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Bernardo Caal : el segundo proceso en su contra no debería ser penal sino administrativo

5 de octubre de 2022 /por Francisco Simón y Gilberto Cucul

Bernardo Caal Xol, el dirigente Q’eqchi’ de Cahabón, asegura que enfrenta un segundo proceso de criminalización. En 2017 fue denunciado por el Ministerio de Educación, supuestamente por abandono de laborales, mientras ejercía la docencia en una escuela primaria de la aldea Sibicte de Chisec; a pesar de que el proceso en su contra es de carácter administrativo el Ministerio Público busca una sentencia en su contra por el delito de retenciones ilegales. 

En un juzgado de Cobán, cabecera de Alta Verapaz, se realizó el segundo día de la audiencia de debate oral y público en contra del profesor maya Q’eqchi’, Bernardo Caal Xol, acusado por el Ministerio de Educación (MINEDUC) del delito de retenciones ilegales. Según aseguran los abogados del profesor, la denuncia presentada en su contra no es de carácter penal sino administrativo, pero el Ministerio Público (MP) decidió utilizarlo en este ámbito, para criminalizarlo.

La audiencia se realizó este 5 de octubre en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Cobán, presidido por el juez José Alfredo Quiñónez Lemus, donde el MP presentó un solo testigo y varias pruebas documentales ofrecidas por la defensa del sindicado, las cuales fueron aceptadas por el juzgador.

No obstante, el proceso en su contra continúa. La próxima audiencia será el 19 de octubre, a las 11 horas en el mismo lugar, para saber si logran sentenciarlo o declaran su inocencia.

Héctor Chen, actual director de la escuela de la aldea Sibicte de Chisec, lugar donde trabajaba Caal Xol, llegó como primer testigo a favor del MINEDUC, propuesto por el MP.  En su declaración dijo que el profesor Bernardo Caal llegó a esa escuela en calidad de comisionado, es decir como maestro auxiliar, ya que el número de docentes estaba completo.

Entre 2012 y 2013, mientras ejercía la docencia, Bernardo Caal también fue secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), según consta en algunos documentos presentados ante el juez. Él legalmente podía ausentarse por este cargo sindical, aseguran los abogados.

Sin embargo, el Ministerio de Educación, decidió tenerlo bajo vigilancia. El testigo declaró que en 2012 llegó el Coordinador Técnico Administrativo (CTA) para constatar si Bernardo realmente acudía a dar clases. En ese entonces, el docente no se encontraba en la escuela por atender oficios del sindicato.

De acuerdo al MP, Bernardo Caal firmó el libro de asistencia fuera del tiempo, en su momento el testigo, dijo, que informó a un fiscal de este caso. Aunque nunca había permitido que ningún docente firmara el libro si no llegaba a la escuela, pero con Bernardo fue excepción por ser del sindicato.

Mientras avanzaba la audiencia, el MP intentó confundir al testigo para que diera declaraciones, que propiciaran la sentencia del profesor Caal Xol, por el delito de retenciones ilegales, supuestamente por abandono de laborales.

La defensa de Bernardo Caal asegura que la acusación en su contra no tiene sustento legal y que es de carácter administrativo, porque la ley faculta a los dirigentes sindicales a tener ocho días hábiles al mes para hacer los trabajos que les corresponden, cargo que ocupó con el STEG entre 2012 y 2013.

Por su parte, el testigo señala que el profesor se ausentaba de dar clases en 2012, pero reconoce que dentro del STEG, los maestros gozan de este derecho, más cuando forman parte del sindicato.

La defensa técnica del profesor y dirigente Q’eqchi’ presentó varias pruebas documentales a favor del Bernardo Caal; todas fueran admitidas. Entre estas, un documento que describe la relación directa de Caal con el STEG y otro de la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz sobre una evaluación de desempeño a docentes del nivel primario.

 

El juicio : es administrativo y no penal

Al salir de la audiencia, el abogado defensor Guillermo Choc dijo que en las declaraciones del testigo no hubo consistencia, además, señaló que el MP violentó el debido proceso, porque el caso es administrativo y no penal.

De acuerdo al sindicado, el mismo testigo afirmó que Bernardo ha sido sindicalista y comisionado de la escuela de Sibicte. “Él (testigo) dice en su declaración que nosotros estábamos completos en la escuela, ya no necesitábamos maestros, pero a mí me comisionan para que me nombren como un maestro auxiliar; son acuerdos que se dieron con la Dirección Departamental de Educación por ejercer el cargo sindical”, aseguró el profesor.

Sin embargo, aprovechan un par de documentos y errores para decir que yo cobré salario sin haber laborado. Este es un tema eminentemente administrativo que no debió haber llegado a lo penal, pero como la idea es criminalizarme, entonces a ello estoy asistiendo, concluyó.

Según una nota ya publicada por Prensa Comunitaria, los hechos de los que se le señala al profesor  maya, originario de Santa María Cahabón, ocurrieron en 2013. Sin embargo, la denuncia fue presentada por el exdirector departamental de Educación, Álvaro Xoy, hasta 2017, cuatro años después de la destitución de Bernardo Caal por la entonces ministra de Educación Cynthia del Águila, durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina.

Al inicio del proceso penal la acusación era por el delito de caso especial de estafa, pero el juez Ricardo Isaías Caal cambió el delito a retenciones indebidas. Desde 1995, Bernardo Caal se desempeñó como profesor y en 2012 fue secretario general adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), en el departamento de Alta Verapaz, que en ese entonces contaba con unos 12 mil maestros afiliados.

El juicio se desarrolla a cinco años de iniciarse el proceso, con violaciones al plazo legal, porque el tiempo que estuvo Bernardo Caal en prisión por otro caso, no avanzó sino hasta cuando recuperó su libertad y fue en ese momento cuando empezó a recibir las notificaciones. “¿Por qué se activa hasta este momento? Eso queda en la lectura que se puede hacer, seguramente es parte de un trabajo elaborado para perseguirlo”, recordó el abogado Edgar de León.

Prensa comunitaria