publicado en Le Devoir, el 26 de mayo 2023
«A Jhonatan le encantaba jugar al voleibol y soñaba con ser policía después de graduarse», dice Katalina Arias en quechua sobre su hijo de 18 años.
El sueño de Jhonatan nunca se hizo realidad. Fue asesinado por la policía peruana en el marco de una represión asesina de las protestas populares desencadenadas por la destitución y detención del ex presidente Pedro Castillo tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022. La represión incluyó ejecuciones extrajudiciales y la matanza de 18 manifestantes en una sola ciudad en un solo día.
Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación y el informe, presentado esta semana y titulado Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza por las fuerzas de seguridad peruanas, contiene algunas conclusiones muy preocupantes. Descubrimos que al menos 49 personas habían muerto y 1.200 habían resultado heridas, mientras las fuerzas policiales y militares peruanas aplicaban una estrategia deliberada de miedo para sofocar las manifestaciones, que incluía el uso selectivo y generalizado de fuerza letal, prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos, en el contexto de manifestaciones u operaciones de orden público (fusiles de asalto, munición real, uso ilegal e indiscriminado de botes de gas lacrimógeno y pistolas de perdigones que también causaron muertes).
La investigación de Amnistía reveló un sesgo racista muy marcado por parte de las autoridades. La policía sólo abrió fuego en poblaciones predominantemente indígenas, como Andahuaylas, Chinchero, Ayacucho y Juliaca, contra manifestantes pacíficos, transeúntes, personas que ayudaban a los heridos y periodistas.
Jhonatan estaba con otras personas en una colina de Andahuaylas, filmando las manifestaciones con teléfonos móviles, cuando vieron a la policía disparar gases lacrimógenos contra un cortejo fúnebre. Un vídeo verificado por Amnistía muestra a francotiradores de la policía disparando desde un tejado cercano, alcanzando mortalmente a Jhonatan y a Wilfredo Lizarme, de 18 años, aspirante a estudiante de medicina.
El desprecio del gobierno peruano por la vida y los derechos de las poblaciones más marginadas debería hacer saltar las alarmas de cualquier país que haya vendido o tenga previsto vender armas a Perú. Esto incluye a Canadá, que exportó a Perú bienes y tecnologías militares por valor de 81,4 millones de dólares entre 2014 y 2021 (los datos de 2022 no están disponibles), incluidos vehículos blindados ligeros y agentes químicos antidisturbios.
Están previstas nuevas manifestaciones en julio. Se teme que la represión sea aún más mortífera y que se utilicen las armas vendidas por Canadá. Evitar que haya más muertos y heridos es de suma importancia.
Amnistía Internacional pide a Canadá que suspenda toda venta de armas a Perú en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) del que es signatario. España ya lo ha hecho, alegando su apoyo a los derechos humanos como motivo para suspender sus exportaciones de armas y agentes antidisturbios a Perú.
Durante una reunión con representantes de Global Affairs Canada y uno de los secretarios parlamentarios del ministro de Asuntos Exteriores, se dijo a Amnistía Internacional que no se haría pública ninguna suspensión de la venta de armas a Perú.
Sin embargo, en 2020, Canadá suspendió públicamente las exportaciones de armas a Turquía para «proteger a la población». Las exportaciones a Bielorrusia también se suspendieron en 2020, debido a la preocupación por la represión y la violencia patrocinadas por el Estado contra las protestas públicas en el país.
No debe haber dobles raseros cuando hay vidas en juego. Los intereses económicos de Canadá no deben impedirle adoptar una postura firme en materia de derechos humanos.
Perú es el segundo socio comercial bilateral de Canadá en América Central y del Sur, y Canadá es uno de los mayores inversores extranjeros en el sector minero de Perú. En 2021, las empresas canadienses habrán invertido miles de millones de dólares en la construcción, exploración y operaciones mineras de las diez mayores minas productoras.
El comercio no debe eclipsar los derechos humanos. Contamos con que Canadá cumpla con sus obligaciones legales internacionales suspendiendo las exportaciones de armas a Perú y enviando un mensaje inequívoco de que Perú debe poner fin a su mortal represión racista y al uso de armas inapropiadas o prohibidas para controlar las manifestaciones.
