Fotos de algunas mujeres embarazadas forzosamente desaparecidas por el Estado durante la guerra en Guatemala
Artículo original publicado en La Plataforma Canada – Guatemaltecos Exiliados por Terrorismo de Estado en Facebook
Expertos de la ONU denunciaron un posible sistema de adopciones ilegales internacionales, y del cual habría afectado al menos a 80 niños indígenas en Guatemala en el año 1982, tras su paso por el Hogar Temporal Elisa Martínez. Los menores habrían sido previamente víctimas de secuestro y desaparición forzada, lo que sitúa el caso en el marco de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.
Asimismo, el antropólogo José Roberto Paz Gularte en entrevista en el programa Con Criterio señaló que las adopciones irregulares no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura sistemática que permitió separar familias, alterar identidades y lucrar con menores. Según su investigación, los expedientes de adopción presentan inconsistencias que apuntan a la posible participación de distintos actores, incluidos sectores estatales.
A nivel internacional también ha sido documentado este fenómeno por organizaciones como Raíces Perdidas de Bélgica, que ha acompañado a personas adoptadas en Europa, en la búsqueda de sus orígenes guatemaltecos. Sus investigaciones revelan patrones comunes: ausencia de consentimiento de las familias biológicas, registros alterados y procesos opacos que facilitaron la salida de menores del país.
En Guatemala hay esfuerzos para reencontrar familias, ejemplo de ello, está el esfuerzo de la Liga de Higiene Mental, la cual ha facilitado reencuentros entre personas adoptadas a nivel internacional, en Europa y Canadá, y sus familias biológicas. A parte de hijos que buscan a sus padres biológicos, hay otros familiares de mujeres embarazadas forzosamente desaparecidas durante la guerra en Guatemala, que buscan a los hijos de las secuestradas. Estos procesos, además de aportar evidencia, exponen el impacto emocional y social de décadas de separación forzada, así como la urgencia de mecanismos estatales que acompañen estas búsquedas.
El caso adquiere dimensión política actual debido a las denuncias sobre la presunta implicación de funcionarios públicos, incluida la Fiscal General de la República María Consuelo Porras Argueta, quien habría tenido un rol como tutora legal de menores en ese periodo. Aunque las acusaciones no han sido esclarecidas, la ONU advierte que cualquier proceso de nombramiento o reelección de autoridades debe considerar estas alegaciones.
Más allá del ámbito judicial, el tema reabre una herida social profunda: cientos de personas continúan buscando su identidad y a sus familias, mientras crece la presión nacional e internacional para esclarecer lo ocurrido. Para expertos y organizaciones, el desafío no es solo investigar el pasado, sino garantizar verdad, justicia y reparación en un caso que evidencia una deuda histórica con las familias de Guatemala.
Fuente : https://www.facebook.com/GuatemaltecosExiliadosCanada
