Firma aqu\u00ed<\/a>, y alza tu voz por la justicia social.<\/p>\nLeer la carta<\/strong><\/p>\nMe dirijo a usted para expresar mi profunda preocupaci\u00f3n por la compleja situaci\u00f3n de seguridad que enfrentan las lideresas y l\u00edderes sociales, excombatientes firmantes de la paz y poblaci\u00f3n civil colombiana en general. El a\u00f1o 2021 inici\u00f3 con masacres, asesinatos de defensoras\/res, y la reactivaci\u00f3n del conflicto en regiones que se consideraba ir\u00edan camino a la construcci\u00f3n de una Paz estable tras el Acuerdo firmado entre el Estado y las FARC-EP.<\/em><\/p>\nEl pa\u00eds presenta una coyuntura compleja caracterizada por el aumento de la violencia en varios departamentos y regiones. En estos territorios los actores armados se disputan el control de las rentas producto de actividades como la miner\u00eda, el narcotr\u00e1fico y la extorsi\u00f3n; colocando a poblaciones campesinas, mineras, ind\u00edgenas, afros y dem\u00e1s poblaci\u00f3n civil, bajo un estado de vulnerabilidad y alto riesgo de sufrir violaciones a sus Derechos Humanos. Asimismo, la lenta implementaci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas con enfoques diferenciales como el territorial o de g\u00e9nero, mantiene a las poblaciones m\u00e1s afectadas por el conflicto en un ciclo de pobreza y falta de oportunidades, quedando a la merced de los intereses de los actores ilegales. En definitiva el escenario nacional muestra que el Estado colombiano a\u00fan est\u00e1 lejos de poder frenar el escalamiento de la violencia en el territorio nacional.<\/em><\/p>\nDe esta realidad nacional no es ajeno el Magdalena Medio y el Nordeste Antioque\u00f1o, donde se ha intensificado la violencia y se sigue vulnerando al movimiento social, a las lideresas y l\u00edderes, a quienes defienden los Derechos Humanos y tambi\u00e9n, las comunidades campesinas y mineras, que se ven expuestas en medio de las din\u00e1micas de violencia y enfrentamientos entre los actores armados y que a pesar de ello, siguen resistiendo pac\u00edficamente en sus territorios.<\/em><\/p>\nExpuesto lo anterior, insto:<\/em><\/p>\nAl Gobierno Nacional y su Alto Comisionado para la Paz, dar cumplimiento al Acuerdo de Paz, y disponer su voluntad y sus esfuerzos en retomar los di\u00e1logos de con el ELN para priorizar una salida negociada a este conflicto y detener tan incesante sufrimiento en este pa\u00eds. <\/em><\/p>\nA las administraciones departamentales y locales a que cumplan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz por medio de planes y proyectos que permitan la construcci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de la paz en el territorio, a que implementen pol\u00edticas p\u00fablicas con enfoques territoriales y de g\u00e9nero que generen prosperidad y justicia social, y as\u00ed, garantizar efectivamente los Derechos Humanos en sus territorios.<\/em><\/p>\nAl Ministerio de Defensa Nacional para que realice seguimiento sobre la actuaci\u00f3n de su Fuerza P\u00fablica en la garant\u00eda de los derechos de la poblaci\u00f3n y el respeto por las normas de Derecho Internacional Humanitario. <\/em>
\nA la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ente encargado de conocer y hacer seguimiento a los asesinatos de defensoras, defensores, l\u00edderes y lideresas, de esclarecer estos hechos y de perseguir a los responsables y autores.. La mayor\u00eda de estos actos quedan impunes,, sin justicia, sin verdad, y sin garant\u00edas reales y efectivas que aseguren la no repetici\u00f3n.<\/em><\/p>\nA la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que haga un mejor seguimiento a las conductas de miembros de las Fuerza P\u00fablica y de m\u00e1s servidores p\u00fablicos, cuyas acciones u omisiones pueden llegar a impactar de forma negativa en la seguridad de las defensoras y defensores y en la garant\u00eda de su ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos. Adem\u00e1s, de monitorear procedimientos de judicializaci\u00f3n irregulares que no respetan los debidos procesos, para garantizar la no violaci\u00f3n de la ley y la dignidad de las personas.<\/em><\/p>\nA la Defensor\u00eda del Pueblo para que contin\u00fae acompa\u00f1ando los procesos sociales, emitiendo alertas tempranas y tomando las acciones necesarias para evitar que se contin\u00faen presentando hechos donde se ven violentados los Derechos Humanos.<\/em><\/p>\nA la Consejer\u00eda Presidencial para la Estabilizaci\u00f3n y Consolidaci\u00f3n, asegurar una presencia integral del Estado, centr\u00e1ndose en la mejora de la calidad de vida en esos territorios a trav\u00e9s de salud, educaci\u00f3n, v\u00edas, programas de desarrollo rural y productivos para que se pueda proteger y materializar los derechos de la poblaci\u00f3n de manera efectiva.<\/em><\/p>\nAl Ministerio del Interior a que brinde Garant\u00edas de protecci\u00f3n para que el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos y la oposici\u00f3n pol\u00edtica no le cueste la vida a quienes la defienden.<\/em><\/p>\nConcluyo esta carta exhortando a que como instituciones p\u00fablicas sumen sus esfuerzos y asuman responsabilidades, pues sus acciones son fundamentales para alcanzar cambios que mejorar\u00edan la vida de comunidades afectadas por la violencia, al igual que el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos en Colombia.<\/em><\/p>\n