La denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) afirma que el presidente es responsable de asesinatos, desplazamientos forzados y persecución contra los pueblos indígenas de Brasil.
El aumento de la deforestación y de los incendios en la región amazónica, los ataques del gobierno de Bolsonaro hacia los pueblos indígenas, y el desmantelamiento de organismos gubernamentales como el Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) y el ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad) llevaron a una nueva denuncia contra el presidente brasileño ante la CPI. Hecha en nombre de los caciques Raoni Metuktire y Almir Suruí, la solicitud pide a la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda que inicie una investigación preliminar para determinar la responsabilidad de Jair Bolsonaro y de miembros de su gobierno.
La denuncia designa al representante brasileño como responsable del crimen, desplazamiento forzado y de la persecución de pueblos indígenas. La declaración también denuncia la política ambiental de Bolsonaro, pidiendo que se reconozca el ecocidio – destrucción del medio ambiente a un nivel que compromete la vida humana – como un crimen que puede ser sometido al análisis de la CPI.
“Contamos con una documentación exhaustiva que demuestra que Bolsonaro anunció, premeditó esa política de destrucción total de la Amazonía y de las comunidades protegidas por la Amazonía«, dijo el abogado francés William Bourdon en una entrevista con la agencia de noticias A Pública. Fue el propio William Bourdon quien presentó la demanda, en asociación con organizaciones no gubernamentales y otro.a.s abogado.a.s.
«El [Jair Bolsonaro] implementó esa política desde que llegó al poder, con una multiplicación de decisiones e iniciativas destinadas no sólo a destruir todas las políticas históricas de protección de los pueblos indígenas y de apoyo humanitario que se habían llevado a cabo durante muchos años. Pero también se comprometió, apoyó públicamente una política de destrucción de la Amazonia y de su población«, dice.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es el primer organismo internacional permanente con jurisdicción para juzgar los autores de los delitos más graves, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. La mayoría de los casos examinados por ese organismo generalmente se refieren a conflictos armados y violencia física contra la población.
La CPI puede ejercer su jurisdicción en tres situaciones: cuando un Estado Parte presenta una denuncia, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU presenta una denuncia, o por iniciativa propia de la Corte, que puede iniciar una investigación. En el caso de la comunicación de hoy, la finalidad es que la Fiscal jefe de la CPI examine si los hechos denunciados son competencia del organismo y si justifican la apertura de una investigación.
Esa denuncia se suma a una serie de otras denuncias contra el presidente brasileño presentadas ante la CPI. En abril de 2020, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia acusó a Jair Bolsonaro de crímenes de lesa humanidad por su gestión de la pandemia de Covid-19. El Partido Democrático del Trabajo (PDT) y decenas de sindicatos de profesionales de la salud han presentado denuncias similares.
Previamente, en noviembre de 2019, la Comisión Arns y el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) habían presentado una denuncia contra Bolsonaro por incitación al genocidio y promoción de ataques sistemáticos contra los pueblos indígenasde Brasil. En diciembre del año pasado, la Oficina de la Fiscal de la CPI anunció que la Corte examinaría la denuncia. Es la primera vez que una solicitud contra un presidente brasileño «avanza» ante ese organismo. La mayoría de las denuncias presentadas ante la CPI son preliminarmente rechazadas.
Según el abogado William Bourdon, Bolsonaro «anunció, premeditó e implementó una política de destrucción sistemática» y la justicia brasileña no ha logrado poner fin a estos actos. «Es mucho más que un acoso, es mucho más que una política cínica de desprecio; es una política de destrucción, mediante la interacción de muchos delitos. Y es precisamente la combinación de todos estos delitos lo que caracteriza a los crímenes contra la humanidad«, explica.
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Fuente: apublica.org
