A casi un mes de la posesión del gobierno progresista en Colombia, se inició la primera disputa entre algunos sectores de los movimientos sociales de abajo y el nuevo gobierno. ¿El tema central? La tierra, su posesión y las históricas luchas que se tejen en diversos territorios rurales del país.
El pasado 30 de agosto se llevó a cabo la rueda de prensa del gobierno nacional sobre lo que denominaron “invasión de predios”. ¿Quiénes participaron? Altos funcionarios como la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de agricultura y desarrollo, rural Cecilia López, el ministro del interior, Alfonso Prada, Iván Velásquez, ministro de Defensa, y el director de la unidad de restitución de tierras Giovani Yule. Lo allí expresado dejó muchos sinsabores y despertó la primera disputa abierta entre algunos sectores de los movimientos sociales de abajo contra el gobierno progresista.
Acomodarse al tiempo institucional
Aunque el discurso del gobierno de alguna manera trató de ser “conciliador”, en el fondo y sin enrojecimiento alguno, dio por entendido que todas las luchas históricas debían detenerse y esperar a que los tiempos y ritmos institucionales solucionen las problemáticas en términos agrarios, pues, de mantenerse podrían obstaculizar las apuestas de la reforma agraria integral que prometió el gobierno. Fue como escuchar: “confíen en nosotros, dennos tiempo y sus problemas serán solucionados”.
Así como trataron de ser amables, también mostraron sus rostros de violencia y represión, pues dieron un plazo de 48 horas para abandonar las “invasiones de los predios”, criminalizando y deslegitimando así las luchas populares de los despojados de la tierra, que han llevado a cabo estos ejercicios de recuperación/liberación de tierras contra los más aterradores y sanguinarios poderes en Colombia a lo largo de la historia.
No es de sorprender que los funcionarios en ningún momento tocaron el tema central que ha atizado los conflictos más profundos de carácter político y armado en el país: la concentración de las tierras más fértiles en las manos de unos pocos terratenientes y multinacionales que saquean y se apropian a la fuerza las tierras de los campesinos, indígenas y pueblos negros. No. Este tema no se toca porque el problema principal en este momento para el gobierno son los “invasores” que atentan contra la propiedad privada.
Continúan las amenazas
Así como no se tocaron los temas centrales del problema de la tierra, tampoco se denunciaron ni trataron asuntos como la conformación de los denominados “grupos de reacción solidaria” impulsados por los ganaderos de Fedegan, que podrían interpretarse como un fortalecimiento de las estructuras paramilitares en el país.
Del mismo modo, no se tocaron temas como el continuado proceso de hostigamiento y amenaza contra los procesos sociales y sus liderazgos por parte de estructuras armadas, que no se detienen y que el domingo 21 de agosto en la vereda Santa Rosa del Municipio de Caloto, Cauca, atentaron contra Rosana Mejía Caicedo, mayor autoridad de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), a quien le dispararon con arma de fuego en su vivienda familiar donde se encontraba.
Así mismo, el día que se escribe esta nota (6 de septiembre) el CRIC denunció que fueron amenazados diferentes liderazgos de su organización por parte de las denominadas Águilas Negras, bloque Suroccidente colombiano, quienes supuestamente dicen “Defender la soberanía del país, la democracia, el desarrollo económico del país y el orden público”.
Dignidad rebelde
Las respuestas por parte de algunos sectores de los movimientos sociales de abajo no se hicieron esperar y se dieron de manera contundente. En el Cauca, 48 horas después de las declaraciones del gobierno y luego del ataque de la fuerza pública que intentó desalojarlos, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, publicó una carta donde dijeron: “le mandamos a decir al gran jefe que NO vamos a desalojar, que aquí en estas tierras nos quedamos porque esta es nuestra casa para vivir y luchar”.
Por su parte, el Coordinador Nacional Agrario en un comunicado sostuvo que: “le aclaramos al Gobierno Nacional que no somos los invasores, estamos recuperando la tierra como parte de lo que nos han robado durante décadas los terratenientes criollos y el capital transnacional, y que ningún gobierno ha hecho gestiones para impedirlo. Por lo tanto, nos toca hacerlo por nuestros propios medios, aunque nos cueste la vida y la libertad”.
Este escenario de no plegarse o agachar la cabeza al gobierno progresista es complejo para los movimientos de abajo y debe encender las alarmas, pues el reflejo más cercano es el del hermano país de Chile. Allí los territorios de WallMapu, donde se asienta la Coordinadora Arauco Malleko (CAM), una de las principales organizaciones anticapitalistas Mapuche, fueron declarados en estado de emergencia y posteriormente militarizados. Así mismo el histórico líder Héctor Llaitul fue encarcelado por el gobierno de Boric y se justifica todo a través de la “legalidad jurídica”.
El claroscuro que atravesamos
En medio de este escenario dos cosas son claras, en primer lugar, este es un gobierno progresista y por tanto no realizará reformas estructurales como las que imaginamos desde abajo, pues el Pacto Histórico está cimentado entre múltiples sectores políticos de carácter alternativos y tradicionales del país que se niegan a un cambio real. En segundo lugar, es claro que este gobierno es mucho más llevadero que vivir de nuevo un régimen como el uribista, por tanto, las críticas que se plantean deberían ser asumidas como un aporte para construir más no destruir al gobierno.
Ante esta realidad, una tarea imprescindible para las y los de abajo es la de fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias a lo largo y ancho del país. Aprendiendo las lecciones del continente, la hora del progresismo en Colombia debería ser un tiempo para salir fortalecidos y con capacidades organizativas nunca antes vistas. De no ser así, repetiremos los errores de otros hermanos países. Por tanto, sigue siendo urgente e imprescindible convocar y realizar un evento autónomo de movimientos sociales en el país, donde se trabaje en una agenda y ruta propia que vaya más allá de lo institucional.
Encontrar este horizonte, nos hará entender que convertir el país en una “potencia mundial de la vida” a través de “desarrollar el capitalismo el Colombia”, es una contradicción supremamente transcendental. Pues desde nuestra mirada, capitalismo y vida son conceptos opuestos, ya que lo único que genera el capitalismo son desigualdades delirantes gracias a su modelo de producción y de circulación sin límite, donde unos pocos se benefician a costa de las mayorías que trabajan sin descanso para sobrevivir, mientras millones padecen el empobrecimiento, las angustias del hambre y del rebusque diario. Capitalismo es sinónimo de muerte e implica el beneficio individual, invita al “sálvese quien pueda y como pueda”, mientras que la vida es lo opuesto, es la construcción colectiva, comunitaria, el entrelazamiento del conjunto para el bienestar común en el planeta.
Artículo publicado el 7 de septiembre de 2022 en Desinformémonos (Felipe Martinez)
