Ottawa, 25 de abril de 2023 – Las organizaciones abajo firmantes que representan a organizaciones humanitarias y de desarrollo internacional canadienses, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales, sindicatos, grupos religiosos y de solidaridad, expresan su profunda preocupación por el arresto el 11 de enero de 2023 y la detención continua de cinco defensores de los derechos humanos y del agua de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) y la comunidad de Santa Marta, El Salvador: Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas Ortega, Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez. Pedimos la liberación de los 5 de ADES Santa Marta de las pésimas condiciones de prisión preventiva y el retiro de los cargos en su contra. De acuerdo con los estándares internacionales para los presos, exigimos que mientras estén detenidos, los 5 tengan acceso constante a su abogado y familiares, medicamentos, alimentación adecuada y condiciones para dormir y libres de cualquier forma de abuso o acoso.
Nuestra preocupación se basa en el conocimiento y profundo respeto por la labor de ADES y el acompañamiento histórico de la comunidad de Santa Marta que se remonta a su exilio en Honduras. Además, las mujeres, los pequeños agricultores, los jóvenes y los más vulnerables de Santa Marta y las comunidades aledañas se han beneficiado del trabajo de ADES en derechos humanos, agricultura sostenible, manejo de recursos hídricos, educación, salud, organización comunitaria y participación popular en su territorio en sus 30 años de historia de trabajo en los temas ambientales y de derechos humanos.
Deben desestimarse los cargos penales contra los defensores del agua de Santa Marta porque violan los Acuerdos de Paz de 1992 y la Ley de Reconciliación Nacional
Estos arrestos arbitrarios son profundamente preocupantes ya que violan los Acuerdos de Paz y la Ley de Reconciliación Nacional reconocidos internacionalmente en El Salvador, ambos firmados en 1992. Los cinco defensores del agua fueron combatientes del FMLN durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992). Ahora han sido acusados sin pruebas por un caso específico de asesinato, privación ilegal de la libertad y asociaciones ilegales que supuestamente tuvieron lugar hace 33 años (1989) durante la guerra civil. Este caso y los presuntos delitos no forman parte del Informe de casos de la Comisión de la Verdad de la ONU, lo cual se encuentra fuera del marco de la Ley de Amnistía de 1992.
De hecho, estos arrestos contravienen a la Ley de Reconciliación Nacional de El Salvador aprobada por el Congreso una semana después de los históricos Acuerdos de Paz, que sigue vigente hasta el día de hoy. Esta ley fue aprobada como cumplimiento de los compromisos suscritos por el Gobierno de El Salvador, el FMLN y el secretario general de las Naciones Unidas, con el pleno apoyo de gobiernos como Canadá, Estados Unidos, México, España, Colombia y Venezuela. Es fundamental que se respeten los Acuerdos de Paz de El Salvador, ya que ha dado forma en gran medida a los acuerdos de paz posteriores en la región y en todo el mundo.
Estos arrestos tienen motivaciones políticas para desmovilizar a la oposición a la minería en un contexto de crisis judicial y de derechos humanos en El Salvador
Los cinco defensores de los derechos humanos y del agua detenidos desempeñaron un papel clave en la prohibición histórica de la minería metálica en El Salvador en 2017 que salvó los ríos y ecosistemas de la nación y acaparó los titulares mundiales por ser el primer país del mundo en hacerlo. Recientes informes parecen indicar el interés del actual gobierno en reanudar la minería en el país. 251 organizaciones ambientales y de derechos humanos de 29 países han expresado su preocupación de que los arrestos sean de hecho motivados políticamente y una estrategia para desmovilizar a las comunidades que se oponen a la minería en este momento crítico.
Así lo confirma la falta de información, de pruebas y la prohibición en hacer pública toda información sobre estas detenciones. Las declaraciones por parte de la acusación a la prensa en los días posteriores al arresto indican que hay poca evidencia real para vincular a los cinco defensores del agua con los presuntos delitos. La falta de pruebas, el hecho de que la Fiscalía general del Estado obtuviera el total secreto sobre las actuaciones y que los cinco defensores del agua detenidos aún se encuentren en prisión preventiva indican que fueron (junto con un sexto detenido) efectivamente detenidos y acusados de manera arbitraria y discriminatoria, por razones políticas relacionadas con su oposición a la minería. Esto contrasta fuertemente con todos los otros pocos casos que lentamente están siendo juzgados por el sistema de justicia salvadoreño, todos contra miembros de las organizaciones militares y paramilitares.
Asimismo, la orden incluye una acusación adicional, la de la supuesta afiliación de los cinco señalados a grupos ilícitos. Esta acusación es de gran preocupación dadas las consecuencias que tal término conlleva bajo el actual «régimen de excepción» en El Salvador. Rechazamos la implicación de que los arrestados estén asociados con actividades de pandillas. Este ataque a los defensores de los derechos humanos, líderes de organizaciones y comunidades respetadas de la sociedad civil, señala un inquietante nuevo desarrollo en el “régimen” en El Salvador. Revive las prácticas de persecución política y detención arbitraria de organizaciones de la sociedad civil que no se veían desde el final de la guerra civil. Esta situación es sumamente preocupante, ya que observamos el primer aniversario de la instauración del estado de emergencia en curso, que ha suspendido una amplia gama de libertades civiles y ha dado lugar a violaciones masivas de derechos humanos, incluidas miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso, así como actos de tortura, malos tratos y otros abusos denunciados por expertos de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
Canadá debe defender los Acuerdos de Paz de El Salvador y exigir la liberación de los defensores del agua de Santa Marta
Hacemos un llamado al Gobierno de Canadá en:
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Abogar por la implementación continua de los Acuerdos de Paz como un actor clave que apoyó en que se lograran estos acuerdos históricos. Al continuar deteniendo y procesando a los cinco defensores, el gobierno salvadoreño corre el riesgo de violar los acuerdos que pusieron fin a una de las guerras civiles más sangrientas de América Central, sentando un mal precedente para la paz internacional;
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Respetar su compromiso de promover y proteger los derechos humanos y utilizar todas las herramientas posibles para incidir a la Fiscalía general de El Salvador en liberar a los defensores de Santa Marta;
En particular, solicitamos a la Embajada de Canadá en El Salvador en:
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Implementar las “Voces en riesgo: Directrices de Canadá sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos” que reconocen el papel clave que desempeñan los defensores de los derechos humanos y ambientales en la protección y promoción de los derechos humanos, el agua y el medio ambiente y el fortalecimiento del estado de derecho, a menudo en gran riesgo para ellos, sus familias y sus comunidades, y para las organizaciones y movimientos que representan;
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Solicitar el retiro de la prisión preventiva de los imputados para que puedan ser enviados a su domicilio de inmediato;
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Abogar por la desestimación de todos los cargos contra los acusados, de conformidad con la Ley de Reconciliación Nacional de 1992;
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Hacer una declaración pública expresando su preocupación por las inconsistencias en el proceso judicial, pedir el fin de la prisión preventiva, la suspensión de todos los cargos y su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los cinco defensores;
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Asistir a todos los próximos juicios como observadores internacionales;
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Visitar y acompañar a la comunidad de Santa Marta para escuchar directamente a las familias afectadas por estas detenciones arbitrarias y el trabajo realizado por ADES;
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Expresar públicamente su preocupación de que este caso revictimice a las víctimas del conflicto civil armado en lugar de promover la justicia para las víctimas como se recomienda en el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU luego de los Acuerdos de Paz de 1992.
Firmado por las siguientes organizaciones canadienses:
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Americas Policy Group/ Groupe d’orientation politique pour les Amériques
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CoDevelopment Canada (CoDev)
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Inter Pares
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La Iglesia Unida de Canadá
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MiningWatch Canadá (Alerta Minera Canadá)
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Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)
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Migrant Workers Centre (MWC)
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CAPMO
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Amitié Gatineau-Monde
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Development and Peace – Caritas Canada
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Blue Planet Project
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Mining Justice Alliance (MJA)
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Mining Justice Action Committee (MJAC)
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Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
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Rights Action
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Frente Intercontinental La Ventana de la lucha popular salvadoreña
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Collectif Paix Territoire Vie
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UNIFOR
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International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP Canada)
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Alternatives
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United for Mining Justice
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NB Media Co-op
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Steelworkers Humanity Fund (SHF)
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Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network (BTS)
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ALBA Social Movements Ottawa /Canada
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Justice, Mission and Outreach Committee, United Church of Canada, Maritimes Region
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KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives
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Commission altermondialisation et solidarité internationale de Québec solidaire
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Maquila Solidarity Network (MSN)
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CommonFrontiers
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Frente Intercontinental del FMLN Canadá
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Mining Injustice Solidarity Network (MISN)
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Sustainable Northern Nova Scotia (SuNNS)
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Peace and Social Concerns Committee Ottawa Quakers
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Asociación Salvadoreña Canadiense de Mujeres (ASCADEM)
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Canadian Jesuits International
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Jésuites du Canada / Jesuits of Canada
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Conseil central du Montréal métropolitain – CSN
