CIUDAD DE M\u00c9XICO (apro).- En los \u00faltimos 15 a\u00f1os, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en M\u00e9xico estuvieron vinculados con hechos violentos: ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 fueron detenidas y 83 enfrentaron la justicia, seg\u00fan un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendici\u00f3n de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en ingl\u00e9s), una organizaci\u00f3n de abogados canadienses.<\/p>\n
De acuerdo con el JCAP, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en Am\u00e9rica Latina son de origen canadiense y, entre 2000 y 2015, al menos 28 de ellas estuvieron involucradas en afectaciones a los derechos humanos en 14 pa\u00edses del subcontinente, en 11 de los cuales murieron personas, ya sean l\u00edderes comunitarios e ind\u00edgenas, v\u00edctimas de \u201cataques dirigidos\u201d, pero tambi\u00e9n activistas, mineros, polic\u00edas, guardias de seguridad, periodistas, abogados o sindicalistas.<\/p>\n
El informe destac\u00f3 que durante este periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represi\u00f3n violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas \u2013212 de ellas eran l\u00edderes comunitarios opuestos al proyecto minero\u2013 y en 709 casos se reportaron acciones de \u201ccriminalizaci\u00f3n\u201d de la oposici\u00f3n a los proyectos, que abarcan demandas, detenciones y condenas.<\/p>\n
Con base en este padr\u00f3n, la organizaci\u00f3n observ\u00f3 la \u201cproximidad\u201d entre los proyectos, la violencia y la criminalizaci\u00f3n, as\u00ed como la \u201cposible complicidad\u201d de las mineras en contextos de violaciones a derechos humanos. Estas empresas, abund\u00f3, se al\u00edan con los gobiernos para frenar la protesta social y, en algunos casos, con grupos criminales.<\/p>\n
\u00a0Un ejemplo: El 7 de abril de 2015 un comando asalt\u00f3 la mina El Gallo 1 de Mocorito, Sinaloa, y rob\u00f3 198 kilos de oro. Dos d\u00edas m\u00e1s tarde, Rob McEwen, director de McEwen Mining, concedi\u00f3 una entrevista a la televisora canadiense Business News Network, en la cual reconoci\u00f3 que \u201clos c\u00e1rteles est\u00e1n activos ah\u00ed; (aunque) generalmente tenemos una buena relaci\u00f3n con ellos\u201d.<\/div>\n
Tres d\u00edas m\u00e1s tarde, con el af\u00e1n de apagar la pol\u00e9mica que generaron sus declaraciones, McEwen se retract\u00f3 y ofreci\u00f3 una disculpa por el \u201cmalentendido\u201d, que \u201ccre\u00f3 la impresi\u00f3n totalmente falsa entre los medios mexicanos de que ten\u00edamos contacto regular con elementos criminales en su sociedad\u201d.<\/p>\n
En su informe el JCAP, un conglomerado de abogados y estudiantes en derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses, se\u00f1al\u00f3 que en sus informes de actividades las empresas mineras ocultaron tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, as\u00ed como nueve de cada diez casos que generaron heridos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n observ\u00f3 que cuando las mineras informan sobre un acto violento, suelen minimizar la tensi\u00f3n social generada por la actividad minera. Un ejemplo, mencionado en el estudio, ocurri\u00f3 en octubre de 2015, cuando la polic\u00eda nicarag\u00fcense desaloj\u00f3 con violencia un bloqueo que paralizaba las operaciones de la mina El Lim\u00f3n, propiedad de B2Gold. El operativo result\u00f3 en la muerte de un polic\u00eda; adem\u00e1s, 31 personas resultaron heridas.<\/p>\n
En un comunicado sobre el evento, la minera asever\u00f3: \u201cEl gobierno de Nicaragua instruy\u00f3 a la polic\u00eda remover el bloqueo ilegal, detener a los responsables por sus acciones violentas que dejaron muerto a un polic\u00eda y heridas a otras personas, y restablecer el orden civil en la ciudad de El Lim\u00f3n. El bloqueo fue removido exitosamente por la polic\u00eda, y los trabajadores pudieron volver al trabajo\u201d.<\/p>\n
Es m\u00e1s, en ciertos casos, como el de Barrick Gold Corporation, la violencia se considera como \u201cparte del negocio\u201d, deplor\u00f3 el JCAP. En su informe anual m\u00e1s reciente, la empresa reconoci\u00f3 que, al implementar \u201cun n\u00famero de medidas y salvaguardias\u201d en una subsidiaria de Sud\u00e1frica, no hay garant\u00eda de que el personal de seguridad act\u00fae de acuerdo con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n
Uno de los principales problemas, que subray\u00f3 el JCAP en su informe, recae en la responsabilidad de las empresas en violaciones a los derechos humanos. En junio pasado un colectivo de 180 organizaciones no gubernamentales enviaron una carta a Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, en la que le exhortaron a implementar un mecanismo eficiente de rendici\u00f3n de cuentas de las empresas mineras en el extranjero.<\/p>\n
\u201cEn muchos casos la empresa o el Estado implementaron la ley para desincentivar la protesta o agobiar a los l\u00edderes sociales opuestos a la miner\u00eda mediante procesos legales o encarcelamientos\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe, al a\u00f1adir que seg\u00fan los nuevos lineamientos de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los actores del sector privado deben ir \u201cm\u00e1s all\u00e1\u201d de las leyes nacionales y adoptar c\u00f3digos de conducta conformes con los mejores est\u00e1ndares internacionales en materia de derechos humanos.<\/p>\n
El JCAP tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la relativa inutilidad del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa (CSR, por sus siglas en ingl\u00e9s) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), dos instancias consultivas que deber\u00edan revisar las conductas de las empresas canadienses en el extranjero.<\/p>\n
De acuerdo con la organizaci\u00f3n, el CSR apenas recibi\u00f3 seis quejas en sus seis a\u00f1os de existencia, y el NCP investig\u00f3 cinco casos desde 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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De acuerdo con el JCAP, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en Am\u00e9rica Latina son de origen canadiense y, entre 2000 y 2015, al menos 28 de ellas estuvieron involucradas en afectaciones a los derechos humanos en 14 pa\u00edses del subcontinente, en 11 de los cuales murieron personas, ya sean l\u00edderes comunitarios e ind\u00edgenas, v\u00edctimas de \u201cataques dirigidos\u201d, pero tambi\u00e9n activistas, mineros, polic\u00edas, guardias de seguridad, periodistas, abogados o sindicalistas. El informe destac\u00f3 que durante este periodo murieron 44 personas, se perpetraron 15 agresiones sexuales y actos de represi\u00f3n violenta que resultaron en por lo menos 363 personas heridas \u2013212 de ellas eran l\u00edderes comunitarios opuestos al proyecto minero\u2013 y en 709 casos se reportaron acciones de \u201ccriminalizaci\u00f3n\u201d de la oposici\u00f3n a los proyectos, que abarcan demandas, detenciones y condenas. 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