El ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán deberá transparentar su participación y financiamiento en apoyo a la Minera Gorrión SA de CV, filial de la empresa canadiense Almaden Minerals para que celebrara la reunión pública para exponer el Proyecto Minero Ixtaca, que planea la extracción de oro y plata a cielo abierto en el municipio.
Así fue ordenado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Itaipue) al revocar el recurso de revisión RR678/2019 contra el ayuntamiento, sujeto obligado que se negó a responder la solicitud de información pública interpuesta por un ciudadano.
En la sesión ordinaria 20 celebrada este miércoles, comisionados en el pleno votaron de manera unánime para que el ayuntamiento revelara y desglosara con detalle qué rubro del presupuesto del ayuntamiento fue usado al servicio del acto convocado por la Semarnat sobre el proyecto minero Ixtaca, promovente Minera Gorrión SA de CV, el pasado 25 de junio de 2019.
Por lo que deberá entregar al ciudadano copia de las facturas y comprobantes de la compra y renta de sonido, sillas, mesas, muebles, transporte de personal y funcionarios de la Semarnat, alimentos, pago de honorarios de seguridad pública o privada y de todos los gastos financiados por el sujeto obligado para el desarrollo de la reunión.
En la solicitud de información pública, el ciudadano solicitó que en caso de que el dinero haya sido entregado directamente a Semarnat, especificar a quien o quienes fue entregado y entregar copia de los respectivos comprobantes del traspaso.
También deberá explicar con claridad de dónde provino el recurso del ayuntamiento para tal financiamiento, es decir de quien o quienes lo recibió, cuál fue su origen (fechas, personas físicas o morales y comprobantes de entrega) y explicar cómo obtuvo el sujeto obligado ese dinero que más tarde sería destinado a la financiación de la reunión pública.
La comisionada Gabriela Sierra en el desarrollo de su ponencia reveló que la Semarnat no dio respuesta a la solicitud del ciudadano con número de folio 00975719, por lo que se solicitó el informe justificado al ayuntamiento de Ixtacamaxtitlán pero que tampoco atendió.
Sierra dijo que a la presidencia se le impondrá una medida de apremio y propuso dar vista a la Contraloría del sujeto obligado a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
Reunión pública plagada de irregularidades
Defensores de la tierra y el agua, así como diferentes organizaciones denunciaron que la reunión informativa “Proyecto de Explotación y Beneficio de Minerales Ixtaca”, realizada el martes 25 de junio en el auditorio de la comunidad de Santa María Zotoltepec, que debió cumplir con su carácter de evaluación de la manifestación de impacto ambiental tuvo más bien un carácter de confrontación en un esquema de mitin político, pues la empresa llevó camiones de acarreados uniformados que aplaudieron a empresarios.
Entre las irregularidades fue expuesto que la empresa vigiló las actividades con un dron e incluso se contó con presencia policiaca, amedrentando a quienes se oponen a los “proyectos de muerte”.
Denunciaron que en lugar de ser una reunión informativa de la mitigación de los daños de la minera, se trató de un acto al estilo proselitista o de una campaña electoral: las personas llevadas por la empresa minera portaban gorras y playeras de color amarillo, el mismo que identifica a la empresa, con leyendas como “Sí a la mina”, “Sí al proyecto Ixtaca”, “Sí al trabajo”.
Activistas consideraron que la reunión fue una propaganda humana, con actos de manipulación y propaganda de la minera, pese a estos actos la Semarnat validó esa reunión que estuvo plagada de irregularidades; y aún así estableció que a partir de esa fecha se iniciaba el conteo de 30 días hábiles para el fallo final sobre la instalación de la mina en el Ixtacamaxtitlán.
Defensores insisten que esta mina afectarán a las más de 250 mil personas que habitan la subcuenca del río Apulco, que también pertenece a la cuenca del río Tecolutla, clasificada por la Conabio como una región hidrológica prioritaria.
Foto: La Jornada
