Publicado por Paloma Martínez Méndez, Radio Canadá Internacional, el 28 de noviembre de 2025
A dos años del fallo de la Corte Suprema de Panamá, que declaró inconstitucional la ley que autorizaba las actividades de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, el gobierno panameño anunció que la auditoría integral solicitada arrojará resultados pronto y que la mina podría reabrir.
CORRECCIÓN: El 3 de diciembre de 2025 se publicó una versión corregida de este artículo. Contrario a lo que se había informado, la empresa First Quantum Minerals en sí no violó la Constitución de Panamá. Es la ley que autorizó las actividades de la mina la que es inconstitucional. Añadimos también que la empresa decidió suspender sus recursos legales internacionales contra Panamá y que niega haber sido sancionada por motivos medioambientales.
El tema de la mina «se está considerando de manera muy responsable por mi gobierno, para hacer los anuncios pertinentes (…) confío que dentro del primer trimestre del próximo año», afirmó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal este 27 de noviembre.
Más temprano esa semana, Alfredo Burgos, director nacional de Recursos Mineros de Panamá anunció que la auditoría integral, que publicará su primer informe a principios de diciembre, terminará a finales de febrero.
Esperamos que toda esa información nos sirva para asegurarnos de cómo se desarrolló esa mina y podamos tomar decisiones, añadió Burgos.
El funcionario también indicó que una eventual reapertura de las operaciones mineras, tomaría entre un año y medio a dos años para alcanzar el nivel funcional del 2023.
Estas dos declaraciones a los medios locales se realizaron dos años después de que la Corte Suprema de Panamá ordenara el cese de las actividades de la mina, a la espera de una auditoría completa. La mina es propiedad de First Quantum Minerals, con sede en Vancouver, Canadá.
El fallo de la Corte Suprema
En noviembre de 2023, el máximo tribunal de Panamá declaró inconstitucional la ley que aprobaba el contrato de concesión minera sin licitación entre el Estado de Panamá y Minera Panamá (filial de First Quantum Minerals).
Según la Corte Suprema, esta ley infringe 25 artículos de la Constitución, entre ellos los relativos a la protección del medio ambiente y los derechos de los niños.
Fragilidad ambiental: implicaciones legales y sociales
En una entrevista concedida a RCI, Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), explicó que desde hace años su organización solicita el cierre definitivo del proyecto Cobre Panamá basándose en sentencias judiciales anteriores.
En su fallo, la Corte reconoce las afectaciones directas que genera la minería metálica en una población vulnerable, principalmente comunidades rurales.
En cuanto a los impactos y riesgos ambientales del proyecto minero, Ábrego explicó a RCI que ya en 2011 el estudio de impacto ambiental previo a la exploración y explotación de la mina detectó en su momento que existían en esa zona, conocida como Corredor Biológico Mesoamericano, más de 250 especies amenazadas, raras y endémicas.
Minera Panamá fue sancionada en 11 ocasiones por el Ministerio de Medio Ambiente entre 2020 y 2023 tras las inspecciones realizadas en 2013 en las instalaciones de la mina, antes de que First Quantum asumiera su propiedad.
A pesar de las multas por un total de 21 813 balboas (30 500 dólares canadienses), los procedimientos en sí mismos no implicaban ninguna infracción ni daño al medio ambiente. Es falso afirmar eso. Se referían a actividades específicas de auditoría del sitio, explicó a RCI el portavoz de First Quantum Minerals, Brian Cattell.
Sobre la auditoría integral en curso, solicitada en 2025 por el Ministerio de Medio Ambiente de Panamá, la responsable jurídica del CIAM también expresó su preocupación en cuanto a los criterios de evaluación. En septiembre, su organización y el comité técnico del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería solicitaron una corrección urgente de los parámetros de la auditoría.
No es [nuestra] intención atacar o impedir el curso adecuado de la auditoría. [Hemos] estado insistiendo en que se realice este proceso como un paso necesario para conocer la verdad del impacto de este proyecto minero y para defendernos de los arbitrajes internacionales que pesan en contra del país. Una cita de Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
James Devas, director de relaciones corporativas de First Quantum Minerals Ltd., destacó que, desde la suspensión de las operaciones por parte del gobierno panameño, la máxima prioridad para First Quantum ha sido la adecuada gestión ambiental y de la biodiversidad del sitio de la mina, junto con la participación de la comunidad en sus consultas e inquietudes.
Según Devas, la empresa, ha incurrido en costos de al menos $311 millones de dólares en su programa de mantenimiento y estabilidad desde la suspensión, sin generar ingresos para cubrir dicho costo, y que la empresa está enfocada en la implementación del Plan de Preservación y Gestión Segura, el cual habría sido presentado en enero de 2024 y aprobado por el Gobierno de Panamá en mayo de 2025.
El 20 de noviembre, el presidente y director ejecutivo (pgd) de First Quantum Minerals, Tristan Pascall, concedió una entrevista al sitio web Mining.com sobre la mina situada en Panamá.
En esta entrevista concedida al sitio web dedicado a la industria minera y metalúrgica mundial, el pdg de First Quantum Minerals destacó que, aunque la empresa sigue en expansión, su prioridad actual es resolver el conflicto mediante el diálogo y restablecer la confianza del público.
Añadió que la empresa enmarca sus acciones, como el envío de las 121.000 toneladas de producto de cobre que no pudieron ser transportadas ni vendidas durante año y medio debido al cierre de la mina, como pasos para reconstruir la relación con las comunidades.
El director general de First Quantum Minerals afirmó que una parte (35 000 toneladas) de estos productos había sido enviada en un primer barco a las instalaciones de Aurubis AG, una empresa alemana que posee varias fundiciones en Europa. El resto del concentrado bloqueado debería enviarse a socios comerciales (offtake partners) en Japón y Corea del Sur.
Tristan Pascall afirmó en esa entrevista que cada paso como este genera confianza en que podemos encontrar un camino a seguir juntos, aunque afirmó que en última instancia, el futuro de la mina está vinculado directamente a los resultados de esta auditoría integral, que sentará las bases para cualquier negociación con el gobierno.
MiningWatch Canada y la presión internacional contra Cobre Panamá
En 2024, más de 100 organizaciones civiles internacionales, a través de MiningWatch Canada, pidieron al gobierno canadiense que retirara su apoyo a First Quantum Minerals y presionara para que se cerrara la mina en Panamá.
Ante la posibilidad de su reapertura, Viviana Herrera, responsable de MiningWatch para América Latina, explicó a RCI que First Quantum Minerals presentó una demanda por valor de 20 000 millones de dólares estadounidenses (27 891 millones de dólares canadienses), interrumpida desde marzo, para chantajear al Gobierno panameño.
En noviembre de 2023, First Quantum inició un procedimiento de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y presentó una notificación de intención de arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC). Sin embargo, en marzo de 2025, la empresa aceptó de «discontinuar el arbitraje de la CCI» y de «suspender el arbitraje del TLC». La empresa afirma que tomó esta medida para demostrar su compromiso de seguir siendo parte de la solución.
En febrero de 2024, Tristan Pascall declaró a Reuters que había «fijado la cantidad mínima reclamada en este procedimiento en 20 000 millones de dólares» después de que el Tribunal Supremo de Panamá declarara inconstitucional el contrato de First Quantum.
Sin embargo, el PDG de la compañía también declaró en ese momento que el arbitraje no era la solución preferida por la empresa.
