Artículo original redactado por La Vía Campesina
CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 Durante la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los pueblos indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP), publicaron una fuerte declaración política afirmando su «unidad inquebrantable» frente a los continuos ataques contra sus derechos.
Los movimientos expresaron su gratitud a los gobiernos de Colombia y Brasil por haber colocado nuevamente las discusiones sobre la reforma agraria en la agenda internacional y por haber participado activamente en ellas. Asimismo, subrayaron la importancia de la unidad entre los gobiernos y los pueblos del Sur para defender el derecho internacional y los derechos humanos, considerando los ataques imperialistas que actualmente sufre Irán.
La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos por el derecho internacional, particularmente a través de instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Cualquier intento de cuestionar estos derechos fue rechazado por el CIP.
Una de las principales preocupaciones planteadas fue la asimilación de los pueblos indígenas a la noción vaga de «comunidades locales». Este término fue utilizado en varias ocasiones en la declaración y durante la sesión plenaria. Los movimientos, que reconocen la importancia de la declaración, afirman que no pueden aceptarla en su forma actual. No obstante, se comprometen a participar activamente para garantizar el respeto, la protección y la defensa de sus derechos.
Los pueblos indígenas, representados por entidades dentro del CIP como el Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC), señalaron que los tres mecanismos de las Naciones Unidas relacionados con los derechos de los pueblos indígenas han distinguido claramente las características, los orígenes y el estatus jurídico únicos de estos derechos, y han advertido que su asimilación a comunidades no definidas pone en riesgo estas protecciones. Varias comunidades como pescadores, pastores nómadas, agricultores, trabajadores rurales y comunidades móviles y artesanales expresaron preocupaciones similares respecto al reconocimiento de sus derechos territoriales y de movilidad.
La declaración subraya la necesidad de una reforma agraria del siglo XXI que incluya a todos los grupos, entre ellos pueblos indígenas, agricultores, comunidades pesqueras, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversas identidades de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Esta reforma agraria debe ir más allá de la simple redistribución de la tierra e incluir también los bosques, los océanos, los ríos, los pastizales y las rutas de migración. La redistribución, el reconocimiento, la restitución y la regulación deben constituir los pilares iniciales de una reforma integral, teniendo en cuenta la diversidad de realidades en todo el mundo. Además, la soberanía alimentaria y la agroecología deben formar parte de los pilares fundamentales de esta transformación. El documento del CIP, publicado antes de la conferencia CIRADR+20, expone orientaciones y medidas concretas para una reforma agraria transformadora.
La declaración concluyó con una invitación a todos los gobiernos a comprometerse en un diálogo sincero sobre los derechos de los pueblos indígenas, los pescadores, los pastores nómadas, las mujeres y la agroecología.
«La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo podrán alcanzarse mediante la lucha», afirma el comunicado. «Regresamos a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra».
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria: ¿Quiénes son?
El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC) representa a organizaciones de pequeños productores de alimentos y trabajadores rurales, así como a movimientos sociales comunitarios que promueven la soberanía alimentaria a nivel mundial y regional a través de una plataforma global autónoma y autogestionada. Esta plataforma reúne a más de 6.000 organizaciones y 300 millones de pequeños productores de alimentos autogestionados. Todos comparten los mismos principios y los seis pilares de la soberanía alimentaria, tal como se establecen en la Declaración de Nyéléni de 2007 y en su informe de síntesis.
El CIP facilita el intercambio y el diálogo entre miembros de la sociedad civil, gobiernos y otros actores sobre temas relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, ofreciendo un espacio independiente de debate para partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.
La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que enfrentan numerosas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales en su trabajo cotidiano de incidencia, tanto a nivel local como internacional.
Traducido por Yohan Leclerc
