17 de Marzo de 2021 – Amaz\u00f4nia Real<\/p>\n
El gobierno federal tendr\u00e1 que pagar una multa diaria de 1 mill\u00f3n R$ si no cumple la decisi\u00f3n. El Supremo Tribunal Federal (STF) vet\u00f3 una ley que facilitaba la miner\u00eda en el Estado de Roraima.<\/p>\n
El Gobierno Federal, la Fundaci\u00f3n Nacional del Indio (Funai), el Instituto Brasile\u00f1o de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el Instituto Chico Mendes para la Conservaci\u00f3n de la Biodiversidad (ICMBio) tendr\u00e1n diez d\u00edas, a partir del mi\u00e9rcoles (17), para iniciar la retirada de todos los mineros de la Tierra Ind\u00edgena Yanomami, bajo pena de una multa diaria de 1 mill\u00f3n de reales. Invadida por miles de mineros ilegales, la decisi\u00f3n, que respondi\u00f3 a una solicitud del Ministerio P\u00fablico Federal, proviene del Tribunal Federal del 2\u00ba Distrito de Roraima, que determin\u00f3 el martes (16) que el gobierno federal, en un per\u00edodo de diez d\u00edas, debe presentar un calendario para la retirada de los invasores del territorio.<\/p>\n
Seg\u00fan la decisi\u00f3n, pronunciada por el juez federal Felipe Bouzada Flores Viana, existe un riesgo de genocidio ind\u00edgena si no se hace nada. \u00abAhora, la poblaci\u00f3n de mineros no ind\u00edgenas casi supera a la de aut\u00f3ctonas; si no se hace nada ahora, y ante las frecuentes noticias de la abundancia de oro en la regi\u00f3n, no es poco el riesgo de que se cree otra ‘Serra Pelada’ en la zona, con caracter\u00edsticas a\u00fan m\u00e1s nefastas.<\/p>\n
La decisi\u00f3n a favor de los pueblos ind\u00edgenas fue el resultado de una gran movilizaci\u00f3n del l\u00edder Davi Kopenawa Yanomami y la Asociaci\u00f3n Hutukara Yanomami (HAY), as\u00ed como de organizaciones de la sociedad civil, que desde 2019 denuncian la omisi\u00f3n del gobierno de Jair Bolsonaro en la retirada de los mineros ilegales en la regi\u00f3n, especialmente en tiempos de transmisi\u00f3n del nuevo coronavirus.<\/p>\n
La miner\u00eda ilegal en el territorio, sin embargo, va m\u00e1s all\u00e1 de este per\u00edodo. Ha existido desde los a\u00f1os 80 y 90 y ha empeorado desde la d\u00e9cada de 2000, con picos de auge y se ha vuelto m\u00e1s intenso hace tres a\u00f1os.<\/p>\n
El gobierno de Bolsonaro no se ha pronunciado sobre la decisi\u00f3n del Tribunal Federal, que est\u00e1 sujeto a apelaci\u00f3n.<\/p>\n
En julio de 2020, el Ministerio P\u00fablico Federal obtuvo un mandato judicial que ordenaba al Gobierno Federal disponer la salida de prospectores de la regi\u00f3n como una forma de combatir la pandemia del nuevo coronavirus entre los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
En la misma ocasi\u00f3n, el juez Jirair Aram Meguerian, del Tribunal Regional Federal de la 1a Regi\u00f3n (TRF-1), dio un per\u00edodo de 15 d\u00edas para que el gobierno federal hiciera un plan de emergencia que incluyera la retirada de prospectores.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el a\u00f1o pasado, el vicepresidente Hamilton Mour\u00e3o recibi\u00f3 al l\u00edder ind\u00edgena D\u00e1rio Yanomami, hijo de Davi Kopenawa, en Brasilia y prometi\u00f3 la expulsi\u00f3n de los 20.000 mineros que operan ilegalmente en la regi\u00f3n, lo que tampoco ocurri\u00f3.<\/p>\n
El Ej\u00e9rcito brasile\u00f1o ha llevado a cabo operaciones, pero las prospecciones todav\u00eda est\u00e1n en plena actividad. Con la llegada de la pandemia, la circulaci\u00f3n de prospectores en el territorio ampli\u00f3 la contaminaci\u00f3n del coronavirus. El primer ind\u00edgena muerto por Covid-19 en Roraima fue un joven Yanomami en 2020.<\/p>\n
Actualmente, la poblaci\u00f3n Yanomami en Brasil se estima en m\u00e1s de 26.700 ind\u00edgenas, seg\u00fan la Secretar\u00eda Especial para la Salud Ind\u00edgena (SESAI). La poblaci\u00f3n todav\u00eda se enfrenta a una alta transmisi\u00f3n de la malaria. La \u00fanica forma de contener la pandemia es crear barreras sanitarias alrededor del territorio, que se encuentra en la frontera entre los estados de Roraima y Amazonas, y que tambi\u00e9n llega a la frontera con Venezuela.<\/p>\n
En el nuevo juicio, el Tribunal Federal del 2\u00ba Distrito de Roraima dice que se deben tomar medidas para contener la \u00abmortalidad\u00bb del pueblo Yanomami y clasific\u00f3 la \u00absituaci\u00f3n de riesgo inexorable\u00bb con la debilidad en las acciones para combatir los delitos socio-ambientales por parte del Gobierno Federal y de los organismos federales.<\/p>\n
\u00abEl funcionamiento de la base de protecci\u00f3n etnoambiental prevista para ser reabierta en las adyacencias de su regi\u00f3n ha sido consecuentemente retrasado<\/em>\u00ab.<\/p>\n Seg\u00fan la nota emitida por el Ministerio P\u00fablico Federal, la noticia de la muerte de ni\u00f1xs Yanomami por Covid-19 y otras muertes de ind\u00edgenas causadas por la miner\u00eda ilegal tambi\u00e9n fueron recordadas por el juez, quien consider\u00f3 que \u00absi, desde el inicio de la demanda, las medidas determinadas por el TRF 1 no s\u00f3lo hubieran sido bien preparadas, sino que se hubieran puesto en pr\u00e1ctica, es posible que esxs diez ni\u00f1xs y los dem\u00e1s ind\u00edgenas que murieron, no hubieran perdido la vida de manera tan vil e innecesaria\u00bb.<\/p>\n La decisi\u00f3n tambi\u00e9n afirma que, hasta la fecha, no ha habido medidas concretas para proteger a los pueblos ind\u00edgenas de la creciente expansi\u00f3n de la miner\u00eda. \u00abNo hay pruebas de actos concretos para la vigilancia territorial efectiva del Territorio Ind\u00edgena Yanomami y el combate a los infractores ambientales ilegales, especialmente los mineros, en el contexto de la pandemia de Covid-19<\/em>\u00ab, se\u00f1ala el dictamen del juez federal Felipe Bouzada Flores Viana.<\/p>\n El STF suspendi\u00f3 la decisi\u00f3n del gobernador<\/strong><\/p>\n La disputa territorial de la expansi\u00f3n de la explotaci\u00f3n minera en el Estado de Roraima es muy antigua.<\/p>\n S\u00f3lo este a\u00f1o, el Tribunal Federal ya ha tenido que detener un intento de actuaci\u00f3n arbitraria del gobierno estatal para fomentar de forma oculta la miner\u00eda en la regi\u00f3n. Por un lado, la justicia decidi\u00f3 suspender la liberaci\u00f3n de la miner\u00eda con permisos \u00absin consulta previa\u00bb, como defiende el gobierno de Roraima. Por otro lado, se sabe que el 95% de los sitios de explotaci\u00f3n minera en el estado siguen ocurriendo ilegalmente en territorios ind\u00edgenas, con poca o nula supervisi\u00f3n y bajo la presi\u00f3n de un gobernador que no oculta que quiere \u00ablegalizar\u00bb la actividad.<\/p>\n El 19 de febrero, el Supremo Tribunal Federal (STF), a trav\u00e9s del juez Alexandre de Moraes, orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de la Ley 1.453\/2021 de Roraima que permit\u00eda la miner\u00eda sin estudio previo en \u00e1reas de concentraci\u00f3n de minerales, especialmente de oro. Propuesto por el gobernador Antonio Denarium, el proyecto fue aprobado a principios de enero de 2020. Entre los 20 legisladores del estado, s\u00f3lo Evangelista Siqueira (PT) y Lenir Rodrigues (Ciudadan\u00eda) votaron en contra de la explotaci\u00f3n minera.<\/p>\n