La justicia y la reparación, ausentes en México este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
México, D.F – Ginebra, 26 de junio de 2010. En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, establecido para unir fuerzas a favor de las víctimas de este delito y para reafirmar que no existe ninguna justificación para la práctica de la tortura ni tampoco de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y sus organizaciones asociadas en México, entre ellas la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro “Fray Bartolomé de las Casas” (Centro Frayba), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña “Tlachinollan”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”3, instan a las autoridades mexicanas a que cumplan con los instrumentos internacionales que han suscrito, los cuales prohíben el uso de la tortura.
En efecto, aun cuando la tortura es un crimen universalmente condenado como una de las más graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestro mundo y en México, ésta sigue siendo una práctica sistemática, generalizada e impune a nivel federal, estatal y municipal. La tortura, como por ejemplo el abuso físico, psicológico e incluso sexual, se usa para extraer confesiones o información durante los interrogatorios ministeriales o interrogatorios practicados por elementos militares u otras autoridades. Asimismo se da en contextos de represión de manifestaciones sociales mediante el uso excesivo de la fuerza pública por parte de las fuerzas de seguridad. Numerosas personas, entre ellas reconocidos luchadores sociales, permanecen en prisión por delitos fabricados o por confesiones obtenidas mediante la tortura.
Por otra parte las instancias internacionales cada vez conocen un mayor número de casos de tortura cometida por las fuerzas armadas, incluidos ataques a defensores de derechos humanos y abusos sexuales hacia mujeres, incluso menores de edad y mujeres indígenas. Más recientemente, se han denunciado casos de graves torturas infligidas a policías por miembros del ejército estando las víctimas arraigadas en instalaciones militares, o en otros lugares utilizados para tal fin. Existe una profunda preocupación por la impunidad en que se mantienen los abusos cometidos por militares, la cual se debe en gran parte a la extensión ilegal del fuero militar sobre tales casos.
Lamentablemente, a pesar de las continuas recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, no es posible afirmar que el Estado mexicano cumpla su obligación de proteger a las víctimas de la tortura. Por el contrario, los casos de tortura permanecen en la impunidad por la falta de voluntad para investigarlos; las reparaciones integrales por los daños que sufrieron las víctimas son prácticamente inexistentes; la aplicación del Protocolo de Estambul carece de imparcialidad e independencia; y la tipificación del delito de tortura en algunas entidades federativas es inadecuada al no estar armonizada con los estándares internacionales. Ante este panorama es evidente que, en vez de apoyar a las víctimas, el Estado ha sido tolerante con el patrón de tortura e impunidad vigente.
Dada la imposibilidad de acceder a la justicia en el ámbito nacional, el Estado ha sido demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tres casos de tortura: las violaciones sexuales a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y la tortura a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todo a manos de militares. Asimismo, ha sido demandado ante la Comisión Interamericana de derechos humanos por la tortura sexual que agentes policiales infligieron a 11 mujeres en San Salvador Atenco en 2006, entre otros casos. Además de garantizar el acceso a la justicia en casos concretos, otra de las obligaciones del Estado para proteger a las víctimas es prevenir que sigan ocurriendo actos de tortura en el país. Sin embargo notamos con preocupación que en México, la falta de controles adecuados sobre la policía y el ejército, la falta de control judicial sobre las detenciones, la admisión de confesiones arrancadas presuntamente bajo tortura durante los procesos penales y la tolerancia existente en torno a la actuación de caciques o incluso paramilitares en regiones rurales del país, dejan ver que el Estado no ha tomado las acciones necesarias para acabar con esta práctica.
En el marco de este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones firmantes externamos nuestro más profundo rechazo por la falta de respuesta por parte del Estado mexicano ante la grave problemática de la tortura y de la impunidad existentes en el país, a pesar de las recomendaciones hechas y las reparaciones ordenadas al Estado mexicano por numerosos órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el sentido de que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares se juzguen en el fuero civil (no en el militar) y que se anule la figura del arraigo, entre otras. Por lo tanto, hacemos un llamado al Estado para que aproveche la oportunidad de la conmemoración de este Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura para demostrar su voluntad de garantizar justicia para las víctimas, reparando en lo posible los daños causados e implementando las reformas y acciones adecuadas para evitar que sigan ocurriendo casos de tortura en el territorio mexicano.
