HomeNoticiaLas razones de la extensión del 21N en Colombia

Las razones de la extensión del 21N en Colombia

Con la ola de protestas sociales contra los gobiernos que se producen actualmente en América Latina, la población colombiana también se suma para exigir cambios importantes en el gobierno. 

Entre las demandas, encontramos la continua inseguridad laboral; bombardeos indiscriminados por parte del Estado; los asesinatos de defensorxs de derechos humanos y comunidades indígenas; la indiferencia del Estado frente a estos asesinatos; e incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016.

Inicialmente, la población había salido a un día de paro nacional el 21 de noviembre (21N) para hacer valer sus reclamos. Sin embargo, ante la respuesta agresiva, la fuerte represión e inacción del gobierno de Iván Duque, colombianos y colombianos aún salen a las calles para hacer oír sus voces.

El 24 de noviembre de 2016, el gobierno colombiano firmó un Acuerdo de Paz con Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que supuestamente puso fin a una guerrilla  que había iniciado en 1964 y con este acuerdo se esperaba que se produjeran cambios fundamentales en la manera de hacer política en Colombia.

Sin embargo, en 2018, Iván Duque fue elegido presidente de Colombia. Duque, que tiene una fuerte oposición al Acuerdo de Paz, intentó enmendar ciertas disposiciones, haciendo precario el Acuerdo. Como resultado, los acuerdos garantizados por gobierno en la firma de los acuerdos de paz con las FARC no se completaron, lo que se percibe como un abandono del Estado por parte de la población.

A pesar de la ilusión de un retorno a la paz en los primeros meses del Acuerdo, hoy la violencia vuelve a golpear a Colombia. De hecho, se puede ver un aumento significativo en los asesinatos de activistas y en las comunidades indígenas. Estamos hablando de una persona indígena asesinada cada 72 horas, lo que representa más de 120 muertes desde enero de 2019. Además, desde el momento del Acuerdo de Paz, ha habido más de 800 asesinatos de defensorxs de derechos humanos. Sin embargo, Duque no reconoce esta violencia.

La comunidad se siente abandonada, hay poco o ningún cambio. Como resultado, vemos una reconfiguración paramilitar, el rearme de las FARC, asesinatos selectivos, la presencia de carteles mexicanos en Colombia (incluido Sinaloa), minerxs que pierden la vida durante los bombardeos, jóvenes y niños asesinadxs a causa de la fuerte represión durante las manifestaciones, pero todavía no ha habido una respuesta del presidente Duque.