El 11 de octubre la señora Consuelo Porras, Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, asestó un nuevo golpe al Sistema de Justicia en Guatemala. Sin mediar explicación decidió remover (por medio de su traslado) de su cargo a la Licda. Hilda Pineda. Pineda acumulo 10 años de experiencia en dicha fiscalía y en los últimos 5 años se desempeño como encargada de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Esta fiscalía ha sido un bastión para el abordaje y procesos judiciales de graves violaciones de Derechos Humanos durante el Conflicto Armado Interno –CAI-. Dando, como resultado, la identificación, el procesamiento ante el sistema de justicia e impulso de casos de justicia transicional en contra de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala.
Por más de diez años, la Fiscalía de Derechos Humanos ha brindado el seguimiento a la investigación a casos de justicia transicional, los cuales da la esperanza a victimas sobrevivientes y familiares para acceder a la justicia. Procesos en los cuales se ha demostrado por medio de pruebas contundentes aportadas por las víctimas sobrevivientes y querellantes, con las cuales se ha logrado probar jurídicamente la responsabilidad penal de miembros del Ejército de Guatemala, entre ellos altos mandos y las fuerzas paramilitares implementadas durante el CAI (Comisionados militares y Patrulleros de Autodefensa Civil – PAC –.
El cambio de jefatura de la fiscalía de Derechos Humanos, así como de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad –FECI-, son parte de una estrategiadel denominado “pacto criminal” el pretende mantener en la impunidad, así como de proteger a actores responsables de violaciones a los derechos humanos durante el CAI, quienes evolucionaron su manera de actuar convirtiéndose en estructuras denominadas Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Estas estructuras por años se han dedicado al fortaleciendo de la impunidad y la corrupción por medio de la cooptacion del Estado de Guatemala que vivimos hoy en Guatemala.
Los abajo firmantes demandamos a la Fiscal General el cese en sus acciones de destrucción de las capacidades de la Fiscalía de Derechos Humanos para la persecución penal del Ministerio Público, garantizando la “independencia fiscal” y garantizar que el personal de la Fiscalía de Derechos Humanos continué su trabajo sin obstrucciones y se les faciliten las herramientas para su desarrollo, su trabajo es respaldado por la víctimas del CAI. De igualmanera solicitamos se garanticen los esquemas de seguridad de los fiscales que aun continuan en dicha fiscalía, pero sobre todo la de Hilda Pineda quien en varias ocasiones ha sido señalada por la Fundación Contra el Terrorismo y denunciada penalmente, estos son consecuencia de su excelente trabajo.
Asimismo, les pedimos su solidaridad en firmando esta petición organizada por Red Europea de Apoyo Caso Diario Militar.
