Noticia publicada por Amnistía Internacional Canadá el 28 de marzo de 2023
El Informe anual de Amnistía Internacional sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos plantea cuestiones graves y urgentes sobre los derechos de los pueblos indígenas y la justicia climática en Canadá.
Publicado el lunes por la noche, el Informe anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos 2022-2023 critica el reiterado incumplimiento por parte del gobierno canadiense de su obligación de proteger las tierras y los cursos de agua de los pueblos indígenas y de respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Además, su enfoque del cambio climático «no refleja el nivel de responsabilidad de Canadá como uno de los mayores emisores per cápita de gases de efecto invernadero del mundo, ni su capacidad para actuar», afirma el informe.
«El historial de Canadá en materia de derechos de los pueblos indígenas es pésimo. No se ha hecho nada para abordar las cuestiones de fondo y devolver el control de sus territorios a los pueblos indígenas. Por último, es imperativo respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas», ha manifestado France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Canadá Francófono.
«Es esencial que los gobiernos canadienses tomen medidas concretas, sobre todo porque la crisis climática agrava los riesgos de desaparición de las culturas indígenas, un patrimonio y unos conocimientos ancestrales que sería dramático ver extinguirse», ha añadido France-Isabelle Langlois.
«Nuestra asociación con Amnistía Internacional nos brinda la oportunidad de defender nuestros derechos como pueblos indígenas y de llegar a otras personas, incluidos activistas, para hablar de nuestros problemas y preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con la tierra, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en general», ha declarado Sipi Flamand, jefe del Consejo Atikamekw de Manawan.
En la sección de este informe dedicada a Canadá, Amnistía Internacional destaca las recientes violaciones del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, principio protegido por las normas internacionales de derechos humanos y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, el pasado septiembre, la empresa energética Coastal GasLink (CGL) comenzó a perforar en territorio wet’suwet’en sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes hereditarios de la nación wet’suwet’en. Unos meses antes, los fiscales de Columbia Británica presentaron cargos penales por desacato contra 19 defensores de la tierra que se oponían a la construcción del gasoducto de gas natural de CGL en territorio Wet’suwet’en.
«Canadá ya no puede presumir de ser el país libre y democrático del que alardea en todo el mundo», declaró el jefe Na’Moks, jefe hereditario wet’suwet’en. Cuando los pueblos indígenas son acosados, encarcelados y expulsados de sus tierras -sin otra razón que proteger su existencia, su agua potable y su seguridad alimentaria para el futuro-, hay que decir la verdad sobre Canadá, y darla a conocer. Canadá debe asumir su responsabilidad y reconocer las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Debe respetar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y garantizar su plena aplicación.
Del mismo modo, al apoyar la construcción del oleoducto Trans Mountain, los gobiernos federal y de Columbia Británica siguen violando los derechos de la Nación Tsleil-Waututh. «Canadá se ha comprometido a aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, sin embargo, miembros de nuestra nación tsleil-waututh han sido acosados y criminalizados por oponerse pacíficamente al oleoducto de Trans Mountain», ha declarado Charlene Aleck, miembro del Consejo de la Nación Tsleil-Waututh. «El oleoducto y el petróleo que transporta suponen graves amenazas para Burrard Inlet, el lugar de nacimiento de nuestros antepasados. Hemos denegado nuestro consentimiento libre, previo e informado para este proyecto, pero Canadá sigue adelante con la construcción. No habrá reconciliación si no se respeta el consentimiento.
En todo Canadá, los pueblos aborígenes se han enfrentado a otras formas de discriminación sistémica y violaciones de sus derechos humanos, como el acceso al agua potable, la educación y la atención sanitaria. A finales de 2022, seguían vigentes 33 avisos de agua potable de larga duración en 29 comunidades aborígenes. En agosto de 2022, la escasez de agua en la ciudad de Iqaluit llevó al territorio de Nunavut a declarar el estado de emergencia. Y las comunidades de la Primera Nación de Grassy Narrows siguen viviendo con los efectos devastadores de una decisión del gobierno de Ontario de los años sesenta que permitió a una empresa de pulpa y papel verter casi 10 toneladas métricas de mercurio en los ríos English y Wabigoon.
«Canadá y Ontario se niegan a respetar nuestras leyes para proteger y salvaguardar nuestras tierras», comentó el jefe de Grassy Narrows, Rudy Turtle. «Tras décadas de mercurio, talas y presas, siguen sin respetar nuestro derecho a la autodeterminación en defensa de nuestras tierras y nuestro pueblo. Ya es hora de que se respeten nuestras decisiones y se compense a nuestro pueblo por los agravios sufridos.»
Según el informe, el racismo antiaborigen y el legado del colonialismo han afectado de forma desproporcionada a las mujeres. En julio de 2022, el Comité Permanente de Derechos Humanos del Senado reconoció el impacto de las esterilizaciones coaccionadas o forzadas en las mujeres aborígenes, las mujeres negras y racializadas y las personas con discapacidad. El pasado noviembre, un informe de Quebec destacaba que al menos 22 mujeres aborígenes habían sido esterilizadas sin su consentimiento entre 1980 y 2019 en la provincia.
Ketty Nivyabandi, secretaria general de la sección en lengua inglesa de Amnistía Internacional Canadá, declaró el lunes: «El estado de los derechos de los pueblos indígenas en Canadá es una vergüenza nacional. A pesar de las numerosas promesas de abordar estas continuas injusticias, los gobiernos canadienses a todos los niveles no han respetado los derechos de los pueblos indígenas ni protegido sus tierras y recursos. La crisis climática agrava estas injusticias y exige una acción urgente y decisiva por parte del gobierno.
El informe también señala que Canadá no ha tomado las medidas necesarias para frenar el aumento de las temperaturas globales y mitigar el impacto en las comunidades de las Primeras Naciones, métis e inuit, y en las comunidades vulnerables del Sur Global. El plan del gobierno federal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Canadá hasta un 40-45% por debajo de los niveles de 2005 para 2030 «no limitará el aumento de las temperaturas globales por debajo del objetivo de 1,5°C», predice el informe de Amnistía Internacional. Además, el compromiso del gobierno canadiense de destinar 5.300 millones de dólares en cinco años a financiar proyectos climáticos en países en desarrollo «se queda corto en cuanto a la responsabilidad de Canadá en la crisis climática».
Este informe de Amnistía Internacional llega pocas semanas después de la visita a Canadá de José Francisco Calí Tzay, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Al término de su misión de investigación de 10 días, Calí Tzay afirmó que «Canadá ha avanzado en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas». Sin embargo, denunció el «odioso» legado del sistema de internados y añadió que queda mucho trabajo por hacer para garantizar que los Pueblos Indígenas disfrutan de los derechos, libertades y condiciones de vida garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
«Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y todos los pueblos indígenas deben tener los mismos derechos y oportunidades», declaró Calí Tzay a los periodistas en una conferencia de prensa celebrada el 10 de marzo. «Insto al gobierno de Canadá y a los gobiernos de las provincias y territorios a avanzar en la reconciliación mediante relaciones de nación a nación con los pueblos indígenas».
