Comunicado de prensa
Condenamos el «intento de golpe» del Presidente Nayib Bukele contra la Asamblea Legislativa de El Salvador y el asalto militar a nuestras instituciones democráticas.
Las diferentes concertaciones del movimiento social aquí presentes, ante el grave atentado contra la democracia que representa el ataque del Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa, ante la opinión pública nacional e internacional, expresamos lo siguiente:
1. Desde que inició su gobierno, el Presidente Nayib Bukele ha mostrado un estilo de anti-dialogante, autoritario y antidemocrático que se manifiesta en frecuentes atropellos a la libertad de expresión, restricciones al acceso a la información, violaciones del debido proceso y permanente confrontación con los demás órganos del Estado. En particular, contra la Asamblea Legislativa y los partidos políticos ahí representados, sobre todo contra el partido Alianza Republicana Nacionalista – ARENA y – más aún – contra su antiguo partido Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí – FMLN.
2. Tal actitud antidemocrática tocó fondo la semana pasada. Ante la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares cuyos destinos no están totalmente claros ni justificados. Bukele apeló ilegítimamente a disposiciones del artículo 167 de la Constitución de la República que no se aplican en este caso, pues el Consejo de Ministros sólo puede convocar a la Asamblea en momentos excepcionales y situaciones de emergencia, como guerras o catástrofes naturales. La invocación a esta facultad del Ejecutivo es, en este caso, ilegal, tal como lo sostienen todas las instancias que se han pronunciado al respecto: FESPAD (Fundación para el Estudio del Derecho Aplicado) PDDH (Oficina del Defensor del Pueblo de Defensa) y hasta FUSADES (Fundación Salvadoreño para el Desarrollo Económico y Social).
3. Igualmente reprobable es el llamado presidencial a la insurrección, tal como lo expresó el ex procurador de derechos humanos David Morales; este derecho, consagrado en el artículo 87 de nuestra Carta Magna, es para el pueblo, cuando los gobernantes violentan el orden constitucional, y no al revés. Bukele (un presidente electo) no puede llamar a la insurrección, es el pueblo el que va tener que ejercer este derecho si el presidente Bukele continúa su comportamiento autoritario, antidemocrático y violatorio del orden constitucional del país.
4. Aún más despreciable es la militarización, la ocupación violenta y la «profanación» del recinto de la Asamblea Legislativa por el Presidente Bukele y sus secuaces. Las imágenes de soldados y policías invadiendo la Sala Azul de la Asamblea Legislativa retraen el pasado dictatorial y represivo que la democracia milenial del Presidente busca reeditar. El «performance» bukeleniano incluyó una violación flagrante al carácter laico del Estado: el presidente se comunicó con Dios, superando al mejor estilo de la presidenta golpista boliviana Jeanine Añez, que entró con la Biblia en el Palacio de Gobierno.
5. Lo actuado por el Presidente Bukele constituye una gravísima violación a la institucionalidad, significa una ruptura del orden constitucional y representa un golpe contra la democracia. Por lo tanto, las organizaciones populares de El Salvador condenan y denuncian este grave retroceso en la historia nacional. Exigimos que esto no quede impune, por lo que pedimos que la Fiscalía General de la República investigue los delitos cometidos por el Presidente. Por último, exigimos que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le remarque los límites constitucionales al Presidente.
6. En sintonía con el llamado de diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, exhortamos al diálogo Ejecutivo-Asamblea Legislativa y a la búsqueda de acuerdos nacionales, no sólo financiamiento de la seguridad pública, sino también para aprobar la Ley General de Aguas, desprivatizar el sistema de pensiones, aprobar reforma fiscal progresiva, donde “paguen más quienes tienen más” y otros temas urgentes de país en los que, por cierto, el Ejecutivo no ha mostrado interés ni reclamado a la Asamblea por su aprobación.
7. Exigimos al Presidente Bukele cumplir su función constitucional de procurar la paz y la armonía social; y no utilizar el respaldo popular para «aventuras golpistas» y derivas autoritarias, sino para profundizar la democracia y enfrentar responsablemente los problemas estructurales del país mediante el diálogo, permitiendo la participación ciudadana, respetando la institucionalidad y garantizando el Estado de derecho.
8. Finalmente, llamamos a todas las organizaciones progresistas, a los sectores democráticos y a la población en general para que estén atentos a defender la democracia y a exigir transformaciones estructurales orientadas a desmontar el modelo económico neoliberal.
Las organizaciones nacionales firmantes:
Alianza contra la Privatización del Agua, Mesa por la soberanía alimentaria, Movimiento de ONGs para el Desarrollo Solidario de El Salvador Desarrollo de El Salvador, MODES), Mesa Permanente Para la Gestión de Riesgo en El Salvador (MPGR, Junta Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador), Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales y La Vía Campesina.
San Salvador, 10 de febrero de 2020.
Foto: Rodrigo Sura (EFE) en El País
