Art\u00edculo original redactado por Miriam Sanz Jim\u00e9nez<\/p>\n
Los acuerdos firmados por Equinox Gold y el ejido no se renovaron en marzo de 2025. La comunidad exige una mejor remuneraci\u00f3n, la descontaminaci\u00f3n del sitio y la protecci\u00f3n de su salud. La empresa afirma que su oferta es superior al promedio del sector.<\/p>\n
Los llantos insistentes de Lola despiertan a sus abuelos, Juan y Martina*, y corren a su lado al amanecer. A pesar de la persistente oscuridad en la casa, reforzada por puertas y ventanas blindadas, la ni\u00f1a ya pide comida. Como cada mes, una vez preparado el desayuno y calmada Lola, sus abuelos hacen sus maletas y se dirigen a Ciudad de M\u00e9xico, donde pasar\u00e1n unos d\u00edas. All\u00ed, la sangre de Lola es tratada en el hospital infantil, ya que naci\u00f3 con una concentraci\u00f3n anormalmente alta de metales pesados. Sin este tratamiento mensual, tan costoso como indispensable, no podr\u00eda sobrevivir. Su estado de salud refleja los efectos del entorno minero en el que vive, aunque tuvo la suerte de nacer sin da\u00f1os en sus \u00f3rganos. En Carrizalillo, de hecho, muchos ni\u00f1os nacen con graves malformaciones, como ausencia de pulmones, ri\u00f1ones defectuosos o problemas cognitivos.<\/p>\n
Hace unas dos d\u00e9cadas, el gigante de extracci\u00f3n aur\u00edfera Goldcorp, hoy desaparecido, se instal\u00f3 en Carrizalillo, en el estado de Guerrero, M\u00e9xico, con el apoyo de las autoridades locales. Su llegada provoc\u00f3 un fuerte deterioro de las condiciones de vida, marcado por la contaminaci\u00f3n y la propagaci\u00f3n de enfermedades: seg\u00fan un estudio publicado en 2012 por el profesor Jes\u00fas Castillo Aguirre, de la Universidad Aut\u00f3noma de Guerrero, m\u00e1s del 80\u202f% de las familias sufr\u00eda problemas cut\u00e1neos, en ocasiones graves. Frente a esta inseguridad, surgi\u00f3 una resistencia decidida. En Carrizalillo, esta lucha no est\u00e1 motivada por la b\u00fasqueda de lucro, sino por la voluntad de mejorar, aunque sea un poco, las condiciones de vida. Una parte importante de los ingresos familiares se destina a la compra de agua potable, ya que los pozos est\u00e1n contaminados con ars\u00e9nico, as\u00ed como a la atenci\u00f3n sanitaria.<\/p>\n
Hoy, Equinox Gold, que retom\u00f3 el proyecto minero, mantiene este clima de inestabilidad. Los habitantes de Carrizalillo, organizados en ejido (forma de propiedad colectiva de la tierra), hab\u00edan firmado con la empresa dos acuerdos relacionados: uno sobre la ocupaci\u00f3n y arrendamiento de tierras para la explotaci\u00f3n minera, y otro de car\u00e1cter social, que inclu\u00eda asistencia m\u00e9dica y becas escolares. Sin embargo, en marzo pasado, al momento de renovar estos acuerdos, la compa\u00f1\u00eda intent\u00f3 reducir m\u00e1s de la mitad los beneficios. Ante el estancamiento, Equinox Gold anunci\u00f3 unilateralmente la suspensi\u00f3n indefinida de sus actividades, medida que carece de fundamento jur\u00eddico en M\u00e9xico, sumiendo as\u00ed a la poblaci\u00f3n en la incertidumbre, privada tanto de los alquileres como del acceso a sus tierras.<\/p>\n
Seg\u00fan el procurador agrario nacional, V\u00edctor Su\u00e1rez Carrera, la comunidad apel\u00f3 al gobierno federal, acusando a la empresa de ejercer tal influencia que habr\u00eda \u201ctomado el control\u201d de la administraci\u00f3n del municipio de Eduardo Neri, del que depende Carrizalillo, dirigido por Sara Salinas Bravo. Durante las negociaciones, tanto la alcaldesa como el subsecretario de Desarrollo Pol\u00edtico y Social, Francisco Rodr\u00edguez Cisneros, habr\u00edan ejercido presi\u00f3n sobre los miembros del ejido. Este \u00faltimo incluso declar\u00f3 p\u00fablicamente en la prensa local que, si la comunidad se negaba a ceder, podr\u00eda estallar una ola de violencia. A pesar de las solicitudes del diario El Pa\u00eds, no respondieron a los requerimientos de comentario.<\/p>\n
Seg\u00fan Su\u00e1rez Carrera, la investigaci\u00f3n abierta tras el fracaso de las negociaciones, realizada con la participaci\u00f3n de representantes de la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente (Profepa) y de la Secretar\u00eda de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), revel\u00f3 dos d\u00e9cadas de da\u00f1os a la salud p\u00fablica y al medio ambiente. Equinox Gold deber\u00e1 responder por ello, decida o no continuar con sus actividades mineras.<\/p>\n
Los habitantes se preguntan: pese a la acumulaci\u00f3n de pruebas y al cierre de la mina ordenado por la Profepa, \u00bfpor qu\u00e9 la empresa a\u00fan no ha sido responsabilizada? Miguel \u00c1ngel Mijangos ofrece una respuesta directa. Consejero de la comunidad en la ONG Procesos Integrales para la Autodeterminaci\u00f3n de los Pueblos (PIAP) e involucrado en el caso de Carrizalillo desde sus inicios, denuncia un sistema fallido: \u201cEn M\u00e9xico tenemos m\u00e1s leyes para proteger a las ardillas que a los humanos. No existe ning\u00fan mecanismo para atribuir a las empresas la responsabilidad de los da\u00f1os a la salud\u201d. Seg\u00fan \u00e9l, el problema radica en la fragmentaci\u00f3n institucional, incapaz de adoptar un enfoque coherente para evaluar los impactos, y en la falta de un marco legal s\u00f3lido que proteja a las poblaciones afectadas por actividades industriales.<\/p>\n
\u201cNos enfrentamos a una empresa que contamina, viola la ley agraria, atropella los derechos humanos y no respeta las leyes mexicanas. Nuestro objetivo es dialogar y negociar con ella, no obligarla a devolver las tierras que ocupa ilegalmente\u201d, declara. Su\u00e1rez, por su parte, confirma que la empresa suspendi\u00f3 sus actividades el 1 de abril de 2025 y mantiene desde entonces una situaci\u00f3n \u201cirregular e ilegal\u201d, neg\u00e1ndose a aceptar las condiciones de reanudaci\u00f3n o a realizar los tr\u00e1mites de cierre previstos por la ley.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el procurador agrario confirma las denuncias presentadas durante meses por la comunidad en los boletines de la Red Mexicana de Afectados por la Miner\u00eda (REMA) y en la prensa local de Guerrero. Se\u00f1ala actos de violencia y coerci\u00f3n atribuidos a Armando Fausto Ortega G\u00f3mez, vicepresidente senior de Equinox Gold, y a Hugo Vergara, antiguo responsable de responsabilidad social.<\/p>\n
El ejido, forma de propiedad colectiva de la tierra, ha documentado una serie de agresiones, intentos de criminalizaci\u00f3n y amenazas. Su\u00e1rez Carrera respalda estas acusaciones, afirmando que la empresa recurri\u00f3 a presiones extralegales, llegando incluso a asociar p\u00fablicamente a algunos miembros de la comunidad con el crimen organizado. Seg\u00fan \u00e9l, la compa\u00f1\u00eda nunca busc\u00f3 negociar realmente, y el papel de Fausto y Vergara contribuy\u00f3 a aumentar la inestabilidad en la regi\u00f3n.<\/p>\n
En varias ocasiones, el ejido ha solicitado un cambio de representante y la destituci\u00f3n de Hugo Vergara, quien finalmente dej\u00f3 su cargo hace dos semanas, sin que la empresa explicara las razones.<\/p>\n
El diario El Pa\u00eds solicit\u00f3 una entrevista con Equinox Gold, pero solo recibi\u00f3 una respuesta escrita de Georgina Blanco, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible. En su correo, afirma que la empresa mantiene confianza en el resultado del proceso de di\u00e1logo iniciado con diversas partes desde diciembre de 2025. Tambi\u00e9n sostiene que la propuesta de la compa\u00f1\u00eda ser\u00eda \u201cla m\u00e1s alta en la historia del sector minero en M\u00e9xico\u201d, precisando que superar\u00eda quince veces el precio promedio por hect\u00e1rea en la industria.<\/p>\n
Sin embargo, el ejido y el procurador agrario presentan una versi\u00f3n muy diferente. Seg\u00fan ellos, la empresa minera no pag\u00f3 los montos debidos el a\u00f1o anterior y propuso, en el nuevo acuerdo, una reducci\u00f3n del 63\u202f%, medida considerada regresiva. El expediente n.\u00ba 408\/2025 del Tribunal Agrario Unitario del 12\u00ba distrito menciona un \u201calquiler mensual por hect\u00e1rea\u201d de 191\u202f965 pesos mexicanos, a repartir entre 121 miembros del ejido, es decir, menos de dos pesos por persona al mes. El documento califica esta cifra de \u201crid\u00edcula, incluso absurda\u201d y considera que contraviene derechos fundamentales. Esta situaci\u00f3n contrasta fuertemente con los resultados de la empresa, que en su informe trimestral de noviembre de 2025 anunci\u00f3 una producci\u00f3n r\u00e9cord de 236\u202f382 onzas.<\/p>\n
Desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, la comunidad de Carrizalillo realiza su cuarto plant\u00f3n para denunciar la violencia vinculada a la explotaci\u00f3n minera. Su demanda es clara: hacer cumplir la ley. Si la empresa se retira, debe asumir sus obligaciones, incluida la descontaminaci\u00f3n del sitio, el pago de indemnizaciones y la implementaci\u00f3n de un programa de cierre. Sin embargo, pese a contar con elementos a su favor, el desenlace de esta movilizaci\u00f3n sigue siendo incierto.<\/p>\n
Cristina*, miembro del ejido de Carrizalillo, espera que este caso se convierta en un precedente a nivel nacional, revelando las fallas del marco legal y contribuyendo a proteger mejor los derechos de las comunidades frente a las empresas. Esta perspectiva es especialmente crucial, dado que el secretario de Econom\u00eda, Marcelo Ebrard, anunci\u00f3 en noviembre pasado, durante la Convenci\u00f3n Minera Internacional, la reactivaci\u00f3n de la exploraci\u00f3n minera a gran escala, acompa\u00f1ada de medidas para acelerar la concesi\u00f3n de permisos y facilitar la inversi\u00f3n en el sector en M\u00e9xico.<\/p>\n
Traducido por Yohan Leclerc<\/p>\n