entre ellos Barrick Gold».
Viale afirma que el motivo del lobby minero para modificar esta ley es que los proyectos de Barrick Gold y otras compañías mineras «se encuentran directamente sobre glaciares o en ambientes periglaciares protegidos por la ley vigente de glaciares». Agrega que «en lugar de adaptar sus proyectos para cumplir con la normativa actual, quieren modificar el texto de la ley para que se ajuste a sus proyectos».
¡Barrick no está sola: otros también buscan la reforma!
Detrás del lobby de la industria minera que reclama la reforma de la ley de glaciares también están Lundin Mining, Rio Tinto y Glencore, cuyos directivos «se han reunido en el palacio presidencial de Javier Milei en Buenos Aires», según reporta Mining.com.
Organizaciones argentinas como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) han identificado otro proyecto en zona glaciar que podría beneficiarse de estas reformas ambientales nocivas: el proyecto de cobre Los Azules, de la compañía canadiense McEwen Mining, en la provincia de San Juan. La empresa ha presentado este proyecto como esencial para la transición energética, afirmando que «el potencial geológico del proyecto posicionará a San Juan en el mapa internacional de recursos para la transición energética».
La importancia de preservar la ley de glaciares
Desde 2010, los pueblos indígenas y las comunidades afectadas por la minería canadiense se han movilizado a nivel regional y nacional bajo el lema «La ley de glaciares no se toca».
En 2018, miembros de la Asamblea Jáchal No Se Toca viajaron en bicicleta durante más de una semana desde la municipalidad de Jáchal, provincia de San Juan, a unos 1600 km de Buenos Aires para unirse a las manifestaciones nacionales y denunciar los intentos del presidente Macri de modificar la ley de glaciares.
Durante diez años, en el marco de su lucha por la protección del agua, los glaciares y ecosistemas frágiles como la reserva de biosfera de San Guillermo, la Asamblea Jáchal No Se Toca ha documentado y denunciado sistemáticamente los derrames tóxicos ocurridos en la mina Veladero, así como la reacción o ausencia de reacción de las autoridades locales y de Barrick. Además, señala que la mina Veladero se encuentra en zona periglacial, en violación de la ley de glaciares. La Asamblea también expresa su preocupación por otros proyectos mineros en la provincia de San Juan, ubicados en zonas glaciares y periglaciares: el proyecto José María, de Lundin Mining; el proyecto Vicuña, de BHP y Lundin Mining; y el proyecto Los Azules, de McEwen Mining Inc.
«El proyecto de ley fue aprobado por el Senado argentino el jueves 26 de febrero. Esta semana, los parlamentarios deben votar al respecto en la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso nacional».
Un enfrentamiento con las poderosas compañías mineras canadienses
Las comunidades temen que, esta vez, la industria minera logre reformar la ley de glaciares con Javier Milei en el poder, quien niega el cambio climático. Esto debilitaría los ecosistemas glaciares y periglaciares, ya amenazados por la minería destructiva a gran escala de cobre y oro.
El papel de las compañías mineras canadiense en la promoción de estas reformas debe ser denunciado. Frente a la crisis climática y la creciente escasez de agua, la legislación nacional que protege este recurso valioso no puede ser debilitada en nombre de proyectos mineros supuestamente vinculados a la transición energética, como el proyecto Los Azules de McEwen Copper. Empresas canadienses como Barrick Mining Corporation, con historial documentado de derrames tóxicos y proyectos que invaden zonas periglaciares frágiles, deberían cumplir la legislación argentina en lugar de intentar modificarla. El gobierno canadiense recuerda regularmente que sus empresas deben cumplir las leyes locales donde operan; esto excluye cualquier intento de modificar la ley a su favor.
Los legisladores argentinos deben resistir la presión de la industria minera canadiense y atender las demandas de la población para proteger los glaciares y zonas periglaciares, esenciales para la vida y los medios de subsistencia de millones de argentinos.
Traducido por Yohan Leclerc
Fuente: https://miningwatch.ca/fr/node/11827
