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Violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones en Chile no son hechos aislados, sino generalizados y reiterados, de los cuales el Estado es responsable<\/p>\n
\uf0b7 La Misi\u00f3n formula una serie de recomendaciones para avanzar en el cese de estas violaciones y restablecer el orden social. Tras su visita a Chile del 6 al 11 de noviembre para constatar las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que se registran en el pa\u00eds en el marco de las protestas y movilizaci\u00f3n social que se registran en el pa\u00eds, la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n de Sociedad Civil, compuesta por organizaciones de reconocida trayectoria en la verificaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n a estos derechos, dio a conocer su informe final destacando que se trata de violaciones generalizadas, producto de una pol\u00edtica de represi\u00f3n arraigada y acciones que se corresponden a graves vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera es necesario realizar una investigaci\u00f3n exhaustiva para determinar la posible comisi\u00f3n de cr\u00edmenes internacionales. En este sentido, el informe se\u00f1ala que \u201clas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde octubre de 2019, en el contexto de las protestas sociales, no constituyeron hechos aislados, sino que son expresi\u00f3n de pr\u00e1cticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas del orden y seguridad, que se pueden identificar desde hace a\u00f1os y que se han verificado en gran cantidad y en todo el pa\u00eds en el contexto de las \u00faltimas movilizaciones\u201d, as\u00ed como frente a la protesta del Pueblo Mapuche, las que vienen siendo alertadas de forma reiterada ante \u00f3rganos de tratado. Agrega el documento que \u201clas fuerzas de seguridad, en particular Carabineros de Chile, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, con la intenci\u00f3n de castigar y aleccionar a los manifestantes\u201d y que existe un \u201cuso indiscriminado y criminal de las armas menos letales\u201d, haciendo especial referencia \u201ca la enorme cantidad de personas v\u00edctimas de trauma ocular severo y lesiones en la parte superior del cuerpo, inclusive la cabeza\u201d. Las violaciones verificadas \u201cincluyen al menos cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales, cientos de casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de la detenci\u00f3n y en las comisar\u00edas, casos de violencia sexual y violaci\u00f3n en condiciones de privaci\u00f3n de libertad, miles de personas heridas por el uso abusivo de la fuerza menos letal en el contexto de las reuniones p\u00fablicas y otras miles de personas detenidas por las fuerzas de manera arbitraria\u201d, las que tienen un car\u00e1cter generalizado y de conformidad a lo establecido en el Art\u00edculo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, algunas de ellas constitutivas de delitos de lesa humanidad.<\/p>\n
Para hacer frente a estas violaciones generalizadas, el informe de la Misi\u00f3n formula un total de 23 recomendaciones, de corto y mediano plazo, que permitan restablecer el orden social y garantizar el derecho de reuni\u00f3n y manifestaciones en el pa\u00eds.
\n1. Crear una Comisi\u00f3n de esclarecimiento hist\u00f3rico que, de cuenta de las vulneraciones de derechos humanos y posibles cr\u00edmenes internacionales ocurridas ocurridos desde el 18 de octubre, cuyo fin sea establecer las responsabilidades pol\u00edticas y administrativas respecto de las violaciones y monitorear el avance de las causas penales correspondientes, evaluando el cumplimiento de la obligaci\u00f3n estatal de concretar una investigaci\u00f3n, pronta, integral y efectiva.
\n2. Investigar con celeridad las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y\/o penales, respecto de funcionarios p\u00fablicos responsables por violaciones de derechos humanos, en particular en casos de violaci\u00f3n al derecho a la vida e integridad personal e incluyendo a los superiores jer\u00e1rquicos que autorizaron o avalaron las operaciones policiales.
\n3. Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los est\u00e1ndares internacionales en materia de derechos humanos.
\n4. Derogar la actual normativa sobre el derecho a reuni\u00f3n y regular dicho derecho de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos.
\n5. Suspender la utilizaci\u00f3n por parte de Carabineros de armas de fuego, perdigones y utilizaci\u00f3n de equipamiento menos letal, particularmente en contextos de protesta social, hasta que sean adecuadamente regulados, investigados los casos y determinadas las responsabilidades por las lesiones sufridas hasta la fecha por la poblaci\u00f3n.
\n6. Garantizar la asistencia de la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica de manera efectiva y adecuada desde los primeros momentos de la detenci\u00f3n, asegurando que las entrevistas con las personas privadas de libertad se concreten con anterioridad a las audiencias y tengan una duraci\u00f3n y
\ncontenido que garanticen el adecuado ejercicio de la defensa y la detecci\u00f3n sistem\u00e1tica de posibles casos de tortura, malos tratos y violencia sexual.
\n7. Establecer protocolos de actuaci\u00f3n para la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica y la Fiscal\u00eda, garantizando la adecuada detecci\u00f3n, documentaci\u00f3n, denuncia y sanci\u00f3n de la tortura y los malos tratos, seg\u00fan sus respectivas competencias, manteniendo registros de la totalidad de los casos
\nidentificados, informados por las v\u00edctimas, formalizados y con sentencias.
\n8. Realizaci\u00f3n, por parte de la Defensor\u00eda Penal P\u00fablica, la Fiscal\u00eda Nacional y el Poder Judicial, de inspecciones no anunciadas a lugares de detenci\u00f3n administrados por Carabineros, Polic\u00eda de Investigaciones y a los Centros de Justicia.
\n9. Capacitar a todos los operadores judiciales pertinentes para la adecuada aplicaci\u00f3n del Manual para la investigaci\u00f3n y documentaci\u00f3n eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes -Protocolo de Estambul- en todas sus intervenciones y en todas las instancias del proceso penal.
\n10. Protocolizar el accionar m\u00e9dico, con especial \u00e9nfasis en la detecci\u00f3n proactiva de lesiones y posibles casos de tortura, conforme al Protocolo de Estambul, que se deje expresa constancia de la conformidad de la persona detenida y que el reporte, atendiendo a la confidencialidad, se entregue en sobre cerrado dirigido al juez\/a de garant\u00eda.
\n11. Asegurar que todas las personas detenidas accedan a control m\u00e9dico de lesiones en instituciones de salud p\u00fablica sin presencia de las fuerzas de seguridad o militares.
\n12. Crear un registro \u00fanico que recoja la informaci\u00f3n de todos los centros de salud, p\u00fablicos y privados, sobre las personas lesionadas en el contexto de manifestaciones.
\n13. Brindar las condiciones necesarias para que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos CIDH realice de manera efectiva su visita in loco en el pa\u00eds.
\n14. Asegurar a las v\u00edctimas de violencia sexual acceso expedito a servicios de protecci\u00f3n y apoyo, incluido tratamiento de posibles lesiones relacionadas con la violencia sexual por parte de profesionales de la salud – tratamiento de infecciones y otras enfermedades de transmisi\u00f3n sexual como el VIH, f\u00edstulas ginecol\u00f3gicas y obst\u00e9tricas traum\u00e1ticas, acceso a pruebas de embarazo, incluida la anticoncepci\u00f3n de emergencia y apoyo psicol\u00f3gico.
\n15. Garantizar que periodistas, reporteros gr\u00e1ficos, fot\u00f3grafos, observadores de derechos humanos y el personal y voluntarios\/as de atenci\u00f3n a la salud puedan realizar sus tareas de manera adecuada y cesen las agresiones y detenciones contra los mismos.
\n16. Establecer un mecanismo, con participaci\u00f3n del INDH y de organismos no gubernamentales de derechos humanos, para monitorear y asegurar el cumplimiento a las recomendaciones dadas en los informes de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos que han realizado reportes sobre las manifestaciones.
\n17. Fortalecer el trabajo del INDH a nivel nacional garantizando que no existan obst\u00e1culos para el desarrollo pleno de sus funciones, en particular en relaci\u00f3n al control de la situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de libertad durante las primeras horas de detenci\u00f3n y la protecci\u00f3n contra la tortura y los malos tratos.
\n18. Concretar la efectiva puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevenci\u00f3n de la Tortura (MNPT). Para efectos de garantizar la autonom\u00eda funcional del Mecanismo Nacional este no debe estar sujeto a ninguna forma de subordinaci\u00f3n con el INDH. El organigrama del INDH deber\u00e1 reflejar los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convenci\u00f3n Contra la Tortura de la ONU, que especifican que el mecanismo nacional de prevenci\u00f3n debe tener autonom\u00eda operativa con respecto a sus recursos, plan de trabajo, conclusiones, recomendaciones y contacto directo y confidencial con el Subcomit\u00e9 para la Prevenci\u00f3n de la Tortura de la ONU.
\n19. Asegurar las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir efectivamente y libremente su rol de protecci\u00f3n de los derechos humanos, dando entrega de la documentaci\u00f3n, registros y contacto con las personas privadas de libertad.
\n20. Rechazar las propuestas legislativas destinadas a penalizar o imponer restricciones y sanciones de car\u00e1cter administrativo a la protesta social, incluyendo los proyectos que penalizan el bloqueo, total o parcial, de las v\u00edas p\u00fablicas.
\n21. Publicar, por parte de los organismos competentes, a nivel nacional, regional y local, de datos detallados sobre protestas (n\u00famero de manifestantes, n\u00famero de personas heridas y detenidas, si las hubiera) y operativos policiales, incluyendo informaci\u00f3n sobre personal policial destinado, adquisici\u00f3n de armas y municiones letales y menos letales y sus costos, utilizaci\u00f3n de armas y municiones letales y menos letales, los protocolos de uso de la fuerza y los manuales de uso de cada tipo de armamento.
\n22. Publicar las decisiones administrativas sobre la autorizaci\u00f3n para usar la fuerza y la dispersi\u00f3n de manifestaciones en medios oficiales.
\n23. Controlar de manera efectiva la actividad policial, por parte del Ministerio P\u00fablico, en el contexto del ejercicio del derecho de protesta.<\/p>\n