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Chile: Más de 80 grupos y centenares de personas adhieren a la petición internacional para exigir la liberación de todas las prisioneras y prisioneros políticos

Más de 80 organizaciones y grupos de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, centros de investigación y colectivos de la comunidad chilena en el exterior y centenares de personas adhirieron a la petición internacional por la libertad de las prisioneras y prisioneros políticos. La petición exige que el Senado tramite y apruebe con suma urgencia el proyecto de ley de indulto por razones humanitarias. La petición estuvo abierta del 11 de septiembre al 17 de octubre 2021. En el marco de la conmemoración de los dos años del estallido social en Chile este 18 de octubre, una concentración tuvo lugar frente al consulado de Chile en Montreal con el fin de denunciar la impunidad frente a las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, así como la represión y criminalización de la protesta social. Fue igualmente la jornada de cierre de la petición. Una letra acompañada de los resultados de la petición fue entregada al Consulado de Chile en Montréal para que sea enviada a la presidenta del Senado Ximena Rincón.

¡Libertad a los presxs por luchar!

Esta petición fue posible gracias al trabajo conjunto del colectivo Chile Despertó internacional-Québec, Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL), Colectivo Place de la Dignité, Colectivo Le Droit de vivre en paix Montréal/El derecho de vivir en paz Montreal, Comité chileno por los derechos humanos-Montreal (CCDDHH),Colectivo No + impunidad en Chile – Montréal.

Para más información sobre la petición y las organizaciones, grupos y colectivos que se adhirieron, puedes leer el documento en español, francés e inglés.

Para conocer los resultados de las firmas individuales de la petición puede hacerlo a través de a siguiente plataforma.

Petición “Libertad a todas las prisioneras y prisioneros políticos en Chile”

Hacemos un llamado a la solidaridad internacional para que la comunidad chilena en el extranjero y sus organizaciones y colectivos, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, desde el ámbito sindical, académico, militante y personas a título individual adhieran a esta petición para exigir la liberación de todas las prisioneras y prisioneros políticos en Chile. Exigimos que el Senado chileno tramite y apruebe con suma urgencia del proyecto de ley de indulto por razones humanitarias. Este indulto beneficiaría “a las personas imputadas o condenadas, por hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales”. Este proyecto de ley fue propuesto en diciembre del año 2020. Sin embargo, no ha sido tratado con la diligencia esperada pasando por diversas comisiones de evaluación.
Reprochamos y denunciamos la represión policial y militar y la criminalización de la protesta social, tanto como la persecución político-penal del Estado chileno contra quienes reivindican sus territorios y derechos ancestrales y exigen el derecho a una vida digna. Las violaciones a los derechos humanos en Chile han sido sistemáticas en contra del pueblo Nación-Mapuche en su conflicto con el Estado chileno y han asumido el mismo carácter contra el pueblo chileno tras el estallido social del 2019.
Diversas misiones internacionales de observación de derechos humanos presentes en Chile han documentado vastamente la vulneración al derecho de la protesta, a la vida y a la integridad personal. Sin embargo, esta situación no es nueva, como lo demuestran las recomendaciones realizadas al Estado de Chile en el curso de las últimas décadas sobre la utilización excesiva de la fuerza, la ausencia de un mecanismo de prevención de la tortura y la abstención de la aplicación de la ley antiterrorista contra los procesos de reivindicación de los derechos del pueblo mapuche. El 2 de febrero de 2021, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile denunció que las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado no han cesado durante el año 2020 y que aún las recomendaciones más básicas no se han implementado de manera íntegra. El uso masivo de la detención ilegal, los casos de violencia sexual, de lesiones oculares, mutilaciones y lesiones causadas por disparos de fusiles de parte de Carabineros (policía) no han cesado.
Es en este contexto que el uso de la prisión política ha sido otra de las herramientas para socavar la protesta social en el país. Si bien se ha hablado de una cifra (no oficial) de 2500 prisioneras y prisioneros políticos, no existe un catastro de parte de las instituciones del Estado. Al contrario, ha existido una negación del gobierno de Sebastián Piñera de la prisión política. Actualmente se vive en Chile un proceso constituyente para cambiar la Constitución heredada de la dictadura. A más de un año y medio de prisión política, manifestamos nuestro apoyo con las movilizaciones en el país que han mantenido la presión en el marco de este proceso sobre la urgencia de la aprobación del indulto general para las prisioneras y prisioneros políticos y sobre la persecución y represión hacia el pueblo mapuche.
Denunciamos el uso indiscriminado y extensivo de la prisión preventiva a las personas que han sido detenidas en el marco de las masivas protestas sociales. Reprobamos la negación a la justicia, la falta de presunción de inocencia y las leyes que se han implementado para incrementar la criminalización de la protesta y la persecución política, como la ley anti-barricadas y anti-saqueo.Llamamos la atención sobre la represión histórica de parte del Estado de Chile contra el pueblo mapuche frente a sus reivindicaciones de sus territorios ancestrales. La prisión política para el pueblo Nación- Mapuche existe desde hace décadas. “Desde los años 2000, la Ley Antiterrorista se utilizó como medio principal de criminalización de la protesta social Mapuche por lo cual el Estado de Chile fue condenado en el 2014 por la CIDH”. Además, “el alto índice de absoluciones obtenidas en los procesos judiciales por Ley Antiterrorista evidencia su utilización discrecional y política como herramienta de criminalización”. Exigimos la desmilitarización del territorio mapuche que mantiene a las fuerzas militares en la región de la Araucanía.