Publicado por Acción ecológica, el 18 de diciembre de 2023
Al cabo de 17 días de negocios en la COP28 en Emiratos Árabes Unidos, se llegó al llamado Consenso de Dubái[1]. Esta COP sobre cambio climático, presidida por el Sultán Al Jaber[2] -director ejecutivo de la empresa Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)-, fue el foro ideal para promover los intereses de las empresas de energía fósil.
Aunque algunos sectores se alegran de que en el documento final de la COP28, difundido bajo el nombre «Primer balance mundial en el marco del Acuerdo de París», hayan referencias a los combustibles fósiles, si embargo éstas no hablan de eliminación o reducción progresiva, menos aún de empezar a dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. El texto solo hace un llamado a que los países «contribuyan» a la «transición hacia el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos». Una forma débil y discrecional que permite que no se tomen reales soluciones frente al cambio climático.
La conocida frase «hecha la ley, hecha la trampa» calza muy bien en este caso. Las referencias a los combustibles fósiles se dan de acuerdo con si son mitigados o no mitigados. Es decir que se pueden seguir extrayendo y consumiendo siempre y cuando alguna tecnología los mitigue. Por ejemplo, la captura y almacenamiento de carbono (Carbon Capture and Storage-CCS en inglés).
Hay consenso entre científicos y organizaciones de justicia climática que capturar carbono[3] —antes o después de que se haya emitido a la atmósfera— conlleva altísimos riesgos. De hecho, todas las formas de CCS son extremadamente costosas y consumidoras de energía por lo que solo son viables si están vinculadas a la propia industria petrolera. Detrás de esta tecnología y su aparición en las negociaciones de cambio climático están las corporaciones de energía, los países petroleros y los mayores consumidores de combustibles fósiles. Las técnicas de CCS incluyen almacenamiento geológico en tierra, utilizando espacios en el subsuelo, o inclusive la introducción de CO2 en pozos petroleros en declive, para sacar lo que queda de crudo; también se lo colocaría en el fondo de los océanos lo que provocaría pérdida de oxígeno y extrema acidificación. El almacenamiento geológico en cualquier caso no sería permanente y el carbono regresaría a la atmósfera por las fugas inevitables.
El contradictorio texto del Consenso de Dubái, por otro lado, fomenta el uso de «combustibles de transición», entre los que se incluye el gas, un combustible fósil. También la energía nuclear fue promovida con fuerza como una solución al calentamiento global, e inclusive se llegó a presentar en este contexto a la energía nuclear de fusión como una opción a futuro. Sabemos que la energía nuclear conlleva gravísimos impactos relacionados con la producción de residuos radiactivos que se mantienen activos durante cientos de miles de años, además de la extracción de minerales como el uranio, enormes subsidios y conlleva riesgos de desastres como las de Fukushima o Chernobyl.
Otras resoluciones de la COP muy preocupantes, sobre todo para los países del Sur, son los acuerdos que animan a triplicar las tecnologías basadas en «energías renovables» hasta el 2030, con la consecuente presión y amenazas reales a los territorios y pueblos de donde se pretende extraer los minerales y otros materiales con este fin. Incluyen a la energía hidroeléctrica en este paquete bañado de renovabilidad.
A pesar de todo lo malo, en esta COP Colombia puso una nota de valentía al manifestar su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que podría ensanchar las posibilidades hacia una verdadera transición justa y ecológica en ese país.
La propuesta de carbono cero se volvió a incluir en el documento final de una COP, lo que acrecienta las opciones para el mercado de compensaciones (offsets) de carbono en el mundo. Sin embargo, en la COP28 no se avanzó en relación con el Artículo 6 (numerales 2 y 4) del Acuerdo de París, que regula a nivel oficial e internacional dicho mercado. Como ya hemos manifestado, el Acuerdo de París no es realmente un acuerdo sobre clima sino sobre comercio de carbono, y su implementación empeoraría las crisis climáticas.
En Dubái, los Estados signatarios no se pusieron de acuerdo en cómo certificar las compensaciones o créditos de carbono y cómo se llevará a cabo el registro nacional e internacional de las transacciones. Esto último es clave para el Acuerdo de París, porque habrá una pugna por determinar si las supuestas reducciones convertidas en certificados de compensación de carbono serán contabilizadas en un país o en otro. Sabemos que en realidad no se reduce ni se compensa nada en ningún lado, pero para que un mercado funcione debe estar claro a quién pertenece la mercancía, en este caso las compensaciones de carbono.
Pero sí consta en el texto de Dubái el tema de la «remoción» de carbono, que en la jerga del clima tiene que ver con los negocios de REDD+, las «soluciones basadas en la naturaleza» y otras similares, por lo que este tipo de proyectos nefastos para el clima y los territorios del Sur seguirán expandiéndose.
Aunque los mercaderes del carbono reunidos en la COP28 intentaron sin mayor éxito sentar bases más concretas para el mercado global de carbono, lastimosamente el mercado de carbono voluntario y otros mecanismos por fuera del mercado de compensaciones de emisiones de CO2 siguen en marcha en muchas partes. Con ganancias para los contaminadores y pérdidas para los pueblos y la naturaleza.
Otro asunto de gran preocupación es que el Fondo de Pérdidas y Daños que se acordó en Egipto, en la COP27, el año pasado, será administrado por el Banco Mundial. Es necesario presionar para que cualquier fondo de daños y pérdidas sea parte del resarcimiento de la deuda climática que tienen los países del Norte con los del Sur, sin condicionamientos, endeudamiento y control sobre las naciones víctimas del calentamiento global.
