Publicado por MiningWatch Canada y Panama vale más sin minería, el 12 de mayo de 2025
Fecha límite para firmas: miércoles, 28 de mayo
Estimado Tristan Pascall y Robert Harding,
CC: Patricia Atkinson, Embajadora de Canadá en Panamá / Maninder Sidhu, Ministro de Comercio Internacional de Canadá
En 2018, la Corte Suprema de Justicia de Panamá falló que la aprobación del contrato original de la concesión para el desarrollo de la mina Cobre Panamá de First Quantum Minerals (FQM) violó cinco artículos de la Constitución panameña y era por tanto nulo e inválido. La fuente central de las violaciones era la falta de un proceso de licitación para la selección del beneficiario de la concesión. En 2021, la Corte desestimó una serie de escritos presentados por la empresa y el Ministerio de Comercio e Industrias contra esta decisión inapelable, afirmando el tribunal que se trataba de acciones dilatorias y contrarias a la Constitución panameña.
El Código de Recursos Minerales de Panamá establece taxativamente que las operaciones mineras pueden llevarse a cabo única y exclusivamente de conformidad con una concesión minera; sin embargo, el proyecto Cobre Panamá continuó operando hasta finales del 2023 sin concesión. Mientras tanto, FQM y el gobierno panameño negociaron un contrato que nuevamente sin licitación adjudicaba directamente la concesión minera a su filial Minera Panamá, en abierto desacato de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Las ilegalidades de su contrato y operaciones llevaron a la población panameña a las calles por 39 días en 2023 en una protesta nacional histórica contra FQM y la renegociación del contrato. Para asegurar a la población que la explotación minera no se extendería, el gobierno panameño declaró una moratoria contra nuevas concesiones mineras y prórrogas de contratos vencidos el 3 de noviembre de 2023. A finales de ese mes, el 28 de noviembre, la Corte Suprema de Panamá falló de manera unánime que el contrato minero era inconstitucional, violatorio de 25 artículos de la Constitución, resultando en la cancelación y suspensión de sus operaciones en Panamá.
El fallo de la Corte Suprema advierte, entre otras cosas, “que el impacto social, económico y ambiental que posee una mina a cielo abierto, como la que es objeto de concesión, tendrá afectaciones directas a un segmento de la población, en este caso, poblaciones rurales, asentamientos informales y campesinos, cuyo riesgo de daño ambiental es alto, producto de la actividad desarrollada”.
Según información del Ministerio de Ambiente, Minera Panamá ha sido sancionada por infracción ambientales en diez ocasiones y mantiene cinco procesos sancionatorios en curso. En uno de los procesos pendientes, por infracciones detectadas en tres inspecciones durante 2019, la empresa interpuso doce distintos recursos legales contra la apertura del proceso de sanción, lo cual se podría interpretar como un intento de obstaculizar el proceso.
En noviembre de 2023, FQM presentó una notificación de intento de iniciar arbitraje internacional. La empresa buscaba USD $20 miles de millones bajo el mecanismo de arbitraje de diferencia inversor-estado (ISDS por sus siglas en inglés) en el tratado de libre comercio Canadá-Panamá. Paralelamente Minera Panamá presentó arbitraje ante la Corte Comercial Internacional y varios de sus aliados también empezaron a notificar a Panamá de sus propias intenciones de demandar bajo el sistema ISDS.
Ahora, a pesar del fallo de inconstitucionalidad, se especula que se podría renovar el contrato de FQM. El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha declarado que su empresa tenía que cancelar la demanda ISDS como condición para negociar la reapertura de la mina. Justo el mes pasado, la compañía notificó a sus abogados de suspender el arbitraje contra Panamá para poder “discutir la reapertura de la mina”.
Los rumores de una posible reapertura ya han generado protestas, dejando claro que la sociedad civil sigue reafirmando que Panamá vale más sin minería. A finales de abril de 2025, el presidente empezó a hablar de la idea de una alianza entre el gobierno panameño y FQM para operar la mina. Miembros de la Asamblea Nacional, gremios, comunidades y organizaciones de la sociedad civil han rechazado esta posible reapertura, y en su lugar hacen un llamamiento al cierre definitivo. El Presidente Mulino también ha presentado la idea de “reabrir para cerrar” la mina, sin dar una clara explicación de cómo esto funcionaría o de porqué la mina tiene que ser reabierta para el proceso de cierre. Esta falta de esclarecimiento por parte del gobierno y FQM solo ha servido para generar más inestabilidad y descontento en el país, que ya está enfrentando una huelga nacional por el tema de reformas al seguro social y la minería.
Nos preocupa que FQM esté dispuesto a retomar las operaciones de la mina, violando nuevamente la Ley y las decisiones del Órgano Judicial. Ni el gobierno o su empresa han aclarado como un nuevo contrato sería diferente a los últimos dos, ambos declarados inconstitucionales. Si FQM no puede o no quiere seguir la constitución, leyes nacionales o regulaciones de Panamá, no debe operar en el país.
La población panameña pide que FQM desarrolle un proceso de cierre transparente y seguro, llevado a cabo en coordinación con el gobierno panameño. Según el informe ESG de 2023 de FQM, “nuestras propiedades cerradas utilizan una gestión comprensiva que incorpora la seguridad, el medio ambiente, comunidades y factores de costo para identificar riesgos y establecer metas específicas al sitio”. Agregando que, “el compromiso con las partes interesados locales” es uno de sus enfoques, algo que las comunidades en Panamá han estado pidiendo para el proceso de cierre.
Un informe publicado en diciembre de 2024 por el Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) concluye, que después de haber revisado el “Noveno Informe de Monitoreo” de la mina Cobre Panamá, la posibilidad de una falla en la presa de relaves es “de preocupación grave e inmediata”. También encontró que la mina ha generado drenaje ácido sin un sistema de monitoreo de agua adecuado en el sitio. En 2022, el gerente ejecutivo de FQM, Tristan Pascal, dijo que, “Todas las instalaciones de relaves de First Quantum cumplen con los estándares internacionales y son cuidadosamente gestionadas con controles operacionales, inspecciones habituales, y monitoreo cercano para mejorar su seguridad y reducir riesgo”. Sin embargo, como lo resalta el informe de ELAW, la mina Cobre Panamá no está en cumplimiento con las Normas GARD o el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera.
Nos preocupa que First Quantum Minerals esté utilizando el sistema ISDS para retrasar o detener reformas regulatorias que protegen a las comunidades o el ambiente de proyectos dañinos. A la vez, nos preocupa que la empresa esté utilizando este mecanismo para presionar al gobierno panameño a reabrir la mina. Varios representantes y expertos de las Naciones Unidas han advertido que el ISDS limita los esfuerzos de los Estados para combatir el cambio climático y respetar sus obligaciones con los derechos humanos.
En apoyo a la sociedad civil de Panamá, reiteramos sus demandas y hacemos un llamado a First Quantum Minerals a:
- Trabajar con el gobierno y la sociedad civil de Panamá para actualizar el plan de cierre de la mina Cobre Panamá que incluya el escenario de un cierre inmediato, definitivo y seguro, que cumpla con las normas ambientales y sociales más estrictas para el cierre de minas. Además, que FQM se responsabilice por los costos del cierre y el monitoreo de la mina.
- Abandonar definitivamente al arbitraje internacional contra Panamá. Estos casos suelen tener un efecto amedrentador en la habilidad de un país de respetar o implementar regulaciones ambientales, y ha sido denunciado por la ONU. En el caso de Cobre Panamá, el contrato de First Quantum ha sido declarado en violación de la Constitución panameña, y las consecuencias económicas de esto son la responsabilidad de la empresa, no del gobierno panameño.
- Respetar el fallo de la Corte Suprema de 2023 y las leyes nacionales de Panamá, tal como la moratoria minera. El gobierno panameño ha decidido que la minería no representa los mejores intereses del país y ha adoptado medidas para reflejar esto, First Quantum tiene que respetar estas decisiones y la Ley.
- Implementar y financiar un plan de remediación ambiental como parte del proceso de cierre de mina para asegurar la mejor recuperación posible para la región biodiversa donde se ubica la mina y comunidades cercanas.
- Permitir el proceso de sancionamiento por infracciones ambientales, y comprometerse a sólo interponer apelaciones si tiene evidencia de que una infracción no ocurrió.
Los y las panameños han expresado claramente que la mina Cobre Panamá no está alineada con su visión de país y de su economía. Es hora de que First Quantum respete la decisión de la Corte Suprema, la moratoria minera nacional, las demandas de cierre de comunidades aledañas y la sociedad civil. Como organizaciones internacionales nos sumamos a las demandas de panameños por un cierre seguro y por el abandono de la demanda ISDS.
Recursos adicionales sobre cierre de mina
La seguridad ante todo: Lineamientos para el manejo responsable de relaves
El cierre y la salida responsable: Un requerimiento para la justicia ambiental y climática en Latinoamérica
Firmen aquí : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB0sN2FAxIr6fdHKUh_73eGiFUk4TZw1wSCMDvCst_Yio3uQ/viewform
