Publicado por Emma Soares, Le Journal des Alternatives, 14 de junio de 2025
La autodeterminación y el consentimiento de las comunidades indígenas es una cuestión fundamental en los proyectos de explotación minera, su derecho a decir «no» a las multinacionales que desean explotar sus tierras con fines lucrativos, destruyendo los ecosistemas y privándoles de un medio ambiente saludable. La organización Mining Watch y su representante, Viviana Herrera, reúnen a las comunidades que han sufrido el extractivismo para compartir sus conocimientos y sus sufrimientos, y trazar juntos un camino hacia la resistencia para proteger sus tierras y sus recursos.
Los Estados Generales de la Cooperación Internacional, organizados por la AQOCI, se celebraron en Montreal a principios de junio, donde se llevaron a cabo conferencias y talleres para poner de relieve diversas cuestiones internacionales. En este marco, el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), el Centro Internacional de Solidaridad Obrera (CISO) y la organización Mining Watch Canada se unieron para luchar contra el extractivismo minero llevado a cabo por empresas canadienses en tierras sudamericanas. En esta lucha común se encuentran los tres pilares del capitalismo contemporáneo: el libre comercio, el extractivismo y el poder de las empresas multinacionales.
Canadá, un paraíso jurídico y económico
Mining Watch Canada documenta las violaciones de los derechos humanos en el comportamiento de las empresas mineras para presionar al Gobierno canadiense. Para las tres organizaciones, Canadá es un «paraíso jurídico y económico» para las empresas mineras. Estas se ven favorecidas por el sistema gubernamental canadiense, cuyo código minero es uno de los más permisivos del mundo.
Mining Watch Canada se enfrenta a una demanda explosiva por parte de las comunidades devastadas por la actividad de estas empresas: las minas se abandonan y vierten metales pesados y sustancias ácidas en los ríos donde pescan, se destruyen lugares sagrados, se crean cráteres tóxicos en medio de los bosques tropicales, se cometen actos de violencia y asesinatos contra los defensores de la naturaleza y se producen agresiones sexuales por parte de los agentes y policías que vigilan las minas.
Los hechos relatados por los lugareños dan testimonio de un clima violento tanto para el ecosistema como para la población. En Ecuador, el país más pequeño de América Latina, 15 empresas mineras se reparten el escaso territorio para explotar sus cerca de 70 proyectos de extracción. Estos proyectos avanzan sin el consentimiento de las comunidades indígenas y el gobierno local ha autorizado su desarrollo sin consultar a los pueblos que habitan estos territorios.
Las condiciones de trabajo, una cortina de humo
Amélie Nguyen, directora del CISO, describe las condiciones de trabajo observadas en las minas de América Latina, donde la gran mayoría de la mano de obra es local y se contrata con salarios inigualables. Estas empresas atraen a trabajadores locales, a menudo pobres, presentándose como LA puerta de entrada a un nivel de vida que nunca han conocido. Se trata de un gran sacrificio que no representa una alternativa a largo plazo, ya que la naturaleza circundante se degrada rápidamente, incluso se destruye. Ella pide que se deconstruya la identidad de los mineros, que también tienen reivindicaciones ecológicas. Ante todo, es necesario abordar los esfuerzos de transición desde una perspectiva internacional, teniendo en cuenta las condiciones de vida de las familias y los trabajadores, así como el derecho de los pueblos indígenas a tomar decisiones libres e informadas.
Para la directora, gran parte del trabajo de investigación requiere una educación avanzada sobre el extractivismo y el papel poco conocido de Canadá. Las empresas mineras utilizan su influencia para ejercer un «lobbying extremadamente agresivo» que requiere una respuesta colectiva para que se apruebe una ley contra las violaciones que cometen en todo el mundo. El CISO desea reforzar los vínculos entre el mundo laboral de Quebec y el de estas comunidades contra opresiones y explotaciones similares. Lamentablemente, el respeto de las normas medioambientales y los derechos humanos se percibe como una pérdida de beneficios para las empresas mineras.
El derecho a vivir en un entorno saludable: un reto político
Rosalinda Hidalgo, del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, una organización de solidaridad internacional con sede en Montreal, apoya diversas luchas contra los acuerdos de libre comercio en México. Explica que las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente están interrelacionadas. El derecho a vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental que se ve vulnerado por la extracción minera.
En 2014, el Tribunal Permanente de los Pobres organizó audiencias sobre las actividades mineras para denunciar sus violentas consecuencias, pero su poder es solo simbólico y moral. No puede emitir veredictos formales ni aprobar regulaciones. Se presentan denuncias sin poder investigarlas, y invertir tiempo y recursos en un proceso que no tiene ninguna posibilidad de prosperar resulta inútil para estas asociaciones.
A pesar de los esfuerzos de las organizaciones y comunidades, Canadá no legisla sobre este problema creciente y no responsabiliza a las empresas mineras de las consecuencias de sus acciones en el extranjero. Al garantizarles esta impunidad, contribuye a intensificar la violencia cometida en América Latina. Los pueblos indígenas ven cómo sus tierras ancestrales son explotadas para sostener el hiperconsumo de las sociedades nórdicas, a expensas de su salud y de los ecosistemas. ¿Les hará Canadá responsables algún día?
