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Chile en el punto de mira de la fiebre canadiense por los recursos

Escrito por Naomi Larsson, The Breach
Traducido al español por Viviana Herrera, Programa Latino América MiningWatch Canada

Mientras Chile redacta una nueva Constitución, ¿podrán las empresas canadienses aprovechar el auge de la minería impulsada por la demanda de las energías renovables?

Dicen que fue el primer pueblo del país en probar la libertad. Enclavado en la cordillera de los Andes en un rico y fértil valle de la región central de Chile, Putaendo fue el primer lugar por el que pasó el líder revolucionario Bernardo O’Higgins y su ejército en su camino para liberar a Chile del dominio español hace más de 200 años.

Pero no toda la población se siente libre hoy. Desde hace siete años, la población lucha contra el desarrollo de una gran mina de cobre en el valle que, según ellos, dañaría irreversiblemente el medio ambiente y su comunidad.

El año pasado, Los Andes Copper—con sede en Vancouver y una de las 40 empresas mineras canadienses que operan actualmente en Chile- recibió luz verde para perforar cientos de barrenos en la cordillera de Putaendo. Treinta miembros de la comunidad se unieron al grupo activista local Putaendo Resiste para presentar un recurso judicial contra el proyecto.

«No seremos una zona de sacrificio. No se trata sólo de la disponibilidad de agua, sino también de la posible contaminación, la destrucción de nuestras montañas, la destrucción del medio ambiente, la destrucción de la flora y la fauna que sólo existe en esta zona», dijo por teléfono a The Breach Alejandro Valdés, de Putaendo Resiste.

Pero Valdés tiene esperanza. Pocas veces un país tiene la oportunidad de reescribir el tejido mismo de sus valores nacionales, y más raro aún es que el medio ambiente sea una prioridad.

Durante el último año, 155 chilenas y chilenos -elegidos en un proceso que garantizó la paridad de género y la inclusión de los pueblos indígenas- han estado trabajando en la redacción de una nueva Constitución. Una vez finalizado el proyecto y aprobado con una mayoría de dos tercios, los chilenos votarán por una nueva constitución. Se espera que se haga hincapié en garantizar los derechos de los  pueblos indígenas, la protección del medio ambiente y el acceso al agua.

La nueva carta magna es el resultado de las protestas contra la desigualdad que comenzaron en octubre de 2019 y que desataron un estallido social a nivel nacional. Finalmente, el presidente derechista Sebastián Piñera cedió a las demandas de los manifestantes y aceptó reemplazar la constitución de la era Pinochet actualmente en vigor.

Diciembre de 2021 marcó otro punto de inflexión para Chile. Gabriel Boric, un izquierdista de 35 años y antiguo líder de las protestas estudiantiles, ganó unas disputadas elecciones presidenciales. Su campaña prometió ampliar la red de seguridad social, impulsar una legislación medioambiental más estricta y aumentar los impuestos a la minería.

«Destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro país, que destruyan a las comunidades” dijo Boric en su discurso de victoria, señalando específicamente el proyecto minero Dominga, que ha sido un punto de conflicto durante años, ya que sus estudios de impacto ambiental fueron rechazados por las autoridades chilenas en múltiples ocasiones.

«Chile está totalmente abierto a la extracción extranjera, no hay herramientas públicas para decir ‘no, no se puede hacer este proyecto'», dijo Violeta Rabi, socióloga que también forma parte de Putaendo Resiste. «Esto es lo que podemos cambiar con la nueva Constitución».

Rabi está muy preocupada por las posibles consecuencias de una mina en su pueblo. «Sé que si se instala la mina en Putaendo, será el fin del valle. No hay posibilidad de vida en esta zona con la mina allí», dijo. «Es así de extremo».

El nuevo boom del cobre

La mina propuesta se llama Vizcachitas -en honor a las vizcachas, un roedor originario de la zona- y es propiedad en su totalidad de la empresa canadiense Los Andes Copper. La empresa describe Vizcachitas como uno de los mayores yacimientos avanzados de cobre de América, con 13.000 millones de libras de cobre equivalente.

La demanda de cobre es cada vez mayor a medida que nos alejamos de los combustibles fósiles hacia las energías renovables, lo que ha provocado un nuevo auge de la minería. El Banco Mundial calcula que en las próximas tres décadas habrá que extraer más de 3.000 millones de toneladas de metales y minerales para impulsar la transición energética.

El suministro de cobre -utilizado para los parques eólicos, los paneles solares y los vehículos eléctricos- debe aumentar hasta un seis por ciento anual para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo sobre el Clima de París. El litio, un componente clave de las baterías, también es esencial en el camino hacia la descarbonización.

Como primer productor mundial de cobre y segundo de litio, Chile es un país clave en esta transición. Y las empresas mineras canadienses ya están haciendo cola para obtener beneficios.

«Canadá está impulsando la minería para la transición energética desde ahora», dijo Viviana Herrera, de Mining Watch Canada. Ottawa lanzó su Plan Canadiense de Minerales y Metales (CMMP) en 2019, estableciendo objetivos ambiciosos para catalizar la minería para la transición energética en Canadá. Pero como señala Herrera, «aunque el CMMP se centra en Canadá, este está tratando de impulsar la minería en otros países también.»

El ministro canadiense de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, ha dejado claro que Canadá ve el cambio climático como una oportunidad económica, también para las empresas mineras. «Canadá tiene los recursos y la experiencia para liderar el mundo en la producción, el procesamiento y el crecimiento de las cadenas de valor de los minerales críticos», dijo Wilkinson a principios de este mes.

«Estamos asistiendo a una alianza política y económica de élite para promover la minería como solución al cambio climático», dijo Thea Riofrancos, profesora asociada de Ciencias Políticas en el Providence College.

Riofrancos ha realizado una amplia investigación sobre la minería del litio en Chile. «Soy escéptica con respecto a esa narrativa porque si bien es cierto que la transición energética implica tecnologías e infraestructuras que se producen con minerales, eso no significa que la minería sea una solución al cambio climático».

Una crisis duradera del extractivismo

Una constelación de instalaciones mineras salpica el mayor salar de Chile, que cubre 750.000 acres. A medida que la salmuera se bombea a la superficie se evapora, produciendo un concentrado de litio que, desde arriba, aparece como un cristal turquesa en el desierto más árido del mundo.

Ramón Balcázar vive en la ciudad desértica del norte de Chile, San Pedro de Atacama, donde se encuentra la mayor parte de los suministros de litio del mundo. Es el coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), que vigila los salares andinos.

«El extractivismo no es sólo la extracción de minerales, sino todo el sistema. Está directamente relacionado con el crecimiento económico con el capitalismo global: la transición energética, su red corporativa», dijo Balcázar. «Eso para mí es un problema porque estamos reproduciendo el mismo sistema que provocó la crisis climática, que no es sólo una crisis climática, es una crisis sistémica».

«[La industria minera] se está reformulando como salvadora del cambio climático, como lo que va a proporcionar los materiales críticos necesarios para la transición energética», dijo Balcázar. «Están tratando de distanciarse de la extracción de recursos y de todas las implicaciones sociales y medioambientales».

«Vivimos en un capitalismo global, así que cuando vamos a estas fronteras de recursos, esa extracción se utiliza para producir mercancías que se consumen en otros lugares», dijo Riofrancos. «Hay que mirar más de cerca cómo se está diseñando e implementando la transición energética, quién se beneficia y quién pierde».

Los perdedores, dicen los activistas, son aquellos cuyas vidas, tierras y hogares están en la frontera minera.

«Es una tensión que no es muy visible en el discurso global, pero es importante, porque para mantener la comodidad de los países industrializados con más cobre, más litio, se crean conflictos ambientales y sociales que suceden en lugares como Putaendo», dijo la activista Violeta Rabi.

«La verdad es que esta transición energética no nos va a alcanzar. Es un lavado verde», dijo vía telefónica desde su casa en la región central de Chile.  «Necesitamos algo más que esto para salvarnos de la crisis ecológica».

Minerales estratégicos, intereses poderosos

El cobre ha sido durante mucho tiempo un indicador político en Chile.

Con el presidente socialista Salvador Allende, el cobre se nacionalizó como parte de un esfuerzo por poner los recursos naturales de Chile al servicio de la calidad de vida de los trabajadores y la gente del común. Durante los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, los beneficios de la minería fueron a parar a las arcas de empresas extranjeras, mientras los militares desaparecían, torturaban y asesinaban a miles de disidentes.

La reciente victoria de Boric ha vuelto a poner en vilo a las empresas mineras internacionales y a sus poderosos representantes. Las acciones mineras cayeron tras la victoria de Boric; una de las mayores empresas mineras de litio se desplomó un 10%.  Según la Administración de Comercio Internacional, la contribución del sector minero al PIB de Chile el año pasado fue del 11%, lo que representa la mitad de las exportaciones totales del país. Los datos de exportación recopilados por Veritrade muestran que, de enero a noviembre del año pasado, Chile exportó más de 800 millones de dólares de cobre a Canadá (la segunda mayor exportación de Chile a Canadá en el mismo periodo fue el salmón de piscifactoría, valorado en algo menos de 60 millones de dólares).

Tras llegar al poder en 1970, Allende nacionalizó la industria del cobre, incluidas dos importantes empresas de cobre de propiedad estadounidense. Tras su destitución en un golpe de Estado en 1973, la dictadura militar de Pinochet consolidó las políticas extractivistas de Chile durante sus 17 años de gobierno represivo.

El régimen de Pinochet redactó la actual Constitución en 1980, desnacionalizando el cobre y permitiendo la compra y venta de agua en el mercado. También puso en marcha políticas económicas para abrir los recursos del país a la inversión extranjera. Durante este periodo, las empresas mineras de cobre fueron fundamentales en la organización de huelgas y protestas contra el régimen militar.

Las empresas mineras canadienses están presentes en Chile desde principios de la década de 1990, y los dos países consolidaron su relación mediante el Tratado de Libre Comercio Chile-Canadá de 1997. A esto le siguió una inyección masiva de capital canadiense en el sector minero chileno. Según MiningWatch Canadá, actualmente (datos del 2019) hay más de 40 empresas mineras canadienses que supervisan más de 100 minas y proyectos en Chile.

Los Andes Copper, la empresa minera junior que participa en la fase de exploración del proyecto minero, lleva desarrollando Vizcachitas desde 2007. Pero la comunidad no se enteró hasta 2015. Cuando lo hicieron, los lugareños comenzaron a movilizarse inmediatamente. Finalmente, presentaron un recurso judicial ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile contra la aprobación de la perforación por parte del Comité Regional de Medio Ambiente de Valparaíso, alegando irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental y un proceso de consulta pública inadecuado. La primera audiencia está prevista para finales de este mes.

Las tensiones llegaron a un punto crítico a finales del año pasado, cuando el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, quien se opone a la minería, afirmó que los abogados que representan a Vizcachitas presentaron una denuncia contra él por «perversión de la justicia», acusándole de intentar interferir en el proyecto minero.

«Quienes me conocen saben que no tengo una animadversión particular contra ninguna empresa. Sin embargo, he sido claro en que me opongo a los proyectos mineros a gran escala en la cuenca del río Rocín y en la cordillera de Putaendo, porque destruirán la naturaleza e impactarán negativamente en nuestras comunidades», declaró al diario chileno El Mostrador en diciembre.

Quiroz se opone desde hace tiempo a la mina. A principios de febrero presentó un recurso ante el SEA para revertir una decisión que impide a la municipalidad involucrarse en asuntos ambientales.

El director general de Los Andes Copper afirma que la protección del medio ambiente y la seguridad son las principales prioridades de la empresa. «En todas nuestras actividades, incluida la perforación, operamos dentro de las estrictas normas de nuestros permisos detallados. Protegemos el medio ambiente y nos esforzamos por maximizar el valor del proyecto para todas las partes interesadas, incluidas las comunidades, el gobierno y los accionistas», dijo el director general R. Michael Jones a The Breach por correo electrónico.

Pero para los lugareños, las promesas no son suficientes. «El conflicto en Putaendo es el siguiente: tenemos una situación de sequía extrema en nuestro valle. Y en este escenario empezaron a desarrollar el proyecto minero, y el gran problema es que su zona cero está ubicada en el centro del río Rocín, lo que significa que es una gran amenaza para la disponibilidad de agua para el valle», dijo Valdés de Putaendo Resiste.

Valdés afirma que mediante la presión política, el trabajo con ONGs como MiningWatch Canadá y las acciones legales que han interpuesto, no han permitido avanzar la mina de Vizcachitas durante cinco años. Pobladores como Valdés y Rabi se preparan para seguir luchando, incluso cuando el nuevo Presidente de Chile promete cambios.

«Va a ser difícil para el gobierno porque hay muchas expectativas. Boric ha sido muy enfático en la instalación de ideales de cuidar el medio ambiente, cuidar a las mujeres, cuidar a los jóvenes. Así que espero que esto se concrete en la política real», dijo Rabi. «Creo que lo más importante será apoyar el proceso constitucional, que reconozca los derechos de la naturaleza, por ejemplo».

«Creo que es un momento histórico y, sí, tengo mucha esperanza».

Fuento original: Naomi Larsson, The Breach

Foto: Putaendo Resiste