Artículo original redactado por Bryan Avelar en El País.
El presidente hondureño, Nasry Asfura, asegura que las muertes no quedarán impunes y anuncia el despliegue del Ejército en las zonas donde ocurrieron los hechos.
Una nueva ola de violencia vinculada al crimen organizado ha dejado al menos 24 muertos en Honduras tras registrarse dos masacres con pocas horas de diferencia. En el primer ataque, perpetrado este jueves, al menos 19 trabajadores de una finca de palma africana fueron asesinados en el municipio de Trujillo (departamento de Colón), en el Caribe hondureño, mientras se preparaban para iniciar su jornada laboral. Unas horas después, cinco policías fueron secuestrados y asesinados en el municipio de Omoa (departamento de Cortés), fronterizo con Guatemala, cuando intentaban capturar a un líder del narcotráfico, según informaron las autoridades. Los hechos ocurren apenas unos días después de que el Gobierno aprobara nuevas reformas legales para endurecer el castigo contra el crimen organizado y las pandillas.
El presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, aseguró que las muertes no quedarán impunes y anunció el despliegue del Ejército en las zonas afectadas. Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, señaló que el Ejecutivo ha instalado un “comando de crisis” en el que participan unidades de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, y anticipó que probablemente se incluirá a jueces con “autoridad nacional” para procesar a los responsables. “No importa cuánto tiempo nos tome, esto no quedará impune”, enfatizó.
Respecto a la matanza de los trabajadores, las autoridades descartaron que se deba al histórico conflicto de tierras que impera en la zona y señalaron directamente al crimen organizado. Trujillo forma parte del Bajo Aguán, una fértil región agrícola del noreste hondureño que arranca el conflicto agrario más largo y violento del país, centrado en la disputa armada por el control y la propiedad de fincas dedicadas al cultivo de palma africana. Los medios locales han reportado de forma continua enfrentamientos y masacres en la zona, pero nunca con un volumen de víctimas tan elevado como en esta ocasión.
En cuanto al asesinato de los policías, la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en el que detalló que cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) realizaban un allanamiento en una vivienda de la aldea de Corinto “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondiente”. Al momento de la operación, “aparentemente hubo un fuerte enfrentamiento entre delincuentes y policías, siendo estos superados por la estructura criminal, raptados y posteriormente asesinados”, admitió la institución.
Las fuerzas de seguridad activaron un operativo de búsqueda y rescate, pero solo lograron localizar los cinco cuerpos sin vida en una carretera secundaria que conduce hacia Tegucigalpa, la capital hondureña. Según las autoridades, la operación iba dirigida contra una estructura de narcotráfico liderada por Heber Noé Argueta Zavala, aunque no se proporcionaron más detalles sobre el capo.
Tras el fiasco operativo, el director y el subdirector de la DIPAMPCO fueron suspendidos de sus cargos. “El mando y control de esta operación estaba bajo la autoridad del equipo directivo de la DIPAMPCO, quienes deben responder por la inobservancia de los procedimientos institucionales y sus consecuencias”, zanjó la Secretaría de Seguridad. Este periódico intentó obtener una versión más detallada de los hechos a través de la vocería de la Policía, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Esta escalada se produce solo dos días después de que, el pasado 19 de mayo, el Congreso hondureño aprobara una reforma al Código Penal que eleva las penas hasta los 20 años de cárcel por el delito de extorsión y habilita la cadena perpetua en caso de que la víctima fallezca.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras condenó la masacre de los trabajadores agrícolas en Trujillo y urgió a las autoridades a garantizar una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial”, así como a proteger a los sobrevivientes. Ya en 2025, la OACNUDH había advertido sobre el avance de las organizaciones criminales en el Bajo Aguán, alertando que “la violencia perpetrada por estos grupos ha provocado desplazamiento forzado, riesgos para comunidades rurales y afectaciones al ejercicio de los derechos humanos”.
La Conferencia Episcopal de Honduras también se pronunció a través de un comunicado en el que exigió el esclarecimiento de los hechos. “Expresamos nuestro más absoluto repudio a estos y otros actos similares. Como pastores de la Iglesia y miembros de esta comunidad, no podemos aceptar justificaciones superficiales ante hechos tan horrendos”, manifestaron los obispos.
Honduras se mantiene como el país más violento de Centroamérica, con una tasa de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, y sigue siendo un eslabón clave en la ruta de la droga que fluye desde Colombia hacia Estados Unidos. Aunque el cartel de Los Cachiros ha operado históricamente en la región, fuentes policiales han alertado recientemente sobre la creciente influencia del poderoso cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG).
