Artículo inicial redactado por La Coperacha
En 2016, la defensora indígena hondureña Berta Cáceres fue asesinada en su domicilio tras haber sufrido amenazas durante varios años debido a su compromiso ecologista.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Tegucigalpa, Honduras, un informe sobre este crimen ocurrido en 2016. En él se concluye que el Estado conocía el origen del plan criminal, pero optó por no actuar para impedirlo.
El informe señala que «el asesinato de Berta Cáceres es un crimen empresarial, financiero y político, ejecutado mediante una arquitectura criminal compleja que articula intereses económicos, financiamientos internacionales, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones del Estado, constituyendo un modus operandi mantenido en el tiempo».
Según el informe, la vida de Berta Cáceres fue encomendada a un grupo de sicarios profesionales, encargados de asesinarla con el fin de poner término a su compromiso ecológico, consistente en denunciar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Ella se enfrentó a la empresa DESA, oponiéndose a un proyecto respaldado por el gobierno hondureño que pretendía erigir una represa en el río Gualcarque, un recurso hídrico crucial para la supervivencia del pueblo indígena lenca.
El asesinato de la joven activista fue financiado en parte por subvenciones del mismo proyecto (Agua Zarca), provenientes de bancos internacionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos, según el informe.
La familia Atala Zablah estaba vinculada a una red criminal que pudo cometer una malversación del 67 %, es decir, aproximadamente 12,4 millones de dólares, destinada a financiar operaciones ilegales como la vigilancia, la recopilación de información personal, ataques armados y, más específicamente, el asesinato de Berta Cáceres.
Varias consecuencias se derivan del asesinato de la defensora indígena hondureña y del conflicto relacionado con el proyecto hidroeléctrico. «Afectan a la familia Cáceres, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de Río Blanco y al río Gualcarque como espacio espiritual y cultural», según el GIEI.
Recomendaciones oficiales del GIEI
El informe del GIEI emite recomendaciones clave para reparar integralmente los perjuicios sufridos por las personas afectadas por este desastre. Propone medidas de cesación y restitución, de rehabilitación, de satisfacción y de compensación, así como garantías para evitar que estos hechos se repitan.
Por ejemplo, se recomendó abolir el proyecto Agua Zacra, otorgar reconocimiento jurídico y restablecer la estabilización del territorio ancestral lenca de Río Blanco, disolver y liquidar la empresa DESA, depurar y dar acceso a los archivos de inteligencia, llevar a cabo un saneamiento institucional y un control interno y, de este modo, una reforma orientada a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección.
Yohan Leclerc
