HomeComunicadoRol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

Fuente imagen: Justice For Mariano / Mining Watch Canada

 

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

 

Noticia

 

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

 

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

 

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

 

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

 

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

 

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

 

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

 

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

 

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

 

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”

 

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

 

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

 

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

 

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

 

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s