Publicada por APG/GOPA, el 25 de abril de 2025
Estimada Ministra Joly,
Reciba un cordial saludo del Americas Policy Group (APG). El APG es una red nacional de organizaciones canadienses de la sociedad civil que trabajan por los derechos humanos y la justicia social y medioambiental en América Latina y el Caribe. Reúne a más de veinte ONGs internacionales de desarrollo y humanitarias, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos religiosos y de solidaridad e instituciones de investigación.
Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la reciente detención y criminalización de las autoridades indígenas K’iche’ de los 48 Cantones de Totonicapán. El 23 de abril de 2025, las autoridades guatemaltecas detuvieron a Luis Pacheco, Viceministro de Desarrollo Sostenible de Energía y Minas y ex presidente de los 48 Cantones, junto con Héctor Chaclán, ex tesorero de los 48 Cantones. Ambos están acusados de sedición, terrorismo, obstrucción a la justicia, asociación ilícita y obstaculización de acciones judiciales. Se han dictado otras tres órdenes de detención contra otros antiguos miembros de la dirección de los 48 Cantones. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por parte del Ministerio Público de Guatemala para criminalizar a las autoridades indígenas por contribuir al ejercicio legítimo de la democracia participativa.
Desde octubre de 2023, los pueblos indígenas de Guatemala, a través de sus sistemas políticos ancestrales, han determinado en Asamblea , junto a otras organizaciones sociales y territoriales, el inicio de un Paro Nacional para defender la victoria electoral del Presidente Bernardo Arévalo y la voluntad popular expresada en las urnas. Este movimiento, que se extendió a más de 150 puntos de resistencia en todo el país, ha sido una poderosa expresión de democracia viva, liderada por autoridades indígenas que se situaron a la delantera de la protección del proceso democrático. Las acusaciones actuales, que califican esta movilización pacífica como ”terrorismo” , representan una escalada alarmante de persecución política hacia los defensores de los derechos humanos.
Esta represión está ligada a un contexto político más amplio donde está involucrada la fiscal general María Consuelo Porras, alineada con la red de corrupción institucional conocida como el “Pacto de corruptos”, quienes encabezaron los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2023. A pesar de que la Fiscal Porras está en la lista negra de la comunidad internacional -incluyendo las sanciones impuestas por el Gobierno de Canadá por su papel en el debilitamiento de la democracia y el Estado de derecho- ella sigue en el cargo y continúa obstruyendo la agenda anticorrupción del presidente Arévalo. Al carecer de autoridad para destituirla, la administración de Arévalo se ha enfrentado a continuos procesos judiciales por motivos políticos contra periodistas independientes, fiscales, jueces y miembros de su propio gobierno, incluido el propio presidente. La detención de Luis Pacheco y Héctor Chaclán es la última muestra de esta crisis política cada vez más profunda.
Creemos que es vital que la comunidad internacional adopte una postura firme y enérgica contra la criminalización y la violencia hacia los defensores de los derechos humanos. A través de las redes sociales, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “lamentó profundamente” la detención de Pacheco y la calificó de ”persecución política”. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Guatemala hizo eco de esta afirmación y, en un comunicado, expresó su preocupación por el ”uso indebido del derecho penal por parte de algunos actores de la fiscalía y del poder judicial contra la defensa de los derechos humanos”. Asimismo, el 28 de abril, la Embajada Británica en Guatemala expresó en redes sociales su ”profunda preocupación por la persecución que enfrentan Luis Pacheco y las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán”, enfatizando que “el uso del sistema de justicia como arma socava el estado de derecho”. El Reino Unido reafirmó su apoyo a las libertades fundamentales y al respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a protestar y a reunirse pacíficamente.
A la luz de esto, instamos al Gobierno canadiense a tomar medidas concretas en apoyo de los defensores de derechos humanos guatemaltecos, en consonancia con las directrices del documento Voces en Riesgo. Solicitamos esclarecimiento sobre los pasos específicos que su oficina tomará en este caso para mantener el compromiso de Canadá con la defensa de los derechos humanos y su apoyo a aquellos en riesgo.
Estamos dispuestos a proporcionar información adicional o facilitar el contacto directo con nuestros aliados guatemaltecos para asegurar que su oficina esté plenamente informada y equipada para actuar con determinación en este asunto.
Atentamente,
Asamblea General del Grupo de Política de las Américas
Fuente: https://www.apg-gopa.com/statementsletters/apg-letter-arrest-of-ancestral-authorities-in-guatemala
