Artículo original escrito por Gonzalo Ortuño López
La llegada del proyecto minero Quebradona, en el municipio de Jericó, al sureste del departamento de Antioquia, en Colombia, ha provocado importantes consecuencias ambientales. Este proyecto también ha modificado el panorama socioeconómico de numerosas familias de la región. Entre ellas, José Luis Bermúdez ha visto cómo su familia y él mismo se dividían frente a este proyecto minero. Él defiende el territorio ante un proyecto que amenaza las aguas y las tierras, mientras que sus hermanos apoyan a la industria. A pesar del deterioro de sus relaciones, celebra el rechazo de la solicitud de ampliación de la exploración de cobre en la región, presentada por la empresa AngloGold ante la Agencia Nacional de Minería (ANM).
«Después de 17 años de lucha contra una multinacional minera, recibimos la noticia con mucha satisfacción, ya que se trata de un territorio fértil para la producción de alimentos y para el cultivo del café».
La imposición de un revés a la explotación minera en la región por parte de las autoridades colombianas pone fin a más de 15 años de conflicto socioambiental en el municipio de Jericó.
Un desenlace que pone fin a la explotación minera de Quebradona
La multinacional AngloGold, uno de los mayores productores de oro del mundo, constató el fin de su proyecto en la mina de cobre de Quebradona. La empresa, que solicitaba una cuarta prórroga de su concesión minera, no logró avanzar el proyecto más allá de la fase de exploración debido al riesgo de impactos significativos sobre los acuíferos de la región. Este proyecto debía durar 21 años y producir alrededor de cinco millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata.
La falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como las debilidades en el diálogo social en el territorio, son las razones por las cuales las autoridades colombianas rechazaron la continuación del proyecto. Mongabay Latam, el organismo que destacó varios puntos técnicos, jurídicos y sociales, respaldó la decisión de rechazo.
Elementos clave en el rechazo de las autoridades
En primer lugar, la fase de exploración superó los nueve años previstos en el contrato. El inicio de las obras de construcción debía tener lugar el 9 de diciembre de 2025, pero estas no pudieron comenzar por falta de licencia ambiental.
En segundo lugar, la ANM indica que la multinacional minera no logró demostrar la implementación de una «estrategia de relaciones sociales en el territorio que permitiera evidenciar avances en la creación de espacios de concertación previa con los distintos grupos presentes», frente a las preocupaciones sociales. La dimensión social es esencial para resolver los conflictos persistentes en la región desde hace más de 15 años.
En tercer lugar, el proyecto fue calificado como prioritario y estratégico a nivel nacional (PINE), pero las autoridades admiten que los requisitos mínimos son insuficientes en materia de seguimiento y control.
En cuarto lugar, el Ministerio colombiano de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció una reserva temporal de recursos naturales renovables en varios municipios, incluidos Jericó y el área del proyecto minero. Bermúdez es uno de los once campesinos que enfrentan procesos judiciales por su oposición al proyecto. Él declara: «Es una cordillera que produce agua no solo para los seres humanos, sino también para los animales y las plantas».
El rechazo emitido por la administración colombiana representa un alivio para los defensores del territorio, quienes enfrentan presuntas acusaciones de secuestro, robo con allanamiento y agresiones físicas. Sin embargo, son conscientes de que Jericó está sumido en un clima de violencia aparentemente vinculado a la industria minera y que su lucha no termina aquí.
Un conflicto que está lejos de terminar
Mientras el rechazo siga vigente, las autoridades mineras y ambientales «no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni ningún otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, ni nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales».
Lina María Velásquez Escobar, integrante de la Mesa Ambiental de Jericó, destaca la importancia de este rechazo frente a una explotación minera que, en el marco del conflicto socioambiental, ha afectado significativamente la vida comunitaria de Jericó y ha generado consecuencias judiciales, como en el caso de los once campesinos.
«Que una multinacional extranjera haya presentado, en este momento, denuncias en un municipio contra más de 80 personas y esté judicializando a once campesinos constituye un precedente desastroso para una empresa que pretende desarrollar una actividad minera en un territorio», señaló Velásquez a Mongabay Latam tras la resolución de la Agencia Nacional de Minería.
Los habitantes celebraron esta victoria, pero saben que la lucha jurídica aún no ha terminado. Queda un largo camino por recorrer. La empresa, que expresó su pesar ante la decisión, afirmó que agotará todos los recursos legales, administrativos y judiciales.
Bermúdez afirma: «Debemos mantenernos vigilantes. Si la población no toma conciencia de los daños extremadamente devastadores causados por la explotación minera, seguramente intentarán regresar, aunque ya esté claramente establecido que, en el suroeste de Antioquia, la mina no es aceptada».
Mongabay Latam contactó a la empresa Minera de Cobre Quebradona con el fin de obtener información adicional sobre las medidas legales posibles. La compañía reiteró su postura, publicada en un comunicado el pasado 4 de diciembre.
Conflictos y milicias en la región minera
Diversos grupos operan en la región minera de Jericó, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el «Clan del Golfo», que se han expandido, en particular a través del Bloque Edwin Román Vásquez, según el informe titulado Informe sobre derechos humanos en el occidente antioqueño, elaborado por la Corporación para la Vida de las Mujeres que se Atreven (Vamos Mujer), Conciudadanía, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto Popular de Formación (IPC). Estos grupos han sido señalados como actores armados con intereses en la región de Jericó y Támesis, además de las industrias legales, como AngloGold.
Carlos Andrés Zapata, presidente del Instituto Popular de Formación, señala que, si bien Jericó no había sido una fuente de conflicto en el pasado, la omnipresencia de grupos armados en la zona minera ha encendido señales de alerta en un territorio explotado por la industria minera.
El informe destaca las consecuencias de la inestabilidad socioambiental en las zonas mineras debido a la presencia de grupos paramilitares. Se registraron más de 253 homicidios durante los primeros ocho meses de 2025, superando el total del año 2024. En Jericó, el número de asesinatos aumentó un 300 % con respecto al año anterior.
Una de las preocupaciones actuales es que, una vez suspendidas la exploración y la explotación mineras, las empresas puedan intentar abastecerse ilegalmente de recursos que no lograron obtener por vías legales.
Las tensiones por el cierre de la mina aumentan en la región, generando un clima de violencia. AngloGold Ashanti Colombia se desvincula de cualquier responsabilidad relacionada con los grupos armados que operan en la zona minera. En una entrevista con Mongabay Latam, la multinacional «rechaza toda manifestación de violencia contra la sociedad civil de la subregión y condena toda forma de violación de los derechos humanos». Estos comunicados fueron difundidos entre julio y septiembre de 2025.
También se presentaron acusaciones contra los grupos de las AGC entre abril y septiembre. Velásquez expresa su preocupación por el aumento de los enfrentamientos armados en Jericó, especialmente en el corregimiento de Palocabildo, donde residen varios campesinos defensores del agua y del territorio.
Una lucha que continúa sin cesar
Los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, en particular quienes protegen los recursos naturales, exigen a las autoridades que adopten medidas para poner fin a las actividades y a la expansión ilegal que amenazan a la población de Jericó.
«Se necesita una respuesta integral a una problemática que va mucho más allá del conflicto socioambiental y que actualmente está vinculada a la explotación minera. Es urgente una acción integral y no únicamente militar, como la que se ha desplegado hasta ahora», declaró Zapata a Mongabay Latam.
En agosto de 2026, los once campesinos acusados tendrán su próxima audiencia preliminar. Bermúdez expresa su confianza frente a las acusaciones formuladas por la multinacional y afirma que no desea que Jericó corra la misma suerte que otras regiones devastadas por la violencia asociada a los conflictos armados. Reconoce que los territorios donde se instalan estas empresas son territorios de paz y no quiere que se conviertan en lugares como el Cauca, el Chocó o La Guajira, que sucumbieron a la violencia tras aceptar la entrada de estas multinacionales en sus comunidades.
Yohan Leclerc
Fuente: https://desinformemonos.org/colombia-jerico-el-pueblo-que-logro-frenar-la-exploracion-de-cobre-pero-enfrenta-la-violencia-de-los-grupos-armados/
