Mientras temen el colapso inminente de la represa, las comunidades de Antioquia, en Colombia, se enteran de la decisi\u00f3n de no investigar al brazo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que invierte en el sector p\u00fablico.<\/p>\n
Washington, D.C. El mes pasado, el Directorio y la Administraci\u00f3n del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunciaron que no apoyar\u00edan una investigaci\u00f3n del papel que jug\u00f3 el Banco en el financiamiento de la construcci\u00f3n del Proyecto Hidroel\u00e9ctrico Ituango (Hidroituango) en Colombia. La decisi\u00f3n ignora las denuncias de da\u00f1os graves y de gran alcance causados por el proyecto, y una crisis humanitaria que ha desplazado a cientos de familias y ha generado violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos y la intimidaci\u00f3n de miembros de las comunidades que se oponen a la represa.<\/p>\n
El aviso surge m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de que las comunidades afectadas por la construcci\u00f3n de la represa Hidroituango en el R\u00edo Cauca, en Antioquia, presentaran un reclamo ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigaci\u00f3n (MICI). El reclamo, firmado por m\u00e1s de 400 individuos afectados por la represa, busc\u00f3 remedio del MICI por los supuestos fracasos del BID a ra\u00edz del incumplimiento de sus propias salvaguardas ambientales y sociales.<\/p>\n
\u201cDenunciamos p\u00fablicamente la decisi\u00f3n del BID de evadir su responsabilidad por el da\u00f1o ambiental y las violaciones a derechos humanos que han resultado del proyecto Hidroituango, y condenamos el papel del MICI en facilitar y apoyar manifiestamente esta decisi\u00f3n\u201d declar\u00f3 Isabel Zuleta, representante de Movimientos R\u00edos Vivos . \u201cEs inconcebible que el BID intente cambiar la historia absolvi\u00e9ndose de su responsabilidad de habilitar y financiar proyectos de desarrollo de alto riesgo que tienen impactos ambientales extremos y violan descaradamente los derechos humanos\u201d, agreg\u00f3 Zuleta.<\/p>\n
El Grupo del BID tiene dos brazos, uno que invierte en el sector p\u00fablico (el BID propiamente dicho) y otro que hace lo mismo en el sector privado, el BID Invest. A su vez, el MICI es el \u00f3rgano de rendici\u00f3n de cuentas de la instituci\u00f3n financiera, a cargo de evaluar el desempe\u00f1o ambiental y social de sus inversiones.<\/p>\n
En 2012, en el inicio del proyecto, el BID invirti\u00f3 en Hidroituango, lo cual allan\u00f3 el camino y facilit\u00f3 otras inversiones de millones de d\u00f3lares por el BID Invest as\u00ed como mil millones de d\u00f3lares adicionales de parte de otros bancos internacionales. Pero el MICI, cuyo mandato es lograr la rendici\u00f3n de cuentas por da\u00f1os causados en las inversiones del BID, recomend\u00f3 la no investigaci\u00f3n del papel del BID propiamente dicho en el proyecto.<\/p>\n
A pesar de la negativa a evaluar el desempe\u00f1o del BID, la investigaci\u00f3n por parte del MICI tiene la posibilidad de continuar respecto del BID Invest por haber invertido tambi\u00e9n en el proyecto Hidroituango. Sin embargo, ello depende completamente de la autorizaci\u00f3n del Directorio del Banco.<\/p>\n
Antes de que se autorizara la represa, las comunidades advirtieron precisamente sobre los impactos ambientales y sociales que han estado ocurriendo.<\/p>\n
\u201cPara una instituci\u00f3n cuya misi\u00f3n es mejorar las vidas de personas en Am\u00e9rica Latina, la decisi\u00f3n del BID es absurda, irresponsable e irrespetuosa. Muestra un completo desprecio por las personas que viven dentro de la Cuenca del R\u00edo Cauca. Desafortunadamente, esta indiferencia caracteriza con demasiada frecuencia la participaci\u00f3n del BID en proyectos de infraestructura a gran escala en toda la regi\u00f3n\u201d, dijo Alexandre Andrade Sampaio, del International Accountability Project.<\/p>\n
\u201c\u00bfQu\u00e9 valor pueden tener las pol\u00edticas ambientales y sociales del BID cuando son ignoradas y descartadas, precisamente cuando m\u00e1s se necesita proteger las vidas de las personas? Esta falta de responsabilidad es inaceptable, y demuestra por qu\u00e9 las comunidades afectadas por las acciones de los bancos de desarrollo ahora han recurrido a los tribunales para asegurar sus derechos\u201d, coment\u00f3 Carla Garc\u00eda Zendejas, abogada del Center for International Environmental Law (CIEL) haciendo referencia a la reciente sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en Jam v. IFC, la cual reconoce que las organizaciones internacionales tales como el BID no gozan de inmunidad ante litigios en tribunales de Estados Unidos. \u201cEsta decisi\u00f3n ejemplifica los peligros de un mecanismo de rendici\u00f3n de cuentas que carece de independencia y legitimidad para iniciar y llevar a cabo una investigaci\u00f3n genuina de los proyectos del Banco\u201d, agreg\u00f3 Garc\u00eda Zendejas.<\/p>\n
\u201cDesde su inicio, el proyecto Hidroituango hizo una evaluaci\u00f3n de impactos d\u00e9bil, encuestas inexactas de las personas afectadas y una implementaci\u00f3n y monitoreo ambiental deficientes, pero el BID continu\u00f3 invirtiendo en \u00e9l\u201d, sostuvo Carlos Lozano, de la Asociaci\u00f3n Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). \u201cEl proyecto fue aprobado y est\u00e1 en proceso de construcci\u00f3n sin haber hecho previamente un diagn\u00f3stico de alternativas\u201d, puntualiz\u00f3.<\/p>\n
Los miembros del Movimiento R\u00edos Vivos, quienes representan a las comunidades afectadas en el reclamo, son v\u00edctimas de continuas amenazas, intimidaci\u00f3n, homicidios y otras formas de violencia. El BID ha mostrado desinter\u00e9s por la situaci\u00f3n vol\u00e1til que rodea a Hidroituango, incluida la presencia constante de grupos paramilitares en la regi\u00f3n. Tambi\u00e9n ha ignorado las peticiones de la comunidad para diferir la construcci\u00f3n de la presa para exhumar fosas comunes resultado del conflicto armado en el \u00e1rea afectada por la represa.<\/p>\n
Nota para editores:<\/p>\n
El Proyecto Hidroel\u00e9ctrico Ituango ser\u00eda el m\u00e1s grande de Colombia, con una represa de 79 km de largo que inundar\u00e1 una superficie de 4,500 hect\u00e1reas. El Grupo BID ha financiado el proyecto a trav\u00e9s de varios tipos de inversi\u00f3n: inicialmente USD $2 millones de apoyo t\u00e9cnico para el Estado Colombiano en 2012 y luego USD $550 millones en inversi\u00f3n directa en 2016 a Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn (EPM), la compa\u00f1\u00eda encargada del proyecto. Adicionalmente, el BID maneja un paquete de inversi\u00f3n de mil millones de d\u00f3lares, con fondos de diversos inversionistas institucionales, incluyendo a bancos europeos.<\/p>\n
Despu\u00e9s de una falla de construcci\u00f3n en la represa, en mayo de 2018, m\u00e1s de 25,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la regi\u00f3n debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y avalanchas. La crisis humanitaria se ha agravado dr\u00e1sticamente: las personas han perdido sus propiedades, medios de vida y acceso a servicios de salud y educaci\u00f3n, que de por s\u00ed siempre han sido precarios en la zona. Muchas personas se han desplazado y los que se han quedado no son atendidos adecuadamente. Adem\u00e1s, los que pertenecen al Movimiento R\u00edos Vivos son discriminados. Hay falta de alimentos, enfermedades y los albergues son precarios. Las personas son presionadas a retornar a zonas de riesgo y a firmar documentos de renuncia a sus reclamos. En resumen, hay una situaci\u00f3n sistem\u00e1tica de violaci\u00f3n a los derechos humanos como consecuencia del proyecto.<\/p>\n