{"id":1008117,"date":"2026-06-09T09:35:58","date_gmt":"2026-06-09T13:35:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cdhal.org\/?p=1008117"},"modified":"2026-06-09T09:39:52","modified_gmt":"2026-06-09T13:39:52","slug":"criminalizacion-de-la-protesta-nos-tratan-como-delincuentes-por-defender-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cdhal.org\/es\/criminalizacion-de-la-protesta-nos-tratan-como-delincuentes-por-defender-la-vida\/","title":{"rendered":"Criminalizaci\u00f3n de la protesta – \u00ab Nos tratan como delincuentes por defender la vida \u00bb"},"content":{"rendered":"

Articulo original publicado por Silvia Bardales Q. en Wayka<\/em><\/p>\n

\u00ab Nos tratan como delincuentes por defender la vida \u00bb : el precio de oponerse a la miner\u00eda en el Per\u00fa<\/strong><\/p>\n

Defender el agua, el territorio y la salud en el Per\u00fa sigue siendo una labor de alto riesgo. En pleno 2026, las comunidades de Cotabambas y el Valle de Tambo contin\u00faan pagando con su libertad el costo de oponerse a un modelo extractivista que ignora su voz. Mientras en Arequipa la memoria de los ca\u00eddos sostiene la resistencia de 15 a\u00f1os contra el proyecto T\u00eda Mar\u00eda, en Apur\u00edmac el hostigamiento legal no da tregua, entrampando a 18 comuneros en un desgastante laberinto de audiencias reprogramadas. Estas dos regiones, golpeadas por el abandono estatal y la represi\u00f3n policial como respuesta a los conflictos socioambientales, hacen latente un debate imprescindible en pleno proceso electoral: \u00bfPor qu\u00e9\u00a0 defender\u00a0 su tierra debe costarle la vida a un ciudadano?\u00a0<\/em><\/p>\n

Cotabambas: m\u00e1s de una d\u00e9cada de procesos judiciales<\/strong><\/p>\n

\u201cMi delito simplemente ha sido tratar de ayudar a sacar a los heridos\u201d. A casi once a\u00f1os de las protestas contra el proyecto minero Las Bambas, Javier Mamani todav\u00eda enfrenta procesos judiciales, audiencias y el temor permanente de volver a prisi\u00f3n. Su historia no es excepcional. En distintas regiones del Per\u00fa, decenas de dirigentes, agricultores y defensores ambientales contin\u00faan siendo investigados o procesados por protestar contra proyectos extractivos como Las Bambas o T\u00eda Mar\u00eda. El caso de Javier Mamani resume el impacto humano de la criminalizaci\u00f3n de la protesta social contra los defensores.<\/p>\n

Javier, agricultor y comerciante de Cotabambas, fue detenido durante las protestas en defensa de sus territorios (septiembre de 2015) y en contra del proyecto minero \u2018Las Bambas\u2019. Seg\u00fan relata para Wayka, acudi\u00f3 a la zona luego de escuchar que hab\u00eda personas heridas. Como se recuerda, la represi\u00f3n policial dej\u00f3 como saldo 4 personas muertas.<\/p>\n

\u201cMi delito simplemente ha sido tratar de entrar a la mina, ayudar a sacar a los heridos. Nada m\u00e1s\u201d, afirma.<\/p>\n

Mamani denuncia que fue v\u00edctima de una \u201csiembra\u201d policial dentro del campamento minero. \u201cMe han puesto una dinamita en mis medias. Me han sembrado<\/strong>\u201d, sostiene. Seg\u00fan cuenta, los polic\u00edas le encontraron un cartucho explosivo que, asegura, nunca le perteneci\u00f3. \u201cEllos, \u00bfc\u00f3mo sab\u00edan que ten\u00eda algo en el pie? Ah\u00ed se nota clarito que ellos me han puesto\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

Tras su detenci\u00f3n, fue obligado a firmar un acta mientras permanec\u00eda incomunicado. \u201cFirm\u00e9 por miedo a que me maten\u201d, recuerda.<\/p>\n

El agricultor pas\u00f3 seis meses en prisi\u00f3n preventiva y, hasta el d\u00eda de hoy, contin\u00faa enfrentando un proceso judicial. Aunque en 2020 varios comuneros fueron absueltos, la Fiscal\u00eda apel\u00f3 la decisi\u00f3n, manteniendo\u00a0 los procesos abiertos.<\/p>\n

Esta persecuci\u00f3n penal\u00a0 golpe\u00f3 con dureza el entorno m\u00e1s \u00edntimo de Mamani. \u201cUno de mis hijos dej\u00f3 de estudiar ingenier\u00eda ambiental porque tuvo que trabajar en vez de m\u00ed\u201d, lamenta. El costo emocional tambi\u00e9n fue extremo: \u201cAtraves\u00e9 una crisis tan profunda que\u00a0hasta pens\u00e9 en suicidarme\u201d<\/strong>, confiesa<\/p>\n

El drama en el conflicto de Las Bambas, sin embargo, va m\u00e1s all\u00e1 de los procesos judiciales; se ha cobrado vidas. Al recordar a los comuneros fallecidos y a las decenas de heridos que dejaron las movilizaciones contras Las Bambas,\u00a0 Mamani cuestiona con indignaci\u00f3n el abandono del Estado. \u201cHay viudas, hijos que crecieron sin padres. \u00bfQui\u00e9n se acuerda de ellos? Nadie\u201d.<\/p>\n

T\u00eda Mar\u00eda: quince a\u00f1os de resistencia<\/strong><\/p>\n

Ese mismo dolor y la misma exigencia de justicia se respiran en las calles de Islay. En el Valle de Tambo, la defensa del agro frente al proyecto minero T\u00eda Mar\u00eda tambi\u00e9n ha dejado una factura humana igual de devastadora: ocho civiles fallecidos a causa de la represi\u00f3n policial. Con procesos judiciales que arrastran a decenas de agricultores y una resistencia que ya cumple 15 a\u00f1os, T\u00eda Mar\u00eda demuestra que el verdadero conflicto no radica en la viabilidad t\u00e9cnica de una mina, sino en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de un pueblo. En Islay, la frase \u00abAgro s\u00ed, mina no\u00bb dej\u00f3 de ser un simple lema para convertirse en un pacto social que ha resistido a cuatro gobiernos consecutivos y a reiterados intentos de imposici\u00f3n minera por parte de Southern Copper.<\/p>\n

La historia de Agripina Juana Paucar Quispe, agricultora del distrito de De\u00e1n Valdivia, est\u00e1 ligada a la resistencia del Tambo\u00a0 desde 2011. \u201cEstamos presentes para defender la agricultura, el medio ambiente y el agua es vital para nosotros\u201d, sostiene.<\/p>\n

Para la\u00a0 defensora, el proyecto T\u00eda Mar\u00eda es una\u00a0 amenaza inminente contra la vida agr\u00edcola del valle. \u201cSouthern est\u00e1 contaminando y destruyendo los cerros de La Tapada. Todo el Valle de Tambo va a ser afectado\u201d, advierte de manera tajante.<\/p>\n

Sin embargo, la defensa del valle ha tenido un costo brutal, marcado por la violencia policial. \u201cLas balas pasaban por nuestros cuerpos. Hemos sido pateados, maltratados. Han matado a nueve compa\u00f1eros\u201d, concluye, sintetizando el nivel de violencia que enfrentan los pobladores que defienden el\u00a0 Valle de Tambo<\/p>\n

El abogado David Velazco Rond\u00f3n, y defensor legal de los dirigentes del Valle de Tambo, explica que la oposici\u00f3n al proyecto no naci\u00f3 de manera improvisada, sino que es el resultado de un s\u00f3lido proceso de organizaci\u00f3n comunitaria. \u201cLa poblaci\u00f3n fue informada de que el proyecto minero afectar\u00eda gravemente su derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. Ante este escenario,\u00a0 la poblaci\u00f3n se organiz\u00f3 y se opuso\u201d, se\u00f1ala el especialista.<\/p>\n

Esta postura qued\u00f3 registrada en 2009, durante una consulta vecinal realizada en el Valle de Tambo que evidenci\u00f3 un rechazo contundente al proyecto. \u201cAlrededor del 97% de la poblaci\u00f3n manifest\u00f3 que no estaba de acuerdo con el proyecto minero\u201d, precisa Velazco.<\/p>\n

Para el defensor, la insistencia en imponer T\u00eda Mar\u00eda ignora de forma deliberada una econom\u00eda local que ya es exitosa.\u201cEstamos hablando de peque\u00f1os agricultores que exportan sus productos. Ellos decidieron continuar con su modelo de desarrollo y el Estado deber\u00eda respetarlo\u201d, concluye.<\/p>\n

El derecho a protestar frente al discurso \u201cantiminero\u201d<\/strong><\/p>\n

En medio de la campa\u00f1a electoral, diversas candidaturas candidaturas a la presidencia y al Congreso han promovido el extractivismo como \u00fanico sin\u00f3nimo de progreso econ\u00f3mico, mientras comunidades y organizaciones ambientales cuestionan el costo social y ambiental de estos proyectos.<\/p>\n

Desde sectores empresariales y pol\u00edticos, las comunidades movilizadas suelen ser calificadas como \u201cantimineras\u201d o incluso vinculadas a actos violentos. El abogado David Velazco Rond\u00f3n rechaza esta narrativa. \u201cLa poblaci\u00f3n del Valle de Tambo est\u00e1 demostrando que no tiene vinculaci\u00f3n con actos de violencia\u201d, afirma.<\/p>\n

De igual manera, este discurso antiminero criminaliza el derecho a la protesta. El abogado recuerda que el derecho a la protesta est\u00e1 protegido constitucionalmente. \u201cTienen todo el derecho de protestar p\u00fablicamente cuando no los escuchan o no los atienden. Pueden hacer marchas, plantones. Es un derecho constitucional\u201d, sostiene.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se\u00f1ala que las comunidades han optado reiteradamente por mecanismos legales e institucionales para manifestarse y defender sus derechos. Por ejemplo, actualmente, dirigentes del Valle de Tambo mantienen una demanda de amparo por la presunta caducidad del Estudio de Impacto Ambiental -EIA de T\u00eda Mar\u00eda. Seg\u00fan Velazco, el EIA habr\u00eda perdido vigencia en 2019 al no ejecutarse actividades dentro del plazo legal establecido.<\/p>\n

\u201cEllos usan los instrumentos de un Estado constitucional y democr\u00e1tico de derecho. No usan la violencia como forma de soluci\u00f3n de sus conflictos\u201d, enfatiza.<\/p>\n

Sin embargo, las investigaciones y procesos penales contin\u00faan multiplic\u00e1ndose. Velazco advierte que existe una estrategia de instrumentalizaci\u00f3n del derecho penal contra dirigentes sociales y narrativas que buscan sostenerla. \u201cHay una estrategia por parte del Estado de utilizar el derecho penal para distraer y desmovilizar a los dirigentes\u201d, denuncia.<\/p>\n

Criminalizaci\u00f3n y disputa pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n

El dirigente social Jorge Mamani considera que el conflicto de T\u00eda Mar\u00eda es inseparable del modelo econ\u00f3mico y pol\u00edtico que atraviesa el pa\u00eds. \u201cEste es un problema pol\u00edtico, es la aplicaci\u00f3n del modelo neoliberal\u201d, afirma.<\/p>\n

Para el dirigente, las decisiones estatales han ignorado sistem\u00e1ticamente la voluntad de las comunidades. \u201cEn 2009 se hizo una consulta popular y la negaron completamente\u201d, sostiene.<\/p>\n

Mamani denuncia adem\u00e1s que las protestas han sido respondidas con represi\u00f3n y criminalizaci\u00f3n. \u201cCuando el pueblo sale a las calles, \u00bfqu\u00e9 hicieron? Mayor represi\u00f3n\u201d, afirma.<\/p>\n

El contexto electoral tambi\u00e9n atraviesa el conflicto. Seg\u00fan Velazco, las posiciones de las candidaturas presidenciales han influido directamente en la percepci\u00f3n pol\u00edtica del Valle de Tambo. \u201cEs la \u00fanica regi\u00f3n donde Jorge Nieto gan\u00f3 como candidato presidencial porque se gan\u00f3 la simpat\u00eda a partir de su compromiso con la lucha de la poblaci\u00f3n\u201d, comenta.<\/p>\n

Agripina Paucar tambi\u00e9n expresa desconfianza hacia sectores pol\u00edticos que promueven la expansi\u00f3n minera. \u201cNosotros queremos que el recurso h\u00eddrico sea para el Per\u00fa, no para las transnacionales\u201d, sostiene.<\/p>\n

Hostigamiento legal sistem\u00e1tico\u00a0<\/strong><\/p>\n

El informe sobre criminalizaci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el Per\u00fa, elaborado por Red Muqui advierte que entre 2020 y 2025 se consolid\u00f3 un escenario de \u201crepresi\u00f3n con resultados letales para los manifestantes<\/strong>\u201d\u00a0y un uso expansivo del derecho penal contra defensoras y defensores ambientales.<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan este informe, la urgencia de este debate no es solo local. La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a poner bajo la lupa la criminalizaci\u00f3n en las Am\u00e9ricas, denunciando que el hostigamiento judicial y policial contra los defensores de la tierra sigue siendo una pr\u00e1ctica sistem\u00e1tica. Asimismo, las Naciones Unidas han encendido las alarmas sobre el Per\u00fa, alertando que quienes defienden el medio ambiente se enfrentan a constantes campa\u00f1as de estigmatizaci\u00f3n y al uso desproporcionado de la fuerza policial (CIDH, 2025). Ante esta preocupante realidad, este an\u00e1lisis plantea una revisi\u00f3n cr\u00edtica que cruza la jurisprudencia, la doctrina penal y la coyuntura pol\u00edtica nacional. Para ello, se eval\u00faan los fallos de las Cortes Superiores, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte IDH, desarmando sus fundamentos jur\u00eddicos y el uso que hacen de las pruebas para medir el impacto real que tienen sobre la vida de las comunidades.<\/p>\n

Al examinar en el estudio los fallos contra defensores de derechos humanos y ambientales, se hace evidente un patr\u00f3n de tipificaci\u00f3n desproporcionada, donde reclamos leg\u00edtimos por el agua o el territorio son procesados bajo figuras como disturbios, extorsi\u00f3n, mot\u00edn o entorpecimiento de servicios p\u00fablicos.<\/p>\n

Mientras tanto, comunidades como Cotabambas y Valle de Tambo siguen enfrentando procesos judiciales que se prolongan durante a\u00f1os. \u201cYa me dejen tranquilo. No soy ning\u00fan delincuente\u201d, pide Javier Mamani.<\/p>\n

El extractivismo en el debate pol\u00edtico\u00a0<\/strong><\/p>\n

En un pa\u00eds donde los conflictos socioambientales contin\u00faan creciendo y donde el agua y los recursos naturales se convierten cada vez m\u00e1s en territorios de disputa pol\u00edtica y econ\u00f3mica, los testimonios de defensores ambientales muestran un rostro del debate pol\u00edtico poco visto: el de quienes aseguran que protestar por su territorio todav\u00eda puede costarles la libertad, la salud mental o incluso la vida.<\/p>\n

En plena coyuntura electoral, de cara a la segunda vuelta, el conflicto por T\u00eda Mar\u00eda tambi\u00e9n volvi\u00f3 a convertirse en un punto de disputa entre las candidaturas presidenciales. Mientras Keiko Fujimori cuestion\u00f3 p\u00fablicamente la reciente decisi\u00f3n judicial que suspendi\u00f3 nuevamente la autorizaci\u00f3n del proyecto minero, Roberto S\u00e1nchez expres\u00f3 una postura contraria y se\u00f1al\u00f3 que\u00a0\u201cT\u00eda Mar\u00eda no va\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Para las comunidades del Valle de Tambo, estas posiciones reflejan dos maneras distintas de entender el desarrollo y la relaci\u00f3n entre el Estado, las empresas extractivas y los territorios. El debate no solo gira alrededor de la inversi\u00f3n minera, sino sobre qui\u00e9n decide el futuro de las comunidades y bajo qu\u00e9 condiciones.<\/p>\n

Velazco sostiene que el conflicto evidencia c\u00f3mo ciertos sectores pol\u00edticos contin\u00faan reduciendo la discusi\u00f3n a una l\u00f3gica econ\u00f3mica, dejando de lado el impacto social, ambiental y cultural sobre las poblaciones.<\/p>\n

En ese contexto, organizaciones y defensoras ambientales bajo el lema \u201cAgro s\u00ed, Mina no<\/strong>\u201d advierten que propuestas electorales alineadas con el extractivismo podr\u00edan profundizar los conflictos sociales y la criminalizaci\u00f3n de quienes defienden el agua, el territorio y la agricultura frente al avance de proyectos mineros sin licencia social.<\/p>\n

Seg\u00fan reportes financieros de la propia empresa, Las Bambas es una de las mayores productoras de cobre del pa\u00eds y ha generado millonarias ganancias a partir de la explotaci\u00f3n minera en territorios comunales. A su vez, seg\u00fan la empresa Southern Copper Corporation ha comprometido inversiones por US $948 millones para el proyecto minero T\u00eda Mar\u00eda y espera consolidarse como uno de los motores de crecimiento econ\u00f3mico del sur peruano. Sin embargo, para las comunidades, las promesas de desarrollo y empleo de los proyectos mineros no se han traducido en mejoras estructurales. Peor a\u00fan, las demandas de los defensores contin\u00faan siendo abordadas desde la criminalizaci\u00f3n y no desde el di\u00e1logo. Adem\u00e1s, lejos de resolverse, sigue latente en medio de la actual coyuntura electoral y del avance de discursos pol\u00edticos que priorizan la expansi\u00f3n minera sobre los derechos de las comunidades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Articulo original publicado por Silvia Bardales Q. en Wayka \u00ab Nos tratan como delincuentes por defender la vida \u00bb : el precio de oponerse a la miner\u00eda en el Per\u00fa Defender el agua, el territorio y la salud en el Per\u00fa sigue siendo una labor de alto riesgo. En pleno 2026, las comunidades de Cotabambas y el Valle de Tambo contin\u00faan pagando con su libertad el costo de oponerse a un modelo extractivista que ignora su voz. Mientras en Arequipa la memoria de los ca\u00eddos sostiene la resistencia de 15 a\u00f1os contra el proyecto T\u00eda Mar\u00eda, en Apur\u00edmac el hostigamiento legal no da tregua, entrampando a 18 comuneros en un desgastante laberinto de audiencias reprogramadas. Estas dos regiones, golpeadas por el abandono estatal y la represi\u00f3n policial como respuesta a los conflictos socioambientales, hacen latente un debate imprescindible en pleno proceso electoral: \u00bfPor qu\u00e9\u00a0 defender\u00a0 su tierra debe costarle la vida a un ciudadano?\u00a0 Cotabambas: m\u00e1s de una d\u00e9cada de procesos judiciales \u201cMi delito simplemente ha sido tratar de ayudar a sacar a los heridos\u201d. 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En pleno 2026, las comunidades de Cotabambas y el Valle de Tambo contin\u00faan pagando con su libertad el costo de oponerse a un modelo extractivista que ignora su voz. Mientras en Arequipa la memoria de los ca\u00eddos sostiene la resistencia de 15 a\u00f1os contra el proyecto T\u00eda Mar\u00eda, en Apur\u00edmac el hostigamiento legal no da tregua, entrampando a 18 comuneros en un desgastante laberinto de audiencias reprogramadas. Estas dos regiones, golpeadas por el abandono estatal y la represi\u00f3n policial como respuesta a los conflictos socioambientales, hacen latente un debate imprescindible en pleno proceso electoral: \u00bfPor qu\u00e9\u00a0 defender\u00a0 su tierra debe costarle la vida a un ciudadano?\u00a0 Cotabambas: m\u00e1s de una d\u00e9cada de procesos judiciales \u201cMi delito simplemente ha sido tratar de ayudar a sacar a los heridos\u201d. 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