Artículo original redactado por Emily Taylor y Angélica Macario
Angélica Macario es una activista comprometida con la defensa de los derechos humanos desde hace más de veinte años. Ella continúa un legado de lucha iniciado por su padre y una docena de otros activistas en la década de 1980. Desde 2003, se encarga de la preservación de los archivos de las Comunidades Étnicas Runujel Junam (Consejo de las Comunidades Étnicas Runujel Junam, CERJ), una organización comunitaria fundada en 1988 para resistir el genocidio patrocinado por el Estado.
Angélica creció en Chulumal Cuarto, en el departamento de El Quiché. En esa época, la región enfrentaba una violenta campaña de contrainsurgencia apoyada por el Estado. Según el informe de la ONU titulado Memoria del Silencio, se produjeron más de 344 masacres en este departamento. El informe indica también que el 45 % de las violaciones a los derechos humanos ocurrieron durante el conflicto armado de 36 años. Entre 1960 y 1996, más de 200,000 personas fueron asesinadas y más de un millón desplazadas. El informe concluye que el gobierno de Guatemala cometió un genocidio contra las poblaciones indígenas mayas.
«Los archivos del CERJ cuentan la historia de la resistencia maya frente a este genocidio perpetrado por el Estado en más de 80 cajas». Estos archivos incluyen informes policiales, panfletos y diversos documentos que evidencian los esfuerzos del grupo para promover la democracia en Guatemala. Hoy, Angélica y sus colegas «procesan y digitalizan los archivos históricos del CERJ para salvar y preservar el legado del grupo, y continuar la lucha por la memoria histórica y la justicia social en Guatemala, a pesar de los obstáculos institucionales y personales».
Memoria, justicia y resistencia indígena en Guatemala
«Los archivos del CERJ relatan la historia de la resistencia maya frente a este genocidio cometido por el Estado en más de 80 cajas de actas de reuniones, informes policiales, folletos y panfletos».
Angélica fue criada en tradiciones de resistencia indígena y solidaridad comunitaria. Junto a su padre, Don Eusebio Macario, participó en manifestaciones denunciando las acciones de la contrainsurgencia apoyada por el Estado, incluyendo las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Las PAC fueron creadas a comienzos de la década de 1980 por los generales Lucas García y Ríos Montt para combatir los movimientos insurgentes del país. Poco después de su creación, se convirtieron en un mecanismo central de la violencia que condujo al genocidio. Los jefes militares obligaron a los hombres indígenas de entre 15 y 65 años a cumplir turnos de 24 horas semanales patrullando el campo en busca de supuestos «subversivos». El ejército utilizaba este término de manera muy amplia, incluyendo no solo a miembros de la guerrilla, sino también a catequistas católicos, líderes de cooperativas y, finalmente, a comunidades étnicas enteras. Bajo las órdenes militares, estos hombres a veces eran obligados a torturar o matar a sus amigos, familiares y vecinos. Los que se negaban eran acusados de simpatías subversivas y podían ser ejecutados de inmediato.
Frente a esta situación, a fines de la década de 1980, Don Eusebio Macario cofundó el CERJ junto a otros líderes de la comunidad maya K’iche’ para oponerse a las PAC. A pesar de un contexto en el que los movimientos de oposición eran fuertemente reprimidos, organizaron manifestaciones y marchas. El CERJ también trabajó junto a organizaciones aliadas como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) para reactivar la sociedad civil y exigir que el Estado respondiera por los crímenes cometidos. Los líderes y miembros del CERJ eran constantemente vigilados y amenazados por agentes del Estado. En 1989, varios miembros del CERJ —Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis— fueron secuestrados y desaparecidos a manos de agentes estatales.
Amílcar Méndez, también activista en defensa de los derechos humanos, trabajó junto a Don Eusebio Macario en la creación y dirección de la organización. Explica que «el CERJ era una especie de defensor de los derechos humanos para las comunidades indígenas, que constituían la población que verdaderamente sufrió durante el conflicto armado». Añade: «El CERJ nació de una necesidad urgente; nació del miedo y del terror que vivían estas comunidades. Querían defenderse de alguna manera». Fueron reconocidos por su importante labor en derechos humanos, incluyendo por el Centro Robert F. Kennedy y el Premio Carter-Menil de Derechos Humanos. Incluso después de la firma de los acuerdos de paz en 1996, el CERJ continuó su trabajo para obtener reparaciones para los sobrevivientes del genocidio y denunciar las persistentes violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, la firma del acuerdo de paz no trajo una paz duradera. El 27 de septiembre de 2003, Don Eusebio Macario fue asesinado por un antiguo jefe de las PAC, asociado al partido político de Ríos Montt, el Frente Republicano Guatemalteco. Según Amnistía Internacional, Don Eusebio había recibido varias amenazas antes de su muerte. La organización incluso había emitido una alerta urgente sobre la seguridad de Angélica, Don Amílcar y otros miembros del CERJ. Tras este asesinato, el CERJ decidió cerrar sus oficinas, y Angélica asumió la custodia de los archivos de la organización para garantizar su preservación. Hoy, Don Amílcar continúa la lucha por justicia para sus compañeros, incluyendo mediante procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En noviembre de 2024, la Corte reconoció al Estado guatemalteco culpable de la desaparición forzada de cuatro líderes del CERJ en 1989. En una ceremonia en el Palacio Nacional en diciembre de 2025, el presidente Arévalo presentó disculpas oficiales por estas desapariciones.
Una lucha que está lejos de terminar
Para Angélica, su lucha permanente por la justicia y el reconocimiento de responsabilidades honra la memoria de su padre. «Era consciente de lo que poseía la organización, del valor de estos documentos. Sabía que podrían ser útiles para la generación futura, que ignora todo lo que vivimos», declaró. «Me di cuenta de que ni siquiera los maestros contaban estas historias, a diferencia de mi familia, donde hablamos de todo lo que pasó en este país», agregó.
Desde 2003, Angélica trabaja con miembros de la comunidad y organizaciones no gubernamentales para preservar estos archivos. Marcia Esparza, profesora en John Jay College of Criminal Justice, ha jugado un papel importante en su preservación. Señala que «son pruebas de que el ejército perpetró un genocidio». La Dra. Esparza también está escribiendo un libro para niños titulado La Historia de Angélica, con el fin de transmitir a las futuras generaciones la historia del conflicto armado interno y la lucha de las comunidades indígenas por el acceso a la justicia.
Los archivos ahora se encuentran en las instalaciones de una reconocida organización de derechos humanos en Guatemala. Aunque esta solución no es permanente, ha permitido al equipo llevar a cabo el importante trabajo de organización, preservación y digitalización de este esencial fragmento de la historia guatemalteca.
En 2024, el equipo de archivos del CERJ, en colaboración con la Fundación Suiza para la Paz, recibió una beca del programa Endangered Archives de la UCLA para financiar la organización y digitalización de los documentos. El objetivo es hacer accesibles estos archivos a los sobrevivientes del genocidio, investigadores y futuras generaciones de guatemaltecos interesados en comprender mejor el conflicto armado interno, el proceso de paz, los derechos humanos, la resistencia indígena y campesina, así como las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en Guatemala.
Un homenaje a la historia de Guatemala
Tras el descubrimiento en 2005 del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) en un antiguo edificio ubicado en una base policial en la Ciudad de Guatemala, que contenía millones de documentos sobre los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto armado interno, varios activistas se movilizaron para preservar estas pruebas. Estos archivos fueron esenciales para la condena de antiguos altos responsables militares, incluyendo al exjefe del Estado Mayor del ejército, Benedicto Lucas García.
Sin embargo, el AHPN fue progresivamente silenciado. La toma de control de los archivos por parte del ejército en 2018 provocó el despido de la mayoría del personal y el cierre de facto de las colecciones para investigadores y activistas. Paralelamente, otros eventos preocupantes, como el juicio y encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora, convirtieron la represión del AHPN en un síntoma de lo que muchos observadores consideran un retroceso en los esfuerzos de memoria histórica en el país.
Frente a esta represión, los archivos del CERJ esperan mantener vivo el legado del AHPN. Tres de los cuatro miembros del personal de los archivos del CERJ comenzaron su carrera precisamente en el AHPN. Para Ana Virginia Lucero, una de ellas, «el AHPN era un verdadero semillero de especialistas en archivos de derechos humanos». El cierre de estos archivos, explica, se compensa en parte con el trabajo de otras instituciones, como los archivos históricos del CERJ, que continúan los esfuerzos de preservación de la memoria y documentación de violaciones de derechos humanos.
Las dificultades que enfrentan los archivos del CIRJ son sorprendentes: por primera vez en décadas, el país está gobernado por un gobierno progresista. En 2023, el diputado de centroizquierda Bernardo Arévalo ganó la presidencia en una destacada victoria electoral.
Aunque su administración ha dado pasos importantes para reconocer los errores cometidos por el Estado en la historia del país, ha sido constantemente obstaculizada por los ataques de la fiscal general Consuelo Porras contra los procesos y estructuras democráticas. Porras, elegida en 2018 y reelegida en 2022, decidió perseguir a instituciones como el AHPN mediante investigaciones y procesos judiciales, facilitando así el control militar sobre archivos vinculados a los derechos humanos.
En este mismo contexto, los archivos continúan sufriendo intimidación y dificultades financieras. Otro beneficiario del programa Archives en peligro, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, fue allanada y saqueada por actores desconocidos en febrero de 2024. Este evento constituye un mensaje bastante claro para los activistas de derechos humanos tras la inauguración de Arévalo.
Por su parte, Angélica ha enfrentado varias amenazas. En 2008, sobrevivió a un intento de linchamiento mientras participaba en la exhumación de víctimas del conflicto armado en Chichicastenango. A pesar de estas amenazas, sigue defendiendo los archivos, su preservación y la memoria histórica en Guatemala. También continúa su lucha por obtener justicia para su padre y para otras víctimas del conflicto interno.
«A pesar de todo lo que he vivido, no he dejado de luchar, porque aunque sean experiencias difíciles, también es muy hermoso poder ayudar a los vecinos», declaró.
Traducido por Yohan Leclerc
Fuente: https://nacla.org/guatemalas-ongoing-memory-battles/
