Artículo inicial redactado por Émilie Delfino
Un conflicto comercial, económico y político enfrenta actualmente a Ecuador y Colombia debido a divergencias sobre las tarifas energéticas. La política de seguridad de Daniel Noboa ha fracasado, lo que ha contribuido a la escalada de tensiones entre ambos países. Según Alberto Acosta, Noboa, quien preside Ecuador, mantiene vínculos estrechos con Estados Unidos y es incapaz de luchar contra el crimen organizado en su propio país.
«Noboa reprocha a Colombia la falta de seguridad en la frontera, en un contexto de violencia alimentada por los carteles de la droga, también implicados en la explotación aurífera ilegal en ambos países». Noboa ha impuesto aranceles del 30 % y un aumento del 900 % en el costo del transporte de petróleo crudo colombiano a través del sistema del oleoducto transecuatoriano.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, reaccionó a estas medidas suspendiendo la venta de electricidad a Ecuador, lo que podría agravar la crisis energética que afecta a ese país.
El crimen organizado sigue creciendo en ambos países debido a la explotación minera aurífera ilegal. Aunque se intentan operaciones militares en los sitios, Acosta sostiene que «la explotación minera ilegal tiene vínculos con el gobierno, con la minería legal, y ahora está ampliamente controlada por el crimen organizado».
Las tensiones entre Ecuador y Colombia: ¿cuáles son sus causas?
El núcleo de este conflicto es bastante difícil de comprender y aceptar. Noboa decidió instaurar un impuesto de seguridad, aumentando así en un 30 % los aranceles sobre los productos importados de Colombia. Argumentó que Colombia no había logrado asegurar su frontera sur, permitiendo una afluencia masiva de personas y recursos vinculados al tráfico de drogas. Señala que Ecuador tiene un déficit comercial con Colombia, ya que importa considerablemente más mercancías de ese país de las que exporta. Por lo tanto, es necesario cuestionar la utilidad de las medidas adoptadas por ambos países, que tienen el efecto de obstaculizar su situación económica.
Las repercusiones de la crisis actual en Ecuador
Si las exportaciones aumentan en el país importador, enfrentamos un proceso inflacionario. Esto abre la puerta a actividades ilícitas, como el contrabando, que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado. Este no se limita únicamente al tráfico de drogas. También afecta a varias empresas que proporcionan acceso a estos recursos. El contrabando ha sido durante mucho tiempo un terreno fértil para el crimen organizado, pero hoy podría expandirse aún más.
El aumento de los aranceles impuestos por Colombia a Ecuador es muy preocupante, ya que aproximadamente el 60 % de las importaciones colombianas están destinadas a la producción ecuatoriana.
Ambos países, que han colaborado durante décadas para lograr una economía próspera, corren el riesgo de ver deteriorarse su relación económica. ¿Cuáles podrían ser los impactos en las cadenas de producción colombianas, que dependen del aceite de palma ecuatoriano para parte de su suministro? Las prácticas comerciales están, por lo tanto, amenazadas.
Estos dos países comparten mucho más que una relación económica. Están unidos por vínculos culturales. La integración regional sufre un duro golpe debido a esta disputa.
«—En su opinión, ¿por qué Noboa tomó esta decisión?
—Me pregunto si una medida así era realmente necesaria por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa. La respuesta es no. Estoy convencido de que, detrás de esta guerra comercial con Colombia, Noboa busca un chivo expiatorio externo para ocultar el fracaso evidente e indiscutible de su política de seguridad frente al crimen organizado».
La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 47 a más de 51 bajo el mandato de Noboa. Esto, a pesar de la declaración de un conflicto armado interno, la movilización de las fuerzas armadas y la policía, y el desprecio del marco institucional de los derechos humanos. Se promueve una legislación más represiva, así como una forma de populismo penal. Se movilizan recursos de todo tipo para sostener este conflicto armado interno. Este fracaso del gobierno lo llevó, por lo tanto, a atribuir esta inseguridad a Colombia.
«En este contexto, se han iniciado discusiones sobre la posibilidad de organizar una elección revocatoria contra el presidente Daniel Noboa. La Constitución lo prevé: todo funcionario electo puede ser revocado desde el primer hasta el último año de su tercer año de mandato. Varios grupos, movimientos sociales y partidos políticos ya promueven esta idea, especialmente en diferentes provincias. Asociaciones y grupos se están organizando para impulsar el proceso de revocatoria».
Guerra comercial e impacto ambiental
Colombia proporciona una cantidad considerable de electricidad a Ecuador, compensando así su déficit energético. En ocasiones, Ecuador exporta energía a Colombia. Sin embargo, si Colombia interrumpe sus exportaciones, esto podría provocar una crisis en el país, obligándolo a depender de sus reservas hidráulicas y a recurrir a la energía térmica, que es altamente contaminante.
Entre comunidad y crimen organizado
La explotación minera no se limita a la frontera entre Colombia y Ecuador; está extendida por todo el país, incluso dentro del propio gobierno. De hecho, desde hace muchos años, los sitios ilícitos son conocidos por las autoridades, que incluso los han integrado en su plan nacional de desarrollo del sector minero, publicado en 2020. Existe complicidad entre los sitios ilegales y las diferentes administraciones, lo que explica que no se haya tomado ninguna medida para su cierre.
El gobierno intenta restablecer el equilibrio mediante la Agencia de Regulación Minera. Procede a despidos y se apoya en los medios de comunicación para desmantelar campamentos ilegales. Sin embargo, como se ha observado en los últimos cinco años, ha habido un aumento significativo del crimen organizado en estos sectores. La minería ilegal y la legal trabajan de la mano en la compra de materiales. En este sistema complejo, la complicidad del Estado sigue presente.
«La explotación minera ilegal mantiene vínculos con el gobierno y la minería legal, y hoy está ampliamente controlada por el crimen organizado. Además, toda explotación minera legal autorizada por el gobierno se basa en fundamentos jurídicos cuestionables y no respeta varias disposiciones constitucionales. La situación es muy compleja».
¿Es una buena idea la reforma de las leyes mineras?
El proyecto de ley tiene como objetivo reforzar el control para combatir el crimen organizado y la explotación minera ilegal, garantizar garantías jurídicas mínimas, superar la fragmentación del marco jurídico actual y fortalecer los sectores clave de la energía y la minería. «En la práctica, el principal objetivo del gobierno es expandir y acelerar la actividad minera en el país para generar más ingresos. Quieren simplificar las autorizaciones ambientales». Al contemplar una autorización ambiental para el conjunto del desarrollo de un gran proyecto minero, incluida la clausura de varias minas, el objetivo es simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la concesión de permisos.
Los ministerios de Medio Ambiente y de Energía y Minas se fusionaron para convertirse en el Ministerio de Medio Ambiente y Energía. Esta decisión pone de relieve la importancia del medio ambiente en relación con la energía y la explotación minera.
«Se establecerán polos mineros completos: una especie de zona estratégica donde la actividad minera recibiría un trato preferencial. Sería una especie de Estado dentro del Estado. En estos territorios, prevalecería la voluntad de las empresas mineras, vinculadas mediante relaciones de corrupción con las autoridades gubernamentales. Y cuando se habla de territorios de carácter estratégico, se abre la puerta al control militar de estas zonas. Como resultado, los conflictos sociales se intensificarán con la creciente militarización».
No hay ninguna mención en el proyecto de ley que indique que todos los proyectos mineros deben cumplir con las disposiciones de la Constitución: «consulta previa, libre e informada, consulta ambiental, consulta prelegislativa, así como la prohibición de la explotación minera en los páramos y las fuentes de agua», establecidas en 2008 en la asamblea constituyente de Montecristi. Esto tendrá importantes repercusiones en los derechos humanos y en los derechos de la naturaleza.
«—Diría que en algunos sectores la respuesta sigue siendo clara y categórica, pero en amplias partes de la sociedad, la conciencia de lo que esto representa sigue siendo muy limitada.
—En cuanto a los defensores del medio ambiente y de la tierra, en este contexto de militarización de la política en Ecuador, ¿hasta qué punto se ha vuelto difícil ser un defensor del medio ambiente y de la tierra en su país?
—Siempre ha sido difícil. Ahora es mucho más difícil, porque crea una situación de gran vulnerabilidad. No solo porque el gobierno lleva a cabo una política represiva contra quienes defienden sus territorios para impedir la explotación minera, sino también porque el crimen organizado comienza a establecerse con fuerza en este contexto».
Traducido por Yohan Leclerc
fuente: https://es.mongabay.com/2026/02/la-mineria-ilegal-no-solo-esta-en-la-frontera-con-colombia-esta-en-todo-ecuador-entrevista/
