A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos
Al C. David Monreal Ávila
Gobernador del Estado de Zacatecas
Al C. Efraín Morales López
Titular de la Comisión Nacional del Agua
Al C. Víctor Suárez Carrera
Titular de la Procuraduría Agraria
A los gobiernos municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, todas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, han firmado una carta en la que expresan su preocupación por el proyecto de la presa Milpillas en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, en el estado de Zacatecas. Dicho proyecto es considerado una prioridad del Plan Nacional Hídrico para el periodo 2024-2030.
Este proyecto pretende desviar aproximadamente el 92 % del caudal del río Atence, lo que provocaría una devastación irreversible del ecosistema, la destrucción de los medios de subsistencia de las comunidades ribereñas y un grave impacto en los derechos humanos al agua, al territorio, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a una vida digna, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales ratificados por el país.
Durante los últimos diez años, los sistemas agrícolas de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado una firme oposición al proyecto, el cual pone en riesgo sus derechos a la autonomía, a la autodeterminación y a la propiedad colectiva, conforme al artículo 2 constitucional, la Ley Agraria, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades tradicionales.
El proyecto también impacta a la población mediante prácticas como el acoso, la coacción, la intimidación y la criminalización. Asimismo, se han documentado otros hechos, por ejemplo:
Condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas
Intimidación directa a ejidatarios y defensores del territorio
Amenazas, campañas de odio, difamación y estigmatización pública
Despidos injustificados relacionados con la defensa del territorio
Divulgación indebida de datos personales
Hackeo, extorsión digital y vigilancia
Negativa de atención institucional a las comunidades agrícolas
Provocaciones deliberadas para generar confrontación social
Uso de la fuerza policial, acoso y persecución por parte de la Guardia Nacional
Estos actos, que constituyen violaciones a los derechos humanos, generan además responsabilidades administrativas, penales y estatales, y transgreden las normas internacionales de protección a las personas defensoras de derechos humanos.
Las y los habitantes de las comunidades viven desde hace más de diez años en un estado crónico de preocupación, temor e incertidumbre. La juventud de estas comunidades presenta problemas emocionales y psicológicos, trastornos del sueño y ansiedad respecto a su futuro. Las comunidades ribereñas han manifestado su inconformidad con los servicios de salud, particularmente en lo relativo al acceso a vacunas esenciales y a la amenaza de cobrar por el uso tradicional del agua del río, lo cual contraviene el principio fundamental del derecho humano al agua.
La Procuraduría Agraria en Zacatecas ha dejado de cumplir con su mandato constitucional de defender los derechos de los sujetos agrarios, convirtiéndose en promotora del proyecto, vulnerando la autonomía ejidal y condicionando la atención institucional.
Denunciamos las acciones del C. Francisco Pérez Compeán, cuya conducta ha sido señalada como intervencionista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la autodeterminación. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta concreta a las quejas presentadas en su contra.
Especialistas en desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas han evidenciado la imposibilidad técnica, científica y financiera de resolver la crisis hídrica de la región mediante este proyecto. Señalan que el déficit de los acuíferos alcanza anualmente los 262.5 millones de metros cúbicos, mientras que la presa solo podría aportar 41 millones de metros cúbicos, lo cual resulta claramente insuficiente para cubrir las necesidades iniciales. Por lo tanto, carece de sentido considerar la construcción de siete presas, número mínimo requerido para satisfacer la demanda.
No obstante, se proponen soluciones sostenibles y eficaces denominadas “Sendero de Agua Dulce”, que priorizan la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con un menor impacto ambiental y un costo económico reducido. El proyecto de la presa, valuado en más de 9 mil millones de pesos, constituye una decisión financieramente irresponsable, ambientalmente dañina y socialmente regresiva.
Ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS:
La cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
La apertura de una investigación administrativa y penal contra el C. Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.
La investigación del presidente municipal de Jiménez del Teul, C. Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de los servicios públicos.
La revisión integral del estado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Exhortamos a las personas firmantes a mantenerse atentas ante el aumento de tensiones y amenazas que enfrentan las comunidades. Como Centro de Documentación y Estudio para el Apoyo a la Solidaridad A.C., responsabilizamos al Estado mexicano, bajo la conducción de la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier acto de brutalidad, represión o violación a los derechos humanos que pudiera ocurrir en el territorio o contra las personas defensoras.
Subrayamos que la defensa del agua, del territorio y de la vida es un derecho fundamental y una responsabilidad moral, no un delito.
Atentamente,
Firma de 3 organizaciones convocantes, 61 organizaciones, comunidades, colectivos, redes y personas firmantes, 6 organizaciones y redes internacionales, 3 académicos y 12 periodistas y/o defensores de derechos humanos.
Traducido por Yohan Leclerc
