Communicado redactado por el Instituto para Políticas Públicas
Incluso antes de que Donald Trump contemplara invadir Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, con el fin de que fueran juzgados en Estados Unidos por narcoterrorismo, Honduras ya debía enfrentar la injerencia de Estados Unidos en sus asuntos internos.
Pocos días antes de la elección de un nuevo presidente en Honduras, Donald Trump anunció el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico de drogas y encarcelado. Numerosas organizaciones advirtieron a la población sobre el peligro de que resurgiera un partido político profundamente corrupto, involucrado en actividades ilegales, que previamente había sumido a Honduras en una crisis de más de 12 años. Durante ese período, el país se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del mundo, tanto para la población en general como para quienes se comprometen con la protección del medio ambiente.
Durante las vacaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró presidente electo al candidato favorito de Donald Trump, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en reacción a la intervención del presidente estadounidense en el proceso electoral hondureño. Poco tiempo después de las elecciones, Donald Trump liberó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), también miembro del Partido Nacional, quien cumplía una condena de 45 años de prisión en un establecimiento estadounidense por delitos de tráfico de drogas y por alegaciones de tráfico de armas.
La declaración del CNE ha sido fuertemente criticada debido a la falta de verificación de inconsistencias y fallos en el software de transmisión de resultados. La diferencia entre los dos candidatos era de aproximadamente 30.000 votos. Organizaciones del movimiento social hondureño denuncian resultados que consideran ilegales. Según estas organizaciones, esta elección es fruto de un pacto negociado entre la élite económica hondureña, el sector empresarial, el gobierno de Estados Unidos y los intereses corporativos extranjeros, con la complicidad de una fuerte injerencia estadounidense. Esto priva al pueblo hondureño de su derecho fundamental a la autonomía y a la autodeterminación en el proceso electoral.
Se han observado reacciones indignadas tras la liberación del expresidente hondureño. Esta liberación se percibe como una maniobra de Estados Unidos para preservar una ventaja geopolítica y corporativa sobre Honduras. Esta injerencia estadounidense amenaza la soberanía del pueblo hondureño y busca restablecer redes de poder que han minado al país durante más de una década.
Setenta y dos horas antes de la elección presidencial, Donald Trump anunció el indulto a Juan Orlando Hernández (JOH). Añadió que, si el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, no resultaba electo, se suspendería toda ayuda internacional. Estas declaraciones de Donald Trump constituyen una violación de la soberanía hondureña y muestran cómo los intereses de las empresas transnacionales se alían para ejercer control sobre el gobierno, reavivar redes de corrupción y criminalidad, en detrimento de las poblaciones, los territorios y las comunidades indígenas garífunas y campesinas.
Esta injerencia por parte de Estados Unidos compromete los avances logrados en derechos humanos y justicia social durante los últimos cuatro años. Favorece la reinstauración de inversiones mafiosas en el país, afectando directamente a la población hondureña. Estas empresas, a menudo vinculadas al crimen organizado y estructuradas en redes de corrupción, ponen en peligro la vida de la población de Honduras, como se ha demostrado en el informe.
Durante los últimos cuatro años, bajo la presidencia de Xiomara Castro (2022-2026), se han realizado varios esfuerzos para derogar algunas políticas impuestas durante la época de la narcodictadura. Entre ellas se encuentran “la creación de ciudades con carta conocidas como ZEDE, la profundización de la privatización del sector energético, así como contratos de infraestructura público-privada fuertemente desfavorables al interés general. Como consecuencia, Honduras ha tenido que enfrentar una avalancha de demandas presentadas en el marco del mecanismo de resolución de controversias entre inversionistas y Estados (RDIE), por un monto total que actualmente ronda los 10.000 millones de dólares”.
Queremos reiterar nuestro rechazo a la intervención estadounidense en Honduras, así como en Venezuela y en todo el hemisferio occidental. Estados Unidos busca imponer nuevamente su dominación imperialista al servicio de grandes empresas, a menudo estadounidenses, con la complicidad de varios otros gobiernos del hemisferio norte, cuyos intereses también se benefician de esta dominación. Nos comprometemos a continuar trabajando con las poblaciones de Honduras para contrarrestar las agresiones de estas empresas en su territorio.
Traducido por Yohan Leclerc
