Publicado por BAE Negocios, el 15 de noviembre de 2023
La norma establece un marco regulatorio que incluirá las actividades tanto de compañías mineras como de empresas hidroeléctricas.
El Senado brasileño aprobó un Proyecto de Ley que establece la Política Nacional de Derechos de los Afectados por Represas (PNAB), que fija reglas de responsabilidad social que deben observar las empresas.
Según informa la Agencia Brasil, la norma también garantiza los derechos de las poblaciones que sufren los impactos resultantes de las actividades involucradas, algo que implica un nuevo marco regulatorio a observar tanto para las represas mineras como para las hidroeléctricas.
El texto ahora pasa al presidente Luíz Inácio Lula da Silva para su promulgación. Había sido aprobado por la Cámara de Diputados en agosto de 2019, apenas siete meses después del colapso de la presa de la minera Vale, en Brumadinho, en Minas Gerais, que dejó 270 muertos. En ese momento hubo 328 votos a favor, 62 en contra y una abstención.
El proceso en el Senado duró más de cuatro años. La Comisión de Medio Ambiente incluso sugirió algunos cambios, pero los representantes del Movimiento de Afectados por las Represas (MAB) convencieron a los parlamentarios para que mantuvieran el texto original para que no hubiera más retrasos en la aprobación.
Reclamo
El Ministerio de Minas y Energía también intervino a favor de mantener la versión aprobada por la Cámara baja, ya que de aprobarse los cambios sería necesario un nuevo análisis por parte de los diputados.
La creación de la PNAB era una vieja demanda del MAB. En las últimas semanas, el tema ganó protagonismo en medio de las actividades de la entidad que marcaron ocho años del colapso de la presa de la minera Samarco, ocurrido el 5 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mariana (MG).
Para recordar la tragedia que dejó 19 muertos y daños a la población en decenas de municipios de la cuenca del Río Doce, el MAB creó la campaña Revida Mariana . A través del mismo se difundieron videos que dan visibilidad a relatos personales de los afectados y, al mismo tiempo, se exigió la aprobación de la nueva ley.
