Article publié dans Desinformémonos (Andrea Lariza Virrueta López) le 11 avril 2023
De las 54 personas defensoras asesinadas en 2021, dos tercios estaban directamente vinculadas con conflictos de territorio por presencia de empresas mineras.
Los conflictos socioambientales motivados por el deseo de la apropiación de los recursos y espacios por parte de los grandes capitales privados, han ganado mayor visibilidad en la realidad mexicana y, desafortunadamente, ello está relacionado con la violación sistemática de derechos humanos, tanto de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos extractivistas, como de las y los defensores que levantan la voz y resisten todos los días.
La reciente desaparición de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores de derechos humanos y de la tierra en su comunidad, frente a los abusos del sector minero, abre un espacio para recordar la urgencia de atender y denunciar la impunidad que impera en el país.
El informe de Global Witness 2022, Una década de resistencia, coloca a México como uno de los tres países en el continente americano con mayor número de ataques letales contra las personas defensoras de derechos humanos. De las 54 personas defensoras asesinadas en 2021, dos tercios estaban directamente vinculadas con conflictos de territorio por presencia de empresas mineras. Dicho documento señala una alta presencia de casos de desaparición forzada en contra de la población pues, tan solo en 2019, se registraron 19 de estos crímenes.
Con base en información capturada en el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (OCSA), se ha podido rastrear la existencia de 761 proyectos extractivos a nivel nacional, de los cuales 150, es decir, el 19%, están relacionados con la extracción minera. En el OCSA, hemos dado cuenta que, entre los tipos de extractivismo registrados, la minería es considerada el tipo de despliegue del capital más perjudicial, ya que no sólo tiene alarmantes afectaciones ecológicas y sociales, sino también en la salud e integridad de los pueblos y las comunidades indígenas.
Algunas de las afectaciones detectadas del extractivismo minero es el sustantivo impacto en la calidad del agua, dada la incesante demanda de este recurso en las actividades de estos proyectos, que generan grandes cantidades de residuos tóxicos que contaminan tanto los acuíferos subterráneos como los de la superficie, sin olvidar los severos impactos en la biodiversidad y las condiciones geomorfológicas.
En cuanto a las repercusiones sociales, la minería es la industria que reporta mayores incidentes de violencia, entre los que destacan la intimidación psicológica, la privación de la libertad y los actos violentos —golpes y uso de armas— ejercidos para dañar a las personas opositoras. Estos hechos debilitan el tejido social y atentan contra el acceso a la verdad y la justicia.
Lo pertinente de estos datos se materializa en el caso de la firma ítalo-argentina Ternium, instaurada en el municipio de San Miguel Aquila, Michoacán, cuyos rastros, desde su origen en los años noventa del siglo pasado hasta la fecha, siguen siendo foco rojo por dos razones : la diversidad de actores involucrados y las evidentes repercusiones sociales, que han desencadenado hechos desafortunados.
Respecto a la diversidad de actores, se ha detectado actividad del crimen organizado en la región, que entre sus ocupaciones delictivas ha intentado tomar control de la minería ilegal. A esto se le suma la presencia de la empresa acerera Ternium, que ha establecido acuerdos con grupos de poder en la comunidad para la explotación de tierras (Martínez 2023).
Por otro lado, se puede mencionar la presencia de distintas organizaciones comunitarias que han buscado renegociar los acuerdos con la empresa, exigiéndole ajustes en las regalías y la limitación de sus actividades a las zonas acordadas. Por último, se destaca el rol del gobierno, tanto estatal como federal, cuyos representantes, más allá de actuar con diligencia ante la desenfrenada violencia (producto de su complicidad), se mantienen al margen al argumentar que esta es solo consecuencia de los conflictos internos entre comuneros.
En lo que corresponde a las repercusiones sociales, las notas periodísticas registradas por el OCSA en el periodo de octubre de 2017 a diciembre de 2018, dan cuenta que las actividades extractivistas a manos de Ternium en Aquila han ocasionado impactos sin precedente en la agricultura, la explotación forestal, la ganadería, la pesca, el turismo y otros servicios. Asimismo, el ocsa ha ubicado hechos de violencia que potenciaron el desamparo de la comunidad y, gracias a la información obtenida, sabemos que estas afectaciones son producto de procesos de negociación de regalías recibidas durante décadas por Ternium, las cuales, de acuerdo con testimonios de los comuneros, debían ajustarse pues, para 2018, la empresa tenía la intención de expandirse en otras 203 hectáreas y continuar la explotación durante veinte años más.
Asimismo, el OCSA ha podido identificar violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra la criminalización de tres líderes comunales de Aquila, quienes en 2017 habían estado en los procesos de negociación con Ternium. Cabe mencionar que algunas personas confesaron haber recibido amenazas directas de la compañía, ya sea a su persona o su familia.
En el marco del conflicto de esta mina en Aquila, la noche del pasado 15 de enero de 2023 desaparecieron Antonio Díaz Valencia, profesor y líder indígena de la comunidad, y Ricardo Lagunes, abogado y defensor de derechos humanos, ambos involucrados en las demandas a la empresa minera, vistos por última vez tras salir de una reunión de trabajo comunitario en los límites de los estados de Colima y Michoacán. Si bien aún se desconoce su paradero, familiares, habitantes de la comunidad y distintas organizaciones civiles mantienen la lucha, que incluye una reivindicación como pueblos originarios con agencia y plenitud de derechos frente a un aparato gubernamental que actúa desde el olvido e invisibilización de su existencia.
Por otra parte, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) ha documentado el incremento de las agresiones, las desapariciones forzadas y los asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. Tan solo en 2021, se registraron 238 agresiones y 25 asesinatos (Cemda 2022). Así, con cifras como estas, resulta imprescindible la tarea de documentar y analizar la conflictividad socioambiental que detona la instalación de proyectos extractivos en México.
Desde el ocsa, buscamos contribuir a los procesos de defensa de las tierras y los territorios que llevan a cabo las colectividades, no solo a través de la sistematización de los conflictos, sino también al poner en evidencia los escenarios de riesgo que conlleva la emisión de medidas garantes para prevenir la violación de los derechos humanos.
