Art\u00edculo original redactado por Kate Doyle<\/p>\n
El tribunal federal de Ottawa finalmente decidi\u00f3 revocar la ciudadan\u00eda canadiense de un oficial militar guatemalteco que particip\u00f3 en una horrible y tristemente c\u00e9lebre masacre de cientos de civiles inocentes en 1982.<\/p>\n
El 5 de febrero, la decisi\u00f3n concluy\u00f3 que Jorge Vinicio Sosa Orantes, un ex subteniente y miembro de las fuerzas especiales Kaibiles, cometi\u00f3 cr\u00edmenes de lesa humanidad al participar en la masacre de hombres, mujeres y ni\u00f1os que viv\u00edan en el peque\u00f1o pueblo de Dos Erres, en el norte de Guatemala.<\/p>\n
Kate Doyle, de los Archivos Nacionales de Seguridad, testific\u00f3 como experta durante el juicio.<\/p>\n
Los Archivos publicaron las decisiones de la Corte y documentos estadounidenses y guatemaltecos utilizados como pruebas. El \u201cPlan de campa\u00f1a Victoria 82\u201d, documento clave del ej\u00e9rcito guatemalteco que estableci\u00f3 la estrategia de contrainsurgencia durante el a\u00f1o de la masacre de Dos Erres, se publica hoy por primera vez. Tambi\u00e9n se han divulgado cables de la embajada estadounidense en Guatemala, que, tras la masacre, responsabiliz\u00f3 al ej\u00e9rcito por los actos cometidos.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del juez Roger R. Lafreni\u00e8re constituye una victoria en la larga lucha relacionada con la masacre de Dos Erres. Representa una prueba de esperanza para los sobrevivientes y los defensores de los derechos humanos. Seg\u00fan el principio de jurisdicci\u00f3n universal, Canad\u00e1 puede procesar a otras personas por cr\u00edmenes internacionales, como el genocidio y los cr\u00edmenes de lesa humanidad. Sin embargo, el gobierno canadiense no ha ejercido este poder. En cambio, impuso sanciones administrativas a Jorge Sosa, impidi\u00e9ndole enfrentar los cargos por los cr\u00edmenes que cometi\u00f3.<\/p>\n
Uno de los sobrevivientes reaccion\u00f3 con desconfianza ante la decisi\u00f3n del tribunal.<\/p>\n
\u201cRamiro Osorio Cristales ten\u00eda cinco a\u00f1os cuando su familia fue asesinada en Dos Erres. Como refugiado en Canad\u00e1, testific\u00f3 en el juicio de Ottawa. Al anunciarse el veredicto, Osorio declar\u00f3 su decepci\u00f3n:<\/p>\n
\u2018Simplemente le quitar\u00e1n la ciudadan\u00eda y lo expulsar\u00e1n. No habr\u00e1 justicia. En realidad, casi no se ha hecho nada\u2026 Quer\u00edamos que respondiera por sus actos y que fuera juzgado por sus cr\u00edmenes\u2019\u201d.<\/p>\n
Ataque sistem\u00e1tico contra civiles en Guatemala<\/strong><\/p>\n La masacre de Dos Erres ocurri\u00f3 en el contexto de un \u201cataque generalizado y sistem\u00e1tico perpetrado por el ej\u00e9rcito guatemalteco contra la poblaci\u00f3n civil en los a\u00f1os 80\u201d, como se\u00f1ala el juez Lafreni\u00e8re en su decisi\u00f3n. Este conflicto interno se intensific\u00f3 en violencia durante m\u00e1s de cuatro d\u00e9cadas, de 1960 a 1996, cuando se firm\u00f3 un tratado de paz. La guerra enfrent\u00f3 al gobierno contra insurgencias armadas, movimientos sociales militantes y cualquier persona sospechosa de simpat\u00edas subversivas, incluidas comunidades enteras. Al final del conflicto, m\u00e1s de 200,000 guatemaltecos hab\u00edan muerto o desaparecido, y m\u00e1s de un mill\u00f3n de personas hab\u00edan sido desplazadas.<\/p>\n En 1999, una comisi\u00f3n de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas concluy\u00f3 que el 93 % de las violaciones de derechos humanos documentadas durante la guerra fueron cometidas por \u201clas fuerzas del Estado y grupos paramilitares afines\u201d. Seg\u00fan la comisi\u00f3n, el ej\u00e9rcito destruy\u00f3 aproximadamente 626 aldeas en operaciones que devastaron las regiones rurales de Guatemala, incluyendo Dos Erres.<\/p>\n El 6 de diciembre de 1982, una unidad de \u00e9lite de 40 soldados, dirigida por la unidad Kaibil, sali\u00f3 de su base militar hacia la peque\u00f1a comunidad agr\u00edcola de Dos Erres, que contaba con unos 300 habitantes y hab\u00eda sido identificada por el sistema de inteligencia guatemalteco como favorable a la insurgencia armada. El 7 de diciembre, soldados vestidos como gorilas entraron al pueblo, ocultando sus identidades. Fueron de casa en casa para reunir a las familias en el centro del pueblo. Ejecutaron a los hombres en una escuela y asesinaron a mujeres y ni\u00f1os en una iglesia. La matanza comenz\u00f3 cuando un soldado arroj\u00f3 a un ni\u00f1o a un pozo. Los Kaibiles torturaron a hombres, violaron a varias mujeres y ni\u00f1as antes de matarlas y arrojarlas al pozo. Para la noche del 7 de diciembre, hab\u00edan asesinado a la mayor\u00eda de los habitantes de Dos Erres, incluidos los ni\u00f1os.<\/p>\n Como describe la sentencia canadiense, la ma\u00f1ana del 8 de diciembre, cuando la patrulla se dispon\u00eda a partir, personas que no sospechaban nada llegaron a la aldea. Como el pozo ya estaba lleno, fueron llevadas a media hora de distancia y ejecutadas. Dos adolescentes, salvadas por la patrulla, fueron violadas repetidamente y luego estranguladas. Solo dos ni\u00f1os peque\u00f1os, uno de ellos de ojos claros, sobrevivieron. Cuando la patrulla dej\u00f3 Las Dos Erres, el pueblo fue borrado del mapa.<\/p>\n M\u00e1s de 250 personas perdieron la vida en esta masacre.<\/p>\n Los Kaibiles eran soldados entrenados en operaciones especiales de contrainsurgencia y contraterrorismo, tristemente c\u00e9lebres por su uso de la tortura y su brutalidad extrema. En la sentencia canadiense, Jorge Sosa Orantes fue identificado como instructor en la escuela Kaibil y \u201cuno de los oficiales que comand\u00f3 la operaci\u00f3n en Las Dos Erres\u201d. Bas\u00e1ndose en testimonios y otras pruebas presentadas en el juicio, el juez Lafreni\u00e8re concluy\u00f3 que Sosa asesin\u00f3 directamente a aldeanos, incit\u00f3 a sus subordinados a hacerlo y que sus actos formaban parte de un \u201cataque m\u00e1s amplio contra los civiles en Dos Erres y sus alrededores\u201d.<\/p>\n El historial fraudulento de Jorge Sosa Orantes<\/strong><\/p>\n Tras la masacre, el sargento Jorge Sosa continu\u00f3 ense\u00f1ando en la escuela Kaibil. Su expediente militar indica que su rol en este tr\u00e1gico evento no afect\u00f3 negativamente su carrera. Incluso fue ascendido a teniente y trasladado a la zona de conflicto militar de Quich\u00e9 en 1983, donde sirvi\u00f3 como comandante. En 1984, fue transferido a la Ciudad de Guatemala para trabajar en la academia militar (Escuela Polit\u00e9cnica).<\/p>\n Sosa desert\u00f3 del ej\u00e9rcito y se dirigi\u00f3 a Estados Unidos en 1985, donde solicit\u00f3 asilo pol\u00edtico, present\u00e1ndose como un antiguo soldado honorable amenazado de muerte por guerrilleros guatemaltecos. Tras el rechazo de su solicitud en Estados Unidos, acudi\u00f3 al consulado canadiense en San Francisco para obtener el estatus de refugiado y la residencia en Canad\u00e1. Este fracaso en Estados Unidos lo oblig\u00f3 a cambiar de estrategia. Como demostrar\u00edan m\u00e1s tarde los fiscales canadienses, Sosa se describi\u00f3 entonces como un \u201ctrabajador de f\u00e1brica desesperado\u201d que se uni\u00f3 a sus colegas para exigir mejores condiciones laborales. Tras el arresto de estos, Sosa declar\u00f3 a los agentes de inmigraci\u00f3n que se hab\u00eda visto obligado a huir de Guatemala con su familia \u201cpor temor a la persecuci\u00f3n pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n La estrategia funcion\u00f3. Sosa obtuvo una visa de residente permanente en Canad\u00e1 en 1988 y se convirti\u00f3 en ciudadano canadiense en 1992. Treinta y cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, el juez Lafreni\u00e8re utiliz\u00f3 las declaraciones fraudulentas de Sosa para revocar su ciudadan\u00eda, calificando al exmilitar guatemalteco de \u201cmentiroso empedernido\u201d.<\/p>\n Gracias a las acusaciones del gobierno canadiense contra Sosa Orantes, esta informaci\u00f3n se hizo p\u00fablica. Fue presentada por los ministros de Ciudadan\u00eda e Inmigraci\u00f3n y de Seguridad P\u00fablica y Protecci\u00f3n Civil. El Ministerio de Justicia canadiense decidi\u00f3 no procesar al guatemalteco en virtud de la Ley de Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad y Cr\u00edmenes de Guerra, una ley de 26 a\u00f1os que otorga a los fiscales canadienses poder de jurisdicci\u00f3n universal. El ministro de Justicia no anunci\u00f3 p\u00fablicamente su decisi\u00f3n, dejando dudas sobre los factores considerados y los ignorados. En 2016, las autoridades contactaron a agencias nacionales de seguridad para saber si aceptar\u00edamos participar como expertos en este caso, utilizando la v\u00eda de la Secci\u00f3n de Cr\u00edmenes de Lesa Humanidad y Cr\u00edmenes de Guerra del Ministerio de Justicia de Canad\u00e1.<\/p>\n Si la obtenci\u00f3n de la ciudadan\u00eda de Sosa depend\u00eda de la veracidad de la informaci\u00f3n proporcionada en sus entrevistas de inmigraci\u00f3n, un tribunal deb\u00eda determinar si exist\u00edan \u201cmotivos razonables para creer\u201d que Sosa hab\u00eda cometido el crimen m\u00e1s atroz contra los derechos humanos: genocidio, cr\u00edmenes de lesa humanidad o cr\u00edmenes de guerra. Esto incluye delitos criminales canadienses como \u201casesinato, exterminio, esclavitud, deportaci\u00f3n, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, persecuci\u00f3n o cualquier otro acto u omisi\u00f3n inhumana cometida contra una poblaci\u00f3n civil o un grupo identificable\u2026\u201d. El fiscal del Estado present\u00f3 este argumento ante la corte usando documentos como pruebas.<\/p>\n \u201cEn su decisi\u00f3n de 136 p\u00e1ginas, el juez Lafreni\u00e8re se bas\u00f3 en las pruebas presentadas para examinar los patrones de violencia cometidos por el ej\u00e9rcito guatemalteco contra civiles a principios de los a\u00f1os 80; la estrategia de contrainsurgencia del ej\u00e9rcito y la estructura y operaciones de las fuerzas especiales Kaibil; documentos desclasificados estadounidenses y guatemaltecos que muestran que la masacre de Dos Erres era consistente con otras atrocidades cometidas durante la guerra; y los resultados de las primeras exhumaciones en Dos Erres, realizadas en los a\u00f1os 90 por un equipo de antrop\u00f3logos forenses. La Corte escuch\u00f3 el testimonio de un exmiembro de los Kaibil y testigo de la masacre, quien describi\u00f3 las acciones del teniente Jorge Sosa Orantes, as\u00ed como los recuerdos de Ramiro Osorio Cristales, uno de los pocos sobrevivientes de la masacre, quien perdi\u00f3 a su padre, madre, hermanas y hermanos hace 44 a\u00f1os. El testimonio de Osorio fue mucho m\u00e1s que una simple enumeraci\u00f3n de horrores vividos. Como escribi\u00f3 el juez en su decisi\u00f3n:<\/p>\n Recuerda Las Dos Erres como un paisaje rural verde, habitado por una comunidad agr\u00edcola. Adem\u00e1s de las peque\u00f1as casas de madera, el pueblo contaba con una iglesia y una escuela. All\u00ed viv\u00eda con su madre, Petrona, su padre, V\u00edctor, y sus cinco hermanos. Recordaba que su hermana menor ten\u00eda aproximadamente dos meses al momento de la masacre.\u201d<\/p>\n En conclusi\u00f3n, el juez Lafreni\u00e8re determin\u00f3 que en diciembre de 1982, Jorge Vinicio Sosa Orantes particip\u00f3 en la atroz masacre durante la operaci\u00f3n de patrulla Kaibil en el pueblo de Las Dos Erres. Calific\u00f3 claramente la destrucci\u00f3n del pueblo y el asesinato de sus habitantes como cr\u00edmenes de lesa humanidad. Esta decisi\u00f3n hace que Sosa Orantes sea considerado inadmisible en Canad\u00e1 y sujeto a una medida de expulsi\u00f3n.<\/p>\n Sosa Orantes, a\u00fan impune, contin\u00faa benefici\u00e1ndose de protecci\u00f3n despu\u00e9s de cometer un terrible genocidio.<\/p>\n Entre expulsiones, extradiciones y ausencia<\/strong><\/p>\n Se desconoce actualmente el paradero de Jorge Sosa Orantes. Al no haber comparecido nunca ante el tribunal de Ottawa, fue juzgado en rebeld\u00eda. En su fallo, el juez Lafreni\u00e8re escribi\u00f3 que el ex Kaibil hab\u00eda declarado bajo juramento ante el tribunal que resid\u00eda en Alberta; sin embargo, posteriormente se revel\u00f3 que ni siquiera se encontraba en Canad\u00e1 en ese momento. (p. 117)<\/p>\n T\u00e9cnicamente, Sosa podr\u00eda ser arrestado por cr\u00edmenes contra la humanidad si se encontrara en el territorio nacional, pero esto es altamente improbable. Seg\u00fan la directora de ASF Canad\u00e1, el gobierno dedic\u00f3 m\u00e1s de diez a\u00f1os y recursos considerables a un caso de inmigraci\u00f3n y ciudadan\u00eda. Ser\u00eda dif\u00edcil imaginar que el ministro de Justicia considere un segundo arresto en virtud de la ley sobre cr\u00edmenes de guerra. Si Sosa permanece en el pa\u00eds, es posible que sea expulsado.<\/p>\n Esta situaci\u00f3n no ser\u00eda sin precedentes: de hecho, ya hab\u00eda sido expulsado hacia Estados Unidos en 2011. En 1980, se le hab\u00eda denegado el estatus de refugiado, pero en 2008 logr\u00f3 obtener la ciudadan\u00eda estadounidense gracias a su matrimonio. Despu\u00e9s de que las autoridades gubernamentales estadounidenses descubrieron que hab\u00eda mentido sobre su servicio militar en Guatemala, el Departamento de Justicia decidi\u00f3 acusarlo de fraude y expulsarlo del pa\u00eds.<\/p>\n En ese momento, otros dos pa\u00edses hab\u00edan presentado solicitudes de extradici\u00f3n. Una proven\u00eda de Espa\u00f1a, en el marco de un amplio caso de genocidio instruido ante la Audiencia Nacional espa\u00f1ola, que, al igual que Canad\u00e1, reconoc\u00eda la jurisdicci\u00f3n universal.[10] La otra proven\u00eda de Guatemala. En 2011, Guatemala hab\u00eda nombrado a una nueva fiscal general, Claudia Paz y Paz, dispuesta a procesar casos criminales hist\u00f3ricos relacionados con violaciones de los derechos humanos. El primer juicio contra los soldados acusados de la masacre de Dos Erres concluy\u00f3 el 2 de agosto de 2011 con la condena de cuatro ex Kaibiles: Daniel Mart\u00ednez, Manuel Pop Sun, Reyes Collin Golip y el teniente Carlos Antonio Carias. Cada uno fue condenado a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada habitante de Dos Erres asesinado (se identificaron 201 v\u00edctimas en este caso), lo que suma un total de 6.060 a\u00f1os, por asesinato y cr\u00edmenes contra la humanidad.<\/p>\n Canad\u00e1 podr\u00eda haber expulsado a Sosa Orantes a su pa\u00eds de origen para que fuera juzgado por la masacre de Dos Erres. Sin embargo, Canad\u00e1 decidi\u00f3 extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrent\u00f3 cargos de fraude, mucho menos graves que los actos que cometi\u00f3 en Guatemala. Condenado por fraude en California en 2014, Sosa Orantes pas\u00f3 cinco a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal estadounidense antes de regresar a Canad\u00e1 en 2020.<\/p>\n Tras la decisi\u00f3n del juez Lafreni\u00e8re, es muy probable que Sosa Orantes sea trasladado nuevamente, esta vez a Guatemala. Pero el panorama de la rendici\u00f3n de cuentas en este pa\u00eds centroamericano ha cambiado radicalmente desde 2011. La fiscal general Maria Consuelo Porras, en el cargo desde hace ocho a\u00f1os, ha debilitado progresivamente la capacidad del sistema judicial para procesar a antiguos miembros de las fuerzas armadas y de seguridad por violaciones de los derechos humanos. Porras ha desmantelado el equipo jur\u00eddico del Ministerio P\u00fablico encargado de investigar cr\u00edmenes contra la humanidad (Fiscal\u00eda de Derechos Humanos); ha intimidado, acosado y procesado penalmente a jueces que dictaron sentencias en juicios por violaciones de los derechos humanos; y jueces afines a ella han ordenado la liberaci\u00f3n de militares ya condenados por cr\u00edmenes contra la humanidad.[11]<\/p>\n De 2011 a 2018, los tribunales guatemaltecos llevaron a cabo tres juicios contra los presuntos autores de la masacre de Dos Erres. Estos juicios resultaron en la condena de seis ex soldados Kaibil. El 7 de noviembre de 2023, finalmente se celebr\u00f3 el primer juicio sobre esta masacre. Consuelo Porras se convirti\u00f3 en la abogada principal en este caso, donde defiende a tres militares, incluido Gilberto Jord\u00e1n. En 2010, fue acusado en Florida de mentir sobre su papel en la masacre durante su solicitud de ciudadan\u00eda, en relaci\u00f3n con sus acciones en los servicios militares en Guatemala. En el juicio, como indicaron los fiscales al juez, el ex Kaibil confes\u00f3 que arroj\u00f3 a un beb\u00e9 al pozo al inicio de la masacre y que llev\u00f3 a decenas de hombres, mujeres y ni\u00f1os para que fueran asesinados all\u00ed. Jord\u00e1n fue condenado a la pena m\u00e1xima por fraude de ciudadan\u00eda estadounidense y cumpli\u00f3 una d\u00e9cada en una prisi\u00f3n federal. En 2020, fue extraditado a Guatemala, donde fue absuelto, al igual que sus antiguos compa\u00f1eros de armas, Alfonso Bulux y Jos\u00e9 Mardoqueo Ortiz.<\/p>\n \u00ab En mayo, Mar\u00eda Consuelo Porras terminar\u00e1 su segundo y \u00faltimo mandato como fiscal general. Dejar\u00e1 atr\u00e1s un sistema judicial en ruinas y que seguir\u00e1 siendo abiertamente hostil a los procesos por violaciones de los derechos humanos en un futuro previsible. Si Canad\u00e1 expulsa a Jos\u00e9 Sosa Orantes a Guatemala, las probabilidades de su condena en ese pa\u00eds parecen ahora escasas \u00bb.<\/p>\n