InicioNoticiaMinera canadiense reconoce responsabilidad por violaciones de derechos humanos en Guatemala, pero la amenaza a las comunidades locales persiste

Minera canadiense reconoce responsabilidad por violaciones de derechos humanos en Guatemala, pero la amenaza a las comunidades locales persiste

Minera canadiense reconoce responsabilidad por violencia contra opositores de la mina Escobal en Guatemala, pero la amenaza a las comunidades locales persiste

Después de cinco años de batalla legal en los tribunales de Columbia Británica, en Canadá, la empresa minera Pan American Silver, que en febrero del 2019 adquirió a la Tahoe Resources, finalmente tuvo que reconocer su responsabilidad y ofrecer una indemnización justa a las víctimas guatemaltecas de la violencia y represión minera.

El 30 de julio, por primera vez, una empresa minera canadiense admite públicamente ser responsable por la violación de derechos humanos de personas que se oponen a la mina Escobal, en Guatemala.

Sin embargo, días después de la sentencia contra Pan American Silver, el parlamento Xinka difundió la siguiente denuncia (8 de agosto 2019):

“El día de hoy quedó demostrado que existe un claro interés de los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas de beneficiar a Minera San Rafael.
(…)
El Ministro de Energía y Minas, el día de hoy tuvo el cinismo de anunciar el inicio de la preconsulta, SIN LA PRESENCIA de las autoridades del pueblo Xinka, en una reunión a la que convocó solamente a cuatro COCODES*, con la complicidad del alcalde de San Rafael las Flores, cuando la Corte de Constitucionalidad fue clara en resolver que los COCODES NO REPRESENTAN AL PUEBLO XINKA.

Los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y Minas y Minera San Rafael, reiteradamente han violado la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordenó que se nos debe consultar, situación que hemos denunciado ante la Corte Suprema de Justicia, que ha sido cómplice de dichas violaciones, pues ha guardado silencio y se niega a cumplir la función de contralora del proceso que le ordenó la Corte de Constitucionalidad.

Por lo anterior, hoy acudimos al Ministerio Público a denunciar penalmente a los dos ministros; y ante la Corte de Constitucionalidad, para que ordene de forma inmediata dar cumplimiento a su sentencia y que certifique lo penal conducente en contra de quienes abiertamente la han desobedecido.

No vamos a permitir que se continúen violando nuestros derechos y no vamos a descansar hasta que las instituciones cumplan con sus funciones.

Para entender el contexto del fallo de la Corte en Canadá

Desde 2014, el grupo canadiense Tahoe Resources está involucrado en una batalla legal en Canadá por eventos que ocurrieron el año anterior en la mina Escobal en el sureste de Guatemala.

En abril de 2013, guardias de seguridad en la mina de oro y plata, bajo el mando de Alberto Rotondo, abrieron fuego contra los manifestantes reunidos en una carretera fuera de la mina, admite ahora Pan American Silver Corp.
«Varias personas resultaron heridas durante los disparos», cuatro de ellas iniciaron una demanda civil contra Tahoe Resources en la Corte Suprema de Columbia Británica, exigiendo «justicia por la violación de sus derechos», dice la declaración de la empresa.

En 2014, la Corte Suprema de Columbia Británica rechazó la demanda. Pero en 2017, los demandantes apelaron y ganaron. El Tribunal de Apelación de Columbia Británica dictaminó que el caso debería ser escuchado en Canadá debido al riesgo de que no pudieran «obtener un juicio justo contra una poderosa multinacional» en Guatemala.
La Corte Suprema de Canadá luego se negó a escuchar una apelación final de Tahoe Resources.

«Esta es una victoria importante para nosotros y nuestra comunidad», dijo Luis Fernando García, uno de los demandantes citados en el comunicado de prensa. «Esto justifica nuestro derecho a continuar nuestra resistencia contra las operaciones mineras en nuestra comunidad.»

El caso contra Tahoe Resources abrió un precedente importante en Canadá, estableciendo que los tribunales canadienses son el foro privilegiado cuando las empresas canadienses cometen violaciones de derechos humanos, sobre todo cuando el tribunal extranjero (donde se produjo la violación) no demuestra ser capaz de brindar justicia a lxs demandantes. Los abogados señalan que la conclusión de este caso no afectará el proceso de consulta con el pueblo Xinka por orden judicial de la Corte Constitucional de Guatemala.

Representantes del Parlamento Xinka de Guatemala y de cinco municipios del área afectada por el proyecto expresaron su apoyo a los cuatro hombres involucrados en el caso.

Sin embargo, las comunidades advierten sobre las crecientes tensiones que podrían conducir a nuevas agresiones contra manifestantes pacíficxs.

Histórico de violencia

Desde 2010, más de 100 personas involucradas en la resistencia pacífica han enfrentado persecución legal. Días después del tiroteo de 2013, se impuso un estado de sitio de un mes en la región y se establecieron puestos militares para sofocar los referéndums locales y las protestas contra la mina. Más de cinco personas del movimiento de resistencia han sido asesinadas.

Desde que el tribunal ordenó la consulta con los pueblos indígenas Xinka en septiembre de 2018, la resistencia ha sufrido un fuerte aumento de las amenazas, incluidos los actos de provocación, criminalización y difamación por parte de grupos armados e individuos alineados con el proyecto. A principios de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Jiménez, y señaló que la suspensión de la mina Escobal y el proceso de consulta han aumentado la tensión y la hostilidad en la región, incluso amenazas de muerte contra Jiménez.

«Asumir la responsabilidad del tiroteo en 2013 es importante, pero no aborda las razones subyacentes por las cuales las personas se opusieron a este proyecto en primer lugar», dijo Ellen Moore, Campaña Internacional de Minería en Earthworks. «Lo que sería realmente recomendable es que Pan American Silver respetara las demandas de las comunidades y dejara de intentar reiniciar un proyecto arriesgado que no tiene licencia social para operar».

* Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE)

Fuentes:

Mining Watch Canada

Radio Canada International

Facebook del Parlamento Xinka

Video: https://www.facebook.com/parlamento.xinka.3/videos/575486989619592/

Foto: Simón Antonio (Prensa Comunitaria)