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Cuestionan criterio del juez para otorgar amparo a MSX

Cuestionan criterio del juez para otorgar amparo a MSX
Angélica Enciso y Edith ArgüellesReportera y corresponsal
Periódico La Jornada – Viernes 18 de diciembre de 2009, p. 29

El juez federal Manuel Quistán Espericueta, con sede en San Luis Potosí, se basó en un análisis subjetivo para otorgar la suspensión definitiva contra la clausura que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso a la empresa Minera San Xavier (MSX). «Colocó por encima del interés público, del medio ambiente y la salud, el hecho de que la empresa genera empleos en la zona», consideró Sergio Serrano, director de Pro San Luis Ecológico.

Representantes del Frente Amplio Opositor (FAO) a la MSX, del cual forma parte Pro San Luis Ecológico, se reunieron la noche del miércoles con Patricio Patrón Laviada, titular de la Profepa, para actuar como coadyuvantes en el litigio que emprendió la empresa contra la clausura. La Profepa clausuró las instalaciones de la minera el 18 de noviembre y ordenó parar actividades, pero la empresa obtuvo una suspensión por tiempo indefinido.

Aunque el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) determinó que las autorizaciones de manifestación de impacto ambiental (MIA) otorgadas a la empresa en 1999 y 2006 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natulaes (Semarnat) eran improcedentes y pidió revocarlas, el 27 de noviembre MSX entregó otra manifestación en la que dice tener «toda la infraestructura de apoyo para el aprovechamiento del recurso mineral existente, en estricto cumplimiento de la normatividad ambiental».

En la reunión con Patrón Laviada, efectuada la noche del miércoles, se le mostraron indicios de las anomalías en que habría incurrido Alfredo Sánchez Azúa, delegado estatal de la Profepa, en la clausura aplicada el 18 de noviembre a MSX en Cerro de San Pedro.

Los activistas aseguran que Sánchez Azúa dejó resquicios legales que permitieron a la empresa obtener la suspensión total del paro de actividades en el juzgado primero de distrito.

Carlos Covarrubias Rendón, ex regidor perredista y activista, señaló que, además de la sentencia del TFJFA, había muchas razones más para cerrar la empresa, entre ellas la contaminación de un arroyo.

Patrón Laviada prometió a los activistas que la Profepa rebatirá el amparo, porque la empresa carece de la manifestación de impacto ambiental. También aseguró que se analizará si Sánchez Azúa actúo en contubernio con MSX.