Gabriela Sorto no ha visto ni hablado con su padre en seis meses, desde que las draconianas medidas Covid-19 del gobierno hondure\u00f1o prohibieron la mayor\u00eda de viajes y visitas a las c\u00e1rceles.<\/p>\n
Porfirio Sorto Cedillo, un constructor y trabajador agr\u00edcola de 48 a\u00f1os, es uno de los ocho manifestantes detenidos en prisi\u00f3n preventiva desde 2019 por presuntos delitos relacionados con su oposici\u00f3n a una mina de \u00f3xido de hierro que amenaza con contaminar su suministro de agua. Otros cinco defensores del agua de Guapinol, una peque\u00f1a comunidad de bajos ingresos en la costa norte del pa\u00eds, tambi\u00e9n podr\u00edan ser enviados pronto a la c\u00e1rcel.<\/p>\n
La enorme mina a cielo abierto, propiedad de una de las parejas m\u00e1s poderosas del pa\u00eds, fue sancionada sin consulta comunitaria dentro de un parque nacional protegido en un proceso plagado de irregularidades, seg\u00fan expertos internacionales.<\/p>\n
En respuesta a las denuncias penales presentadas por la empresa Inversiones Los Pinares, 31 personas, entre ellas un hombre que muri\u00f3 tres a\u00f1os antes de los supuestos hechos, han sido imputadas por m\u00faltiples delitos y la agrupaci\u00f3n de base comunitaria falsamente acusada de v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n
La comunidad ha sido militarizada y sus l\u00edderes han sido objeto de amenazas, hostigamiento y campa\u00f1as de difamaci\u00f3n. Varios residentes huyeron en busca de asilo en Estados Unidos para escapar de la persecuci\u00f3n criminal, en un caso ampliamente condenado por abogados, grupos de derechos humanos y legisladores estadounidenses y europeos.<\/p>\n
\u201cMi pap\u00e1 ha sido encarcelado por defender un r\u00edo que le da vida a nuestra comunidad, por tratar de detener la explotaci\u00f3n de los recursos naturales por parte de empresas ricas a las que el gobierno ayuda para aterrorizarnos\u201d, dijo Sorto, de 28 a\u00f1os. \u201cCada d\u00eda que pasa sabemos menos sobre \u00e9l. Es d\u00e9bil, ha tenido s\u00edntomas de Covid, nos preocupamos por su salud y seguridad en la prisi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
Honduras se convirti\u00f3 en uno de los pa\u00edses m\u00e1s peligrosos del mundo para defender los recursos naturales y los derechos territoriales despu\u00e9s de que el golpe de Estado de 2009 marc\u00f3 el comienzo de un gobierno autocr\u00e1tico pro empresarial, que permanece en el poder a pesar de m\u00faltiples acusaciones de corrupci\u00f3n, fraude electoral y v\u00ednculos con redes internacionales de tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n
Desde entonces, cientos de defensores han sido asesinados y muchos otros han sido silenciados como resultado de cargos criminales inventados.<\/p>\n
Seg\u00fan un informe reciente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la \u201ccausa fundamental de la mayor\u00eda de los conflictos sociales [en Honduras] es la falta sistem\u00e1tica de transparencia y participaci\u00f3n significativa\u201d de las comunidades afectadas por la explotaci\u00f3n de los recursos naturales.<\/p>\n
La v\u00edctima de m\u00e1s alto perfil fue la defensora ind\u00edgena Berta C\u00e1ceres, quien fue asesinada en marzo de 2016 luego de sufrir a\u00f1os de amenazas y hostigamientos vinculados a su oposici\u00f3n a una represa financiada internacionalmente.<\/p>\n
M\u00e1s recientemente, el caso Guapinol y la desaparici\u00f3n forzada de defensores de la tierra de la comunidad ind\u00edgena Gar\u00edfuna negra han provocado cr\u00edticas generalizadas.<\/p>\n
Guapinol es un barrio semirrural en la regi\u00f3n f\u00e9rtil y rica en minerales del Bajo Agu\u00e1n, donde durante a\u00f1os los agricultores de subsistencia y los ind\u00edgenas hondure\u00f1os han sido desplazados, criminalizados y asesinados a la fuerza en conflictos con poderosos conglomerados por la tierra y el agua.<\/p>\n
La lucha actual se remonta a 2011 cuando la monta\u00f1a de Botaderos fue declarada Parque Nacional por el Congreso, ordenando la protecci\u00f3n de las fuentes de agua que sirven a m\u00e1s de 42.000 personas, incluido el r\u00edo Guapinol.<\/p>\n
Sin embargo, al a\u00f1o siguiente, el Congreso redujo la zona de no desarrollo del parque para acomodar la mina, propiedad de Lenir P\u00e9rez, un empresario previamente acusado de violaciones de derechos humanos, y Ana Facuss\u00e9, hija del fallecido magnate del aceite de palma Miguel Facuss\u00e9, un importante agente pol\u00edtico. Quien antes de su muerte en 2015 fue acusado de apropiaci\u00f3n de tierras, represi\u00f3n violenta y v\u00ednculos con narcotraficantes.<\/p>\n
Durante los siguientes a\u00f1os, se emitieron permisos de miner\u00eda y comenz\u00f3 la construcci\u00f3n de carreteras, incluso cuando las comunidades presentaron quejas legales, realizaron protestas y suplicaron a los funcionarios que protegieran los r\u00edos, seg\u00fan muestran los registros.<\/p>\n
En marzo de 2018, poco despu\u00e9s de que la compa\u00f1\u00eda comenzara a ensanchar una carretera dentro del parque nacional, el agua del grifo en Guapinol se volvi\u00f3 marr\u00f3n chocolate y espesa con sedimentos fangosos. Los residentes se vieron obligados a comprar agua embotellada para beber, cocinar e incluso ba\u00f1arse despu\u00e9s de que los ni\u00f1os comenzaran a sufrir diarrea, mientras que algunos adultos informaron problemas de la piel.<\/p>\n
\u201cArruinaron nuestro r\u00edo\u2026 No pod\u00edamos usar el agua para nada, por eso nos organizamos, esa es nuestra lucha\u201d, dijo Juana Z\u00fa\u00f1iga, de 36 a\u00f1os, cuyo esposo Jos\u00e9 Abelino Cedillo, un barbero de 36 a\u00f1os, tambi\u00e9n est\u00e1 preso en espera de juicio. .<\/p>\n
Un campamento de protesta pac\u00edfica para oponerse al proyecto fue recibido con violencia. El 7 de septiembre de 2018, un joven manifestante recibi\u00f3 un disparo y result\u00f3 gravemente herido cuando decenas de guardias de seguridad armados que trabajaban para la mina intentaron desalojar el campamento. El incidente nunca fue investigado.<\/p>\n
Mientras tanto, las autoridades judiciales emitieron \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n contra manifestantes vinculados a los hechos controvertidos de ese d\u00eda y un intento anterior de desalojo del campamento.<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n reciente de la Cl\u00ednica de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia concluy\u00f3: \u201cEste caso se enmarca en un patr\u00f3n de violencia, hostigamiento e intimidaci\u00f3n dirigido a defensores de derechos humanos en Honduras… que ilustra la tendencia del gobierno a favorecer los intereses econ\u00f3micos sobre derechos humanos y su disposici\u00f3n a atacar la libertad de asociaci\u00f3n, expresi\u00f3n y reuni\u00f3n pac\u00edfica de sus ciudadanos\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los ocho hombres detenidos en 2019, un juez pronto decidir\u00e1 si otros cinco, cuyos casos fueron desestimados originalmente, tambi\u00e9n deben esperar el juicio en prisi\u00f3n o en casa. Los acusados \u200b\u200bniegan los cargos de incendio provocado y detenci\u00f3n ilegal del jefe de seguridad de la mina.<\/p>\n
Leonel George, de 41 a\u00f1os, un defensor de derechos humanos que apoya a la comunidad de Guapinol que enfrenta la prisi\u00f3n preventiva, dijo: \u00abQuieren encerrarnos para asustar a la comunidad y debilitar la resistencia\u00bb.<\/p>\n
La empresa minera no respondi\u00f3 a denuncias espec\u00edficas, pero en un correo electr\u00f3nico dijo: \u201cInversiones Los Pinares es una empresa seria, responsable que respeta los derechos humanos y ambientales, y cumple con todas las leyes, regulaciones y est\u00e1ndares operativos\u2026 hemos generado desarrollo, desarrollo econ\u00f3mico impulso, ayuda con obras sociales para las comunidades y todos nuestros procesos son ambientalmente responsables\u201d.<\/p>\n