La comunidad de Guapinol, en la costa norte del país, se ha militarizado por defender el río que la abastece.
Artículo publicado el 6 de octubre de 2020 por The Guardian (Nina Lakhani)
Gabriela Sorto no ha visto ni hablado con su padre en seis meses, desde que las draconianas medidas Covid-19 del gobierno hondureño prohibieron la mayoría de los viajes y las visitas a la prisión.
Porfirio Sorto Cedillo, constructor y trabajador agrícola de 48 años, es uno de los ocho manifestantes en prisión preventiva desde 2019 por presuntos delitos relacionados con su oposición a una mina de óxido de hierro que amenaza con contaminar su suministro de agua. Otros cinco defensores del agua de Guapinol, una pequeña comunidad de bajos ingresos en la costa norte del país, también podrían ir pronto a la cárcel.
La enorme mina a cielo abierto, propiedad de una de las parejas más poderosas del país, se autorizó sin consultar a la comunidad dentro de un parque nacional protegido, en un proceso plagado de irregularidades, según expertos internacionales.
En respuesta a las denuncias penales presentadas por la empresa Inversiones Los Pinares, 32 personas, entre ellas un hombre que murió tres años antes de los supuestos incidentes, han sido acusadas de múltiples delitos y el grupo de base de la comunidad ha sido acusado falsamente de vínculos con el crimen organizado.
La comunidad ha sido militarizada, y sus líderes sometidos a amenazas, acoso y campañas de desprestigio. Varios residentes huyeron, solicitando asilo en Estados Unidos para escapar de la persecución penal, en un caso ampliamente condenado por abogados, grupos de derechos y legisladores estadounidenses y europeos.
«Mi padre ha sido encarcelado por defender un río que da vida a nuestra comunidad, por intentar detener la explotación de los recursos naturales por parte de empresas ricas a las que el gobierno ayuda a aterrorizarnos», afirmó Sorto, de 28 años. «Cada día que pasa sabemos menos de él. Está débil, ha tenido síntomas de Covid, nos preocupa su salud y su seguridad en la cárcel».
Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para defender los recursos naturales y los derechos sobre la tierra después de que el golpe de Estado de 2009 diera paso a un gobierno autocrático y proempresarial -que sigue en el poder a pesar de las múltiples acusaciones de corrupción, fraude electoral y vínculos con redes internacionales de narcotráfico-.
Desde entonces, cientos de defensores han sido asesinados, y muchos otros silenciados como consecuencia de acusaciones penales inventadas.
Según un informe reciente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la «causa fundamental de la mayoría de los conflictos sociales [en Honduras] es la falta sistemática de transparencia y de participación significativa» de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos naturales.
La víctima más destacada fue la defensora indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016 tras sufrir años de amenazas y acoso por su oposición a una presa financiada con fondos internacionales.
Más recientemente, el caso Guapinol y la desaparición forzada de defensores de la tierra de la comunidad indígena negra garífuna han desatado críticas generalizadas.
Guapinol es un barrio semirrural de la fértil región de Bajo Agua, rica en minerales, donde durante años agricultores de subsistencia e indígenas hondureños han sido desplazados a la fuerza, criminalizados y asesinados en conflictos con poderosos conglomerados por la tierra y el agua.
La lucha actual se remonta a 2011, cuando la montaña de Botaderos fue declarada Parque Nacional por el Congreso, lo que obligaba a proteger las fuentes de agua que abastecen a más de 42.000 personas, incluido el río Guapinol.
Sin embargo, al año siguiente, el Congreso redujo la zona de exclusión del parque para dar cabida a la mina, propiedad de Lenir Pérez, un empresario acusado anteriormente de violaciones de derechos humanos, y Ana Facussé, hija del fallecido magnate del aceite de palma Miguel Facussé , un importante agente de poder político que antes de su muerte en 2015 fue acusado de acaparamiento de tierras, represión violenta y vínculos con narcotraficantes.
En los años siguientes, se concedieron permisos de explotación minera y comenzó la construcción de carreteras, incluso mientras las comunidades presentaban denuncias legales, celebraban protestas y suplicaban a los funcionarios que protegieran los ríos, según muestran los registros.
En marzo de 2018, poco después de que la empresa comenzara a ampliar una carretera dentro del parque nacional, el agua del grifo en Guapinol se volvió marrón chocolate y espesa con sedimentos fangosos. Los residentes se vieron obligados a comprar agua embotellada para beber, cocinar e incluso bañarse después de que los niños comenzaran a sufrir diarrea, mientras que algunos adultos reportaron dolencias en la piel.
«Arruinaron nuestro río… No podíamos utilizar el agua para nada, por eso nos organizamos, esa es nuestra lucha», declaró Juana Zúñiga, de 36 años, cuyo marido, José Abelino Cedillo, barbero de 36 años, también está encarcelado a la espera de juicio.
Un campamento de protesta pacífica para oponerse al proyecto fue recibido con violencia. El 7 de septiembre de 2018, un joven manifestante recibió un disparo y resultó gravemente herido cuando decenas de guardias de seguridad armados que trabajaban para la mina intentaron desalojar el campamento. El incidente nunca se investigó.
Mientras tanto, las autoridades judiciales dictaron órdenes de detención contra manifestantes vinculados a los controvertidos sucesos de ese día y a un intento anterior de desalojo del campamento.
Una investigación reciente de la Clínica Jurídica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia concluyó: «Este caso se enmarca en una pauta de violencia, hostigamiento e intimidación dirigida contra los defensores de los derechos humanos en Honduras… que ilustra la tendencia del gobierno a favorecer los intereses económicos por encima de los derechos humanos y su voluntad de atentar contra la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica de sus ciudadanos.»
Además de los ocho hombres detenidos en 2019, un juez decidirá en breve si otros cinco, cuyos casos fueron sobreseídos en un principio, deben esperar también el juicio en prisión o en su domicilio. Los acusados niegan los cargos de incendio provocado y detención ilegal del jefe de seguridad de la mina.
Leonel George, de 41 años, defensor de los derechos humanos que apoya a la comunidad de Guapinol y se enfrenta a prisión preventiva, dijo: «Quieren encerrarnos para asustar a la comunidad y debilitar la resistencia».
La empresa minera no respondió a las acusaciones concretas, pero en un correo electrónico dijo: «Inversiones Los Pinares es una empresa seria, responsable, respetuosa de los derechos humanos y ambientales, que cumple con todas las leyes, reglamentos y normas de operación… hemos generado desarrollo, impulso económico, ayuda con obras sociales para las comunidades y todos nuestros procesos son ambientalmente responsables.»
