Publicado por Resumen Latinoamericano, el 29 septiembre de 2025
LOS COLECTIVOS DDHH, SOCIEDAD Y UNIDAD, ABOGADOS POR LA DEMOCRACIA, PORFESIONALES Y DIVERSOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, POLÍTICA Y CULTURAL AL PAÍS
Quienes suscribimos este comunicado unimos esfuerzos, pensamiento, diálogo propositivo y compartimos la indignación por lo que está sucediendo en el Ecuador, en el contexto del Paro Nacional, convocado por el Movimiento Indígena como una respuesta legítima de resistencia frente a las medidas asfixiantes del gobierno nacional, que afectan directamente la economía de las familias ecuatorianas menos favorecidas.
Es preciso recordarle al gobierno nacional que la protesta social es un derecho humano reconocido por el derecho internacional de Derechos Humanos y nuestra legislación constitucional, y que su ejercicio se justifica como el mecanismo social de contrapeso frente a los abusos y excesos de gobiernos que, como en el caso de Daniel Noboa, impulsan medidas de política pública que golpean a las familias y frenan el desarrollo, para satisfacer única y exclusivamente las exigencias impuestas por el Fondo Monetario Internacional.
Denunciamos a la comunidad internacional el uso excesivo de la fuerza que han perpetrado las fuerzas militares y policiales bajo las directrices del gobierno para reprimir a las y los manifestantes en el contexto de las movilizaciones sociales durante los siete días del paro nacional. Esta escalada de represión ha costado la vida al líder comunero de Cotacachi Efraín Fuérez (+), quien habría sido ejecutado con el uso de munición letal prohibida para contrarrestar protestas sociales por parte de fuerzas militares ecuatorianas; y cuyo cuerpo, tras recibir varios disparos mientras se alejaba de los militares, como se puede observar en varios vídeos de testigos, difundidos en redes sociales, es golpeado en el piso, junto con otro ciudadano que lo protege.
Exigimos que estos hechos sean investigados por las autoridades judiciales competentes, con transparencia, imparcialidad y dentro de un plazo razonable con la finalidad de establecer las responsabilidades correspondientes y poder entregarle al país respuestas y a la familia de Efraín Fuérez. Demandamos justicia, verdad y reparación ante este hecho que, por las circunstancias en las que ha ocurrido, puede ser considerado como Crimen de Estado, sancionado inclusive por el derecho internacional.
Alertamos respecto de los procesos de criminalización y judicialización que ha implementado el gobierno en contra de varios líderes del movimiento indígena, utilizando nuevamente a la Fiscalía para abrir investigaciones bajo el falaz alegato de “enriquecimiento privado no justificado”, con la única finalidad de intimidar y anular judicial y políticamente líderes sociales que le son incómodos al régimen. Judicializar la política y peor aún, la protesta social, constituye una amenaza directa a la libertad y la democracia, y se ajusta a las prácticas de gobiernos arbitrarios.
Rechazamos enérgicamente también, la aprehensión y traslado de los 12 manifestantes de Otavalo hacia cárceles en donde se encuentran privados de su libertad delincuentes comunes y de alta peligrosidad, y en donde, semanas atrás, ocurrieron masacres que costaron la vida a más de 17 PPL, incrementando así el riesgo a la vida e integridad de los manifestantes, entre ellos varias mujeres comuneras.
Adicionalmente, resultan muy preocupantes las declaraciones del presidente Daniel Noboa, expresadas en un mitin político en Otavalo en donde mencionó que “Ellos (los indígenas) dicen que no nos quieren en sus territorios, entonces nosotros vamos a expulsarlos del país entero”; lo cual pone en evidencia su vergonzoso desconocimiento de la importancia de los pueblos originarios, los derechos colectivos y la libre determinación de los pueblos, pero más grave aún, constituye una apología del delito de odio y otros de lesa humanidad que son sancionados por la Corte Penal Internacional.
Es fundamental y urgente que el gobierno nacional detenga de inmediato la represión al legítimo derecho a la resistencia, el ejercicio desproporcionado de la fuerza y las medidas totalitarias, y que escuche la voz del pueblo, que garantice el derecho a la protesta social y deponga las acciones de hostilidad estatal que provocan un mayor nivel de inestabilidad y exacerban la lucha social en un contexto que no es de guerra.
Absolutamente NADA justifica quitarle la vida a una persona, un manifestante, un ciudadano, un ser humano; el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, por ende, tiene la obligación de cumplir procedimientos y protocolos establecidos en la normativa nacional y en el derecho internacional humanitario. JAMÁS puede justificarse una ejecución extrajudicial, mucho menos en circunstancias propias de la PROTESTA SOCIAL.
Nos solidarizamos con la familia de Efraín Fuérez y con todas y todos los compañeros del movimiento indígena perseguidos y procesados por parte de este gobierno que ha hecho de la criminalizacion de la protesta y líderes sociales, una política pública peligrosa y absolutamente inadmisible.
Suscribimos,
Roberto Caldas, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Raúl Zaffaroni, ex Juez de la Corte Suprema de Argentina, profesor emérito de la UBA, ex juex
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Patricio Pazmiño, ex Presidente de la Corte Constitucional y Juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
Ricardo Ulcuango Farinango, ex asamnbleísta nacional, ex embajador y líder índigena.
Abg. Margarita Arotingo, dirigente indígena de FENOCÍN, ex asambleísta
Ernesto Pazmiño Granizo, exdefensor Público General y ex Ministro de Estado.
Ernesto D. Pazmiño Chávez, Consultor Político Internacional y ex asesor Legislativo
Gissela Garzón Monteros, feminista, defensora de los derechos de las mujeres y ex asambleísta
Mónica Luzárraga Salazar, Profesional del Derecho
Alexis Ponce, Defensor de DDHH
Jorge Acosta, Defensor de DDHH
Juan Álvarez, Constitucionalista e Investigador.
Christian González, dirigente ciudadano
Arq. España Arévalo, Dirigente Social
Geovanny Logroño, Profesional del Derecho.
Anaís Madrid, Comunicadora social
Rafael Villalba, ingeniero civil
Sonia Vera G, Abogada y defensora de DDHH
Ing. Sofía Espín Reyes, ex asambleísta de la República
Ing. Oscar Vásquez C., Activista Plítico y Derechos Humanos
Karina Palacios Guevara, psicoterapeuta y comunicadora social
Crsitina Chimarro, Abogada defensora de DDHH y dirigenta comunitaria
Marcia Chávez V., Arquitecta
Daniela Córdova Ch., Naturópata
Raúl Ocaña García, Abogado en libre ejercicio
León Sierra Páez, Artista y psicoanalista
Rossana Iturralde, actríz y directora teatral
Pablo Tenorio Ambrossi, sociólogo, militante de izquierda
Felipe Vega, intelectual, ex diplomático, ex ministro
Edmundo Sánchez, médico
Rubén Bravo, Sociólogo
Carlos Aznárez, periodista
