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Organizaciones de derechos humanos repudian política migratoria mexicana

Integrantes de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) consideraron que la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo da continuidad a la de Enrique Peña Nieto, de contener los flujos migratorios, sino que es “más agresiva y deshumanizante”, para complacer al gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, para dar a conocer el informe “Procesos migratorios en México: nuevos rostros mismas dinámicas”, los integrantes de la Redodem alertaron sobre detenciones masivas de personas en situación de movilidad por parte de fuerzas de seguridad del Estado, con fines de extradición, sin considerar los perfiles de vulnerabilidad de los migrantes.

El documento condensa información sobre las 36 mil personas que pasaron en 2018 por 23 casas, comedores, estancias, albergues y organizaciones que atienden migrantes, en 13 estados de la República, afiliadas a la Redodem.

Los integrantes de esta red dieron a conocer sus preocupaciones ante la política migratoria emprendida por el actual gobierno, que, en primer momento, abrió las puertas a quienes viajaban en las caravanas migrantes, y después, decidió emprender una persecución hacia las personas en condición de movilidad, tras un acuerdo migratorio con Estados Unidos.

Los defensores alertaron que a partir del cambio de política migratoria en el gobierno de López Obrador, y al asignar a la Guardia Nacional el papel de detener a migrantes, “se ha recrudecido la xenofobia, adjudicando a los migrantes el carácter de invasores”.

Desde el punto de vista de las organizaciones, durante la gestión de Enrique Peña Nieto se puso como centro de la estrategia migratoria “la violencia y el miedo como elementos disuasorios”, y con el nuevo gobierno lo que se busca es “pulverizar a las personas en su estructura física, mental, psicológica y espiritual”.

En un mensaje dirigido a Andrés Manuel López Obrador, los defensores describieron la actual estrategia migratoria, como peligrosa, “cuando los objetivos no son las personas ni los derechos humanos sino los acuerdos y compromisos firmados con otro país en una relación de desigualdad”.

Entre las acciones detectadas “se encuentra en la violencia, la detención prolongada el encarcelamiento, e hacinamiento, tratos crueles e inhumanos y la deportación, así como el desgaste por trabas migratorias, ante el colapso del sistema de refugio en México, buscando la pulverización de las personas en su estructura humana como estrategia disuasoria de la migración”.

De acuerdo a la información obtenida en las instalaciones de quienes integran la Rededom, de las 36 mil 190 personas migrantes que pasaron por las instalaciones desplegadas en 13 estados de la República, 3 mil 881 eran menores de 18 años, de los cuales el 57.7% eran no acompañados, y de esta cifra, el 83% eran niñas y adolescentes mujeres; el 24% de las mujeres que dijeron estar embarazadas tenían entre 14 y 19 años.

De los más de 36 mil migrantes entrevistados, 11 mil 867, procedentes de 14 países, habían pasado previamente por un proceso de deportación; en tanto que se registraron mil 364 personas de origen mexicano en condición de migración interna.

Las instituciones que integran la Rededom identificaron como las principales causas de la migración la pobreza de sus países de origen así como la violencia generalizada, pudiendo identificar a 4 mil 200 personas que por sus historias particulares, serían candidatas a solicitar refugio en México o en Estados Unidos.

En su reporte, las organizaciones detectaron que 90% de los migrantes, fueron víctimas de delitos, registrándose un total de 3 mil 777 agresiones, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, entre ellos casos graves como abusos sexuales, homicidios, así como robos, extorsiones, agresiones físicas, explotación laboral, secuestro, entre otros.

Las organizaciones reportaron que a sus instalaciones llegaron mil 364 personas mexicanas que habían hecho vida en Estados Unidos, y que fueron deportadas, personas que tenían ingresos equivalentes a 50 mil a 60 mil pesos al mes, y que eran cabeza de familia.

Foto : Redodem
Referencia : Resumen Latinoamericano