Artículo original redactado por Émilia Delfino
Los recientes arrestos y decisiones judiciales contra los líderes y autoridades indígenas de Huehuetenango han reavivado el conflicto territorial en torno a los megaproyectos.
Los defensores y líderes indígenas advierten que los procesos de criminalización se han vuelto más brutales, incluso cuando no existe fundamento ni prueba contra las personas que defienden el territorio.
El gobierno plurinacional indígena de Q’anjob’al, Chuj y Akateko ha registrado actualmente al menos cuatro casos de criminalización que involucran a más de 60 personas.
Los procedimientos de criminalización se multiplican en un contexto de reforma judicial que ha entrado en conflicto con el presidente Bernardo Arévalo.
Francisco Mateo Mateo fue detenido hace tres semanas mientras compraba maíz para revenderlo en su comunidad, el pueblo de Pojom. Defensor de la tierra y comerciante guatemalteco, fue acusado de un asesinato cometido en 2014, en un contexto en el que un intento de imponer un proyecto hidroeléctrico provocó un conflicto socioambiental en Yich’kisis, una región de San Mateo Ixtatán, en el departamento de Huehuetenango. Su caso es solo un ejemplo entre muchos que ilustran la intensificación de la criminalización de los líderes indígenas en el país.
La Corte Constitucional de Guatemala (CC) rechazó un recurso presentado por Rigoberto Juárez Mateo y Bernardo Ermitaño López Reyes, autoridades indígenas del territorio maya Q’anjob’al de Santa Cruz Barillas, quienes habían llevado a cabo acciones de protesta y mediación contra un proyecto hidroeléctrico, también en Huehuetenango. Confirmó sus respectivas penas de ocho y veinticuatro años de prisión, en el marco de un proceso que organizaciones y defensores calificaron de ilegal una semana antes.
Estas decisiones judiciales contra líderes comunitarios en Guatemala muestran el contexto crítico al que se enfrentan las comunidades y sus defensores que rechazan la imposición de megaproyectos en sus territorios, según las organizaciones de la sociedad civil. Se inscriben además en un contexto de reforma judicial en curso, marcado por una crisis política alimentada por alegaciones de corrupción y tensiones con el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo.
Un conflicto histórico con las centrales hidroeléctricas
Guatemala atraviesa un período político marcado por una lucha de poder entre el sistema judicial y el presidente Arévalo, tras intentos de obstaculizar la transición política mediante procedimientos judiciales e investigaciones dirigidas al jefe de Estado.
Estas tensiones se reflejan en los territorios indígenas, principales bastiones de Movimiento Semilla, el partido político del presidente, que contribuyó a su victoria electoral y a su acceso a la presidencia en 2024.
Abogados y defensores de los líderes señalan que la creciente criminalización coincide con esta lucha de poder, aunque no sea necesariamente una consecuencia directa. Recuerdan que esta criminalización se remonta a los acuerdos de paz de 1996, que marcaron el fin del conflicto armado en Guatemala y favorecieron la expansión de las industrias extractivas, como proyectos hidroeléctricos, minería, monocultivos y explotación petrolera.
Frente a la llegada de las compañías hidroeléctricas al departamento de Huehuetenango, las comunidades Q’anjob’al, Chuj y Akateko organizaron consultas comunitarias para expresar su posición sobre estos proyectos, que finalmente rechazaron. Según Adaluz García, colaboradora del Gobierno plurinacional en la región, este rechazo provocó una ola de persecuciones y amenazas contra los líderes comunitarios.
«En todas las consultas comunitarias, el resultado fue un rechazo categórico a los proyectos extractivos, pero a partir de ese momento comenzó esta estrategia de identificar a los líderes comunitarios en el territorio. Ha habido persecuciones, amenazas e incluso asesinatos desde entonces hasta hoy», relata el defensor a Mongabay Latam.
Según García, el gobierno indígena plurinacional ha identificado al menos cuatro casos de criminalización que afectan a más de 60 personas, sin poder darles un seguimiento exhaustivo hasta el momento.
Entre ellos se encuentra el caso de Mateo, detenido en el Centro Preventivo de Santa Cruz del Quiché. Su abogado, Juan Castro, del Bufete de Abogados para los Pueblos Indígenas, indica que la acusación se basa en el testimonio de una mujer que lo identificó como uno de los compañeros de su esposo, asesinado en 2014.
«Es la única prueba que tenemos: la declaración de la mujer, que afirma que el grupo de personas con el que su esposo se fue es el que lo mató. No hay testigos, ni pruebas de que Francisco Mateo haya usado un arma o que alguien lo haya visto o escuchado tener un problema con esa persona», sostiene el abogado.
Se ha programado una audiencia preliminar sobre la primera declaración el 20 de marzo. En esa ocasión, Castro planea abrir un procedimiento penal contra el acusado.
«Es muy probable que lo vinculen con el procedimiento, porque ahí nacen los prejuicios, y es uno de los patrones que se encuentra en las personas criminalizadas. Si se presume que usted estaba en contra del proyecto hidroeléctrico o una actividad minera, usted es el problema», explica a Mongabay Latam.
En este caso, Juárez y López, dos líderes indígenas, han sido figuras clave en la organización comunitaria, la resistencia y los esfuerzos de mediación contra la imposición de proyectos hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas. Los procesos judiciales en su contra llevan más de una década, y cinco líderes comunitarios más también están involucrados en este expediente, conocido como «Los Siete de Huehuetenango».
García los describe como líderes participativos dentro de la comunidad. «Contribuyeron a la organización de Santa Cruz Barillas y apoyaron los movimientos de resistencia que surgieron cuando la compañía [hidroeléctrica] estaba en funcionamiento», subraya.
Detenidos en 2015, pasaron casi dos años en prisión por acusaciones de coacción y obstrucción a la justicia. Sin embargo, tras un recurso del Ministerio Público, se añadieron nuevos cargos, aumentando las penas. El reciente rechazo de la Corte Constitucional a conceder la medida solicitada por la defensa confirmó condenas de ocho y veinticuatro años de prisión, generando preocupación por un posible caso de doble incriminación, prohibido por la Constitución guatemalteca.
«Ya habían sido condenados, pero el tribunal decidió reabrir el caso y se les juzga por los mismos delitos por los que ya habían sido sentenciados. Esto contraviene la ley guatemalteca, que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito», subraya García.
Según Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), este expediente ilustra que después de más de diez años de proceso, «el sistema judicial no ha progresado, sino que ha retrocedido».
Denuncian una tendencia a la criminalización de defensores de la tierra
Defensores de derechos humanos y líderes indígenas consultados señalan que estos casos forman parte de un patrón recurrente que combina procesos judiciales, órdenes de detención, desalojos y violencia física, con importantes repercusiones en las comunidades.
Guillén observa que la situación ha empeorado con el tiempo: «No solo se intensifica la criminalización, sino que los métodos de agresión evolucionan y se vuelven cada vez más brutales. El primer año del gobierno de Bernardo Arévalo —en conflicto con el poder judicial y aliado a los pueblos indígenas— fue uno de los años con más desalojos; registramos más de 15 ese año, basados no en órdenes de 2024, sino en órdenes de años anteriores que fueron reactivadas».
En Huehuetenango, explica Castro, la imposición de proyectos hidroeléctricos ha dado lugar gradualmente a una serie de procesos penales contra líderes y miembros de comunidades indígenas opositores a estas instalaciones. Según él, estos casos continúan incluso en ausencia de pruebas concretas, como muestra el caso de Mateo.
«Estas acusaciones se fabrican para atacar a los líderes, pero no están respaldadas por pruebas suficientes. Su objetivo es evidentemente agotar a los miembros de la comunidad, generar costos económicos y causar descontento y conflictos intercomunitarios», argumenta el abogado defensor.
Guillén destaca que, aunque estos casos de criminalización no sean legalmente vinculantes, las empresas ejercen influencia, a veces directa, en las denuncias contra los líderes.
«Estas acusaciones ni siquiera están fundamentadas, pero existe una orden explícita del propietario de la tierra, la mina y la compañía hidroeléctrica para criminalizar a los pueblos indígenas y las comunidades que se oponen a estos proyectos que fundamentalmente nunca fueron acordados», subraya.
Más allá de sus repercusiones en la vida de las comunidades, el coordinador de UDEFEGUA enfatiza que estas prácticas contribuyen a dividir a la población donde se implantan los megaproyectos.
«Contribuyen enormemente a la desintegración del tejido social de la comunidad. Ofrecen empleos a ciertas personas para que apoyen el proyecto y las comunidades entren en conflicto con quienes se oponen», agrega.
Según García, aunque algunos proyectos hidroeléctricos de la región han perdido financiamiento internacional o aún no están en funcionamiento, las licencias y litigios legales siguen aplicándose en el territorio.
«Se organizan reuniones comunitarias y se llevan a cabo gestiones ante el gobierno, que ha mostrado cierta apertura en esta situación de defensa del territorio, para examinar cómo se pueden revocar los permisos actuales», explica.
Al ser consultado sobre estos procedimientos, el Ministerio Público guatemalteco indicó que las investigaciones en curso «responden exclusivamente a la existencia de denuncias o indicios de posible comisión de actos constitutivos de delito, sin considerar la condición social, política, étnica o la actividad de las personas involucradas».
El Ministerio Público también refutó la idea de que la investigación busque estigmatizar a los defensores de derechos humanos. «Nuestras acciones se guían por los principios de legalidad, objetividad y respeto de los derechos de defensa, así como por la presunción de inocencia», precisó. Añadió que una investigación no implica prejuicio, acusación injustificada ni juicio sobre la calidad, actividad o estatus de las personas involucradas.
Cambio dentro del sistema judicial guatemalteco
En el contexto de la renovación de los poderes judiciales, Guillén señala que, aunque cargos clave como el del Fiscal General del Ministerio Público cambiarán, algunas «instituciones serán retomadas» tras el cambio de gobierno en 2023.
«Hubiéramos querido a alguien mucho más competente, pero los daños causados a las instituciones por estos dos períodos son tales que nos llevará muchos años recuperarnos. Las elecciones no garantizan una Corte Constitucional competente que respete los procedimientos y el Estado de derecho», comentó el mediador.
Según García, las elecciones de segundo nivel en Guatemala podrían cambiar la situación para el territorio Q’anjob’al, Chuj y Akateko, que comprende ocho municipios al norte de Huehuetenango.
«También estamos muy atentos a la identidad de las personas que ocupen estos cargos, que son en la práctica muy influyentes para el país y especialmente para los territorios de los pueblos indígenas», añade.
Castro advierte que si las órdenes de detención y los procesos judiciales sin fundamento continúan multiplicándose contra comunidades como Yichk’isis, el conflicto podría intensificarse.
«Prevemos que si aumenta el número de órdenes de detención, los ciudadanos acabarán cansándose de asistir a las audiencias. Ahí será cuando las unidades de resolución de conflictos deberán intervenir para encontrar otras soluciones. Si arrestan y procesan a todos sus amigos inocentes, acabarán hartos», alerta.
Traducido por Yohan Leclerc
Fuente: https://es.mongabay.com/2026/03/defensores-guatemala-detenciones-sentencias-judiciales-conflicto-hidroelectricas/
